Myriam Bregman denunció en Buenos Aires el espionaje a la familia de Santiago, y a organismos de DDHH por parte de funcionarios nacionales. Pero a instancias del fiscal Marijuan, la denuncia fue enviada al mismo juez que fue apartado por parcialidad en la causade la desaparición.
Sábado 24 de febrero de 2018 23:40
En los próximos días la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal deberá resolver la cuestión de competencia territorial planteada en la causa abierta tras la denuncia de la legisladora porteña Myriam Bregman y Matías Aufieri, ambos referentes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH). La denuncia presentada en octubre del pasado año, da cuenta del seguimiento e inteligencia ilegal practicada por distintos miembros de Gendarmería Nacional sobre Sergio Maldonado, su compañera Andrea Antico, y querellantes de la APDH como Julio Saquero y Mabel Sánchez.
La actividad denunciada salió a la luz en la propia investigación en torno a la desaparición de Santiago, donde quedaron en evidencia decenas de comunicaciones entre el Centro de Reunión de Información de Gendarmería Nacional (emplazado en la ciudad de Neuquén) y Fabián Méndez, jefe del Escuadrón de El Bolsón (Río Negro), en las cuales traficaban información de la actividad de los familiares, organismos, pobladores originarios y manifestantes que en todo el país reclamaban por la aparición de Santiago Maldonado.
Ese accionar se desarrolló mediante líneas de telefonía celular con asiento en Buenos Aires y abarcó distintas provincias del país, lo que contradice la disposición que arbitrariamente adoptó la justicia federal, a instancias del fiscal Guillermo Marijuan, para que la investigación de estos delitos quede a cargo del juzgado federal de Esquel, con un radio de intervención acotado a esa ciudad y unos pocos kilómetros a su alrededor. La gota que colmó el vaso, es que el encargado de investigar esa actividad, incluso facilitada por información filtrada desde su propio juzgado, sería el cuestionado Guido Otranto, quien fuera recusado y apartado de la investigación relativa a la desaparición de Santiago, dadas las numerosas irregularidades cometidas, y la parcialidad y prejuzgamiento que ese magistrado demostró durante los dos primeros y fundamentales meses de instrucción de la causa.
Gonzalo Cané, emisario del Ministerio de Seguridad de la Nación de Patricia Bullrich y que detenta el rótulo de Secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, entre otras maniobras para las que fue destinado al sur del país tras la desaparición de Santiago, se dedicaba a presentar escritos en la causa, solicitando que el peritaje de los celulares se limitara únicamente a la jornada del primero de agosto en que Santiago desapareció tras una brutal represión de Gendarmería sin orden judicial. De esa manera, Cané buscaba encubrir lo que luego saldría a la luz, el espionaje a los sectores que denunciaban al gobierno nacional tras la desaparición. Lo hacía bajo la sutileza de “ preservar el secreto y la confidencialidad que requiere la información concerniente a la seguridad interior”
La denuncia de Bregman y el CEPRODH, de la cual también es parte la abogada querellante en numerosos juicios contra los genocidas Liliana Mazea, fue presentada originalmente en el expediente que desde 2011 investiga el espionaje de Gendarmería Nacional denominado Proyecto X. El juez original de esa causa, Sebastián Casanello, determinó que estos nuevos hechos debían investigarse de manera separada por no guardar relación con aquellos de 2011, pero de todos modos debían continuar investigándose en la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires ya que se encuentran denunciados funcionarios nacionales del gobierno de Cambiemos. Sin embargo, Guillermo Marijuan (fiscal muy afín al gobierno nacional) instó al juez federal Daniel Rafecas a derivar la investigación a la justicia federal de Esquel.
Contra esa medida, apoyados en la prueba aportada, y en numerosos antecedentes judiciales, los denunciantes interpusieron el recurso de apelación que ya fue concedido para que la Cámara de Apelaciones determine finalmente qué juzgado deberá investigar el espionaje ilegal. Esta indeterminación ha redundado en que Sergio Maldonado se vea impedido por más de cuatro meses en presentarse a dar testimonio de los padecimientos sufridos por él y su familia. Los querellantes ya han adelantado que, en caso de prosperar la competencia del juez Guido Otranto, lo recusarán por sobrados motivos, que son de público conocimiento. Ahora aguardan la resolución que finalmente habilite el avance en la investigación de algunas de las tantas acciones cometidas desde el Estado contra los sectores que exigen verdad y justicia por Santiago desde el primero de agosto de 2017.
