Ahora existe la jurisprudencia necesaria para que jueces y magistrados del país otorguen amparos para quienes busquen ejercer siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, transporte y consumo lúdico personal.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Miércoles 31 de octubre de 2018
Este miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor de los amparos 548/2018 y 547/2018 que, sumados a otros tres admitidos previamente, crean una jurisprudencia que podría apuntar hacia la despenalización del uso recreativo o lúdico de la marihuana en México.
En teoría, este fallo debería instruir a jueces y magistrados de todo el país para resolver conforme a los criterios de la Suprema Corte, que argumentan que artículos como el 235, 237, 245 y 248 de la Ley General de Salud, en su apartado sobre la marihuana, violan derechos humanos como el libre desarrollo de la personalidad o el derecho a la salud.
Entre los antecedentes de este fallo, podemos destacar los siguientes:
- El 4 de noviembre de 2015, la SCJN otorgó el amparo 237/2014 a cuatro integrantes de la asociación México Unido Contra la Delincuencia que solicitaron el recurso luego de haber sido rechazados por la Secretaría de Salud, a través de su Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)
- El 11 de abril de 2018 el abogado Ulrich Richter obtuvo un segundo amparo, el 1115/2017
- El 13 de junio de 2018 el tercer amparo, el 623/2017, benefició al entonces senador Armando Ríos Piter
Además, el 23 de agosto pasado la SCJN avaló el uso terapéutico de la marihuana en la Ciudad de México.
La resolución de la Corte abre, en lo inmediato, la posibilidad de obtener un amparo para consumo lúdico, así como para siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación de cannabis para consumo personal. Cabe señalar que es únicamente para quienes sean beneficiados por el amparo.
Aún hace falta que la SCJN emita una declaratoria de inconstitucionalidad de distintos artículos de la Ley General de Salud para que sea el Congreso de la Unión quien realice las modificaciones necesarias. Según explican activistas, llegados a ese punto, el Congreso tendría 90 días para hacer dichos cambios a partir de que sea notificado.
Este paso, importante para el debate vigente sobre la legalización, está lejos aún de ser definitorio. En primer lugar, porque la regulación debe venir del Congreso y no del poder judicial; en segundo, porque al tratarse de un "problema" al que el Estado mexicano le declaró la guerra en 2006, el tema de la legalización de la marihuana ha cobrado proporciones estructurales que requieren de más atención y voluntad política que la de ofrecer concesiones individuales o pretender que se resuelva por medio de una consulta, tal y como ha sugerido el equipo del presidente electo.
Y es que lo que está en juego no es menor. Mientras trasnacionales como Monsanto se frotan las manos para monopolizar la planta y las farmacéuticas ven en la legalización un negocio millonario, la juventud, que es la más afectada por su ilegalidad, no está contemplada en las declaraciones y debates al respecto. No es casual que resulte más "sencillo" destrabar el consumo medicinal, fácilmente capitalizable, que el lúdico, que requiere de políticas públicas integrales, mismas que de ninguna manera vendrán de la mano de quienes se benefician de la criminalización y la ilegalidad.
Para acabar efectivamente con el flagelo de la "guerra contra el narco" y la criminalización de la juventud no podemos confiar en las mismas instituciones que instrumentaron la militarización, y que son cómplices de la impunidad y la corrupción. Es necesario ganar en las calles la legalización de la marihuana y sus derivados, así como la libertad inmediata de los presos por ejercer el autocultivo.
