Ante la incertidumbre de un posible colapso del sistema de salud porteño por el Covid-19, analizamos el regreso del proyecto de relocalización de hospitales públicos conocido como “Complejo Hospitalario Sur”. El Hospital Udaondo y el Hospital Ferrer en la mira
Lunes 25 de mayo de 2020 08:00
A más de dos meses de iniciado el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, muchos son los interrogantes abiertos en torno a los alcances y efectos de las medidas económicas y sanitarias que se están llevando a cabo frente a la pandemia de Covid-19. En CABA, Rodríguez Larreta muestra un alineamiento general con los gobiernos nacional y provincial en torno a ciertas medidas sanitarias que gozan de aceptación entre la población.
Sin embargo, al mismo tiempo promovió polémicas medidas de protección de adultos mayores, prepara políticas de ajuste de salarios públicos mediante la emergencia económica recientemente sancionada y en los últimos días tuvo que enfrentar los problemas de infraestructura (falta de agua) y el aumento de los contagios en las villas de la Ciudad.
Más allá de los análisis políticos de coyuntura, en esta nota proponemos hacer foco en la orientación que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta venía desarrollando sobre el sistema público de salud, previo a la pandemia; en particular, los hospitales de la Ciudad y su relación con el desarrollo urbano.
El Centro Cívico y el Complejo Hospitalario Sur
En un contexto de preocupación e incertidumbre ante un posible colapso del sistema de salud, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires y su Área Metropolitana, resulta interesante analizar algunos proyectos de reorganización y relocalización de una serie de hospitales públicos de la Ciudad que, hace por lo menos una década, se vienen barajando en la gestión PRO.
Sin contar con sólidos fundamentos sanitarios ni de desarrollo urbano, el objetivo más claro parece ser valorizar los predios que ocupan esos hospitales y, por esto, dicha política puede entenderse como parte de una estrategia general de avance del mercado inmobiliario sobre las tierras públicas de la Ciudad.
Como lúgubre melodía de fondo se encuentra el discurso “eficientista” neoliberal, para el cual lo público es una carga que podría ser aprovechada, de forma más eficiente (léase rentable) a través del mercado. Estos proyectos, frenados por el amplio rechazo popular y de los trabajadores y trabajadoras, han sido el “Centro Cívico”, en terrenos del actual Hospital Borda, y el “Complejo Hospitalario Sur”.
Este último tiene su origen hace tiempo, en 2010, cuando el entonces Jefe de Gobierno Mauricio Macri buscó trasladar al predio del Hospital de Enfermedades Infecciosas F. Muñiz, ubicado en el barrio de Parque Patricios, los hospitales María Ferrer y B. Udaondo, de rehabilitación respiratoria y gastroenterología, respectivamente.
A fines de 2017, Rodríguez Larreta retomó el proyecto, pero agregando el cierre y traslado de dos hospitales más: el Marie Curie, de oncología, y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP). De allí que el Proyecto “Complejo Hospitalario Sur” se hizo conocido como “5 en 1”.
El precio total de las tierras que se liberarían por el traslado de los cuatro hospitales, localizados en barrios de creciente o histórico interés para el mercado inmobiliario, se estimó en unos 125 millones de dólares. Como suele ser costumbre del GCBA, se buscó instalar el proyecto sin fundamentos, sin la debida presentación de informes y sin contemplar la participación de la población involucrada.
Durante 2018, el proyecto generó amplio rechazo por parte de los trabajadores de los hospitales involucrados y la población en general, que se expresó en asambleas y marchas, y fue duramente criticado por los bloques del Frente de Izquierda y Autodeterminación y Libertad en la Legislatura porteña. Este panorama llevó al GCBA a desestimar el proyecto en las condiciones en que había sido formulado hasta ese momento.
Un nuevo proyecto “Complejo Hospitalario Sur”
Sin embargo, a fines de enero de este año, antes de que la pandemia de Covid-19 se instalara como prioridad política, se dio a conocer que el GCBA estaba retomando el Proyecto “Complejo Hospitalario Sur” y con él la idea de reunir cinco hospitales en un único predio. Este nuevo “5 en 1” mantiene el cierre y traslado de los Hospitales Ferrer y Udaondo pero se afecta ahora a los 3 hospitales de salud mental, ubicados en el barrio de Barracas: el J. Borda, de hombres, el Braulio Moyano, de mujeres, y el Hospital Infanto Juvenil C. Tobar García.
La información que ha circulado sobre esta nueva versión del proyecto es muy escasa, y se presume que los predios que concentrarían los 5 hospitales serían los del Borda y el Moyano. Como fue previamente difundido por este mismo medio y por legisladores del FIT, el proyecto generó masivas asambleas que votaron estado de alerta y movilización y fue, una vez más, rápidamente rechazado.
Esta nueva versión del proyecto representa un serio ataque a las condiciones de tratamiento de la salud mental en la Ciudad y una nueva embestida contra los hospitales Borda y Moyano, frente al antecedente del fallido “Centro Cívico”. Aquella vez, en el año 2013, el GCBA buscaba trasladar la Jefatura de Gobierno y otras dependencias al predio del Hospital Borda, lo cual generó una profunda resistencia, que finalizó con la represión a internados y talleristas. Ante el fracaso del Centro Cívico en Barracas, el GCBA terminó alquilando el edificio del Banco Ciudad, ubicado frente al Parque de los Patricios, para montar allí la actual Jefatura de Gobierno.
Hospital Udaondo y Hospital Ferrer en la mira
La nueva versión del “5 en 1” sigue apuntando a la liberación de los predios del Hospital de Gastroenterología B. Udaondo, situado en Parque Patricios, y del Hospital de Rehabilitación Respiratoria (neumonología) María Ferrer, ubicado en Barracas, a cuatro cuadras del Parque Lezama. Este último caso, cobra más relevancia justamente en un contexto de pandemia generada por un virus respiratorio.
Al indagar sobre estos dos casos, resulta significativo observar la normativa urbanística de la Ciudad, que fue modificada en diciembre de 2018. En la zonificación del nuevo Código Urbanístico ambos hospitales aparecen como Equipamientos Especiales, pero, a diferencia del anterior Código de Planeamiento Urbano, el Hospital Udaondo aparece separado del Hospital Bonaparte, y el Hospital Ferrer figura escindido del Hospital Pedro Elizalde (ex Casa Cuna).
Es decir, estos hospitales están ahora zonificados como predios independientes con respecto a sendos hospitales contiguos, con los que conformaban equipamientos de salud mayores, en forma integral. Esta división catastral facilitaría, tratamiento legislativo mediante, la enajenación del dominio público de los predios en cuestión. Por otro lado, mientras el Hospital Ferrer está situado en un área de protección histórica, el Hospital Udaondo se encuentra sobre la Avenida Caseros, cuya altura máxima permitida pasó de 24 metros (8 o 9 pisos) a 31,2 metros (10 u 11 pisos), lo cual significa un mayor potencial inmobiliario y valorización del predio.
Hiperconcentración de pacientes en un solo predio
En términos territoriales, la liberación de los terrenos de los Hospitales Ferrer y Udaondo implica, por un lado, un reforzamiento de la política excluyente de renovación y desarrollo urbano de áreas estratégicas del sur de la Ciudad (Parque Patricios y Barracas). Concretamente, habilitar tierras estratégicamente localizadas para nuevos negocios inmobiliarios. Pero, por otro lado, se reproduce una vieja tendencia porteña, con raíces en el siglo XIX, de localizar en el sur los usos del suelo “molestos” o “no deseados” (mataderos, curtiembres, cárceles, nosocomios, hospicios). En este caso, el “5 en 1” implica, además, hiperconcentración de infraestructura y pacientes en un solo predio.
El “achique eficientista” de las instituciones y equipamientos públicos también se vio en Educación, en proyectos como el de la UniCABA, que implicaba el cierre de institutos de formación docente, para concentrar todo en un único predio. Estos ajustes institucionales tienen claros efectos territoriales. Por un lado, una regresión en la distribución y cobertura espacial de la salud y la educación públicas y, por el otro, la saturación de las zonas donde se concentrarían todos los equipamientos, saturación tanto en términos edilicios como de circulación, del transporte público, mayor flujo de tránsito, mayor afluencia de población y necesidades de consumo asociadas.
Reducción en la cantidad total de camas de internación
En términos sanitarios y sociales, la centralización de cinco hospitales en un solo predio implica una reducción en la cantidad total de camas de internación (según el proyecto de 2018, habría solo 500 para los 5 hospitales) y un ajuste en los planteles de trabajadores y profesionales de cada institución involucrada, generando una merma notable en su capacidad de prestar servicios a la población.
Proyectos de este tipo abren una serie de interrogantes, particularmente en este contexto de pandemia: ¿en qué condiciones quedaría el sistema de salud para responder ante una situación de este tipo en la Ciudad?, ¿es lo mismo tener hospitales especializados distribuidos en el territorio, que muchos concentrados en un mismo predio?, ¿cómo hacer frente a patologías como el Covid-19, si se avizora una reducción de las camas de internación?
La resistencia al Proyecto “Complejo Hospitalario Sur” y su fracaso en 2010 y en 2018 representan valiosos antecedentes de lucha por parte de la comunidad hospitalaria y la población en general para enfrentar un nuevo intento de “5 en 1” del GCBA, más aún en un contexto en el que los reclamos por una salud de calidad y en cantidad al servicio de las mayorías se hacen impostergables, al igual que las condiciones dignas y seguras de trabajo dentro del sector. Las contradicciones exacerbadas por el contexto actual deben ser un hito para terminar definitivamente con la “pandemia” de la especulación inmobiliaria, que atenta con sus proyectos y sus discursos contra la salud pública.
