Este jueves 7, la terrateniente María Elena Paggi volvió a cortar el acceso a la comunidad Nahuelpan. Otro ataque impune de terratenientes sobre el territorio mapuche.
Viernes 8 de abril de 2022 16:26
El año pasado informábamos de la prepotencia de una terrateniente de Esquel que cortó el camino de acceso a la comunidad Nahuelpan. La noticia se repite, gracias al vacío en materia de reconocimiento de la propiedad indígena y de la legislación vigente en la materia, como continuidad del despojo histórico que sufren las comunidades mapuche, jamás reparado.
Propiedad indigena Comunitaria: entre lo formal y lo concreto
Con una retroexcavadora y toda su prepotencia de terrateniente impune, María Elena Paggi excavó este jueves 7 de abril una zanja que impide el paso y erigió un nuevo cerco con postes en medio del mismo, esta vez un poco más lejos del anterior. "Ángel Quilaqueo, su esposa Catalina, hijos y nietos se encuentran si poder salir del campo, volvió a cerrar un camino ancestral, necesitamos las ayudas de las comunidades. En este momento se están haciendo las denuncias correspondientes" denuncia el comunicado dado a conocer por la Comunidad el día de ayer.
En marzo último se realizó una audiencia de apertura a prueba de la acción posesoria que entabla la comunidad Nahuelpan contra Paggi a raíz de que en abril del año pasado colocara una tranquera que impedía el acceso a la misma, además de excavar una zanja en el camino. La denunciada "desconoce a la comunidad, el camino comunitario vecinal y que ancestralmente ha sido transitado por las familias", dijo Sonia Ivanoff, abogada de la comunidad, en dialogo con el medio EQS noticias en aquel momento. "Se pide el reconocimiento de derechos a posesión y propiedad de comunidades indígenas, el derecho al camino comunitario" agregó la letrada.
Paggi es la heredera de la legua 9, una de las partes en que se dividió en 1937 el territorio original de la comunidad, reconocido en 1908 por el Estado nacional, para ser entregado a terratenientes locales y al ejército. Casualmente, cuando la comunidad fue expulsada en 1937, Pedro Memphis Paggi, abuelo de María Elena, era el juez de Paz de Esquel. Él y otros terratenientes fueron beneficiarios de este desalojo del que, en 1943, se devolvieron tres lotes a la comunidad, pero sólo a los herederos del Cacique Nahuelpan. El resto de la comunidad, que se había nucleado allí luego de la ocupación militar y de sucesivas expulsiones, continuó en la diáspora por los territorios cercanos.
Como si no fuera suficiente con sufrir el deterioro y contaminación de su territorio y agua por parte del basurero municipal instalado sin consulta previa en 2009 en inmediaciones de la comunidad, deben sufrir el permanente acoso de terratenientes como Paggi. Pero esto no sería posible sin el aval del Estado.
Chubut.Demuestran contaminación del agua y el suelo en la Comunidad Nahuelpan .
La comunidad, junto con otras de la provincia, ha iniciado acciones legales contra el decreto 112/21 de marzo de 2021 firmado por el gobernador Mariano Arcioni, por el cual se establece que el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento rural (IAC) sea la autoridad de aplicación en materia de tierras fiscales, por considerarlo inconstitucional. La medida cautelar presentada contra este decreto tuvo un fallo favorable en septiembre pasado, toda vez que constituye una norma que subvierte el reconocimiento de los territorios comunitarios establecido en la Constitución Provincial, sometiendo al IAC la conformación de un ente que realice el relevamiento de las comunidades existentes.
Sin la aplicación efectiva de la ley 26.160, las comunidades son consideradas “tierras fiscales” por parte de entes como el IAC o el departamento de tierras. Esta inexistencia oficial de sus territorios, abren el camino a especuladores de todo tipo que una vez concretada la ocupación de los predios, salen a pedir la regularización en el marco de una Justicia siempre favor de sus intereses. Lo saben terratenientes y especuladores como Paggi, lo saben las empresas mineras en Rio Negro, lo saben las petroleras: la “seguridad jurídica” que solicitan y reciben las “inversiones privadas”, se sustenta sobre la inseguridad jurídica en que viven las comunidades originarias. Así, avanzan en legalizar el “hecho consumado” del despojo originario.
