Al percatarse del "pinchazo" de su teléfono, el abogado presento un recurso de amparo, esto mientras era defensor de una causa mapuche, donde la misma Fiscalía había solicitado al Juzgado de Garantía de Temuco la interceptación de su teléfono
Jueves 8 de octubre de 2020
La Corte Suprema declaro ilegal la interceptación telefónica del abogado que en ese momento llevaba la defensa de una causa mapuche, en noviembre del año 2002, cuando la fiscalía solicitó al Juzgado de Garantía de Temuco intervenir el teléfono del abogado Pablo Ortega.
"La solicitud de interceptación telefónica del demandante fue hecha a sabiendas de que se trataba del abogado defensor de algunos de los imputados de la causa en que aquella se otorgaba, lo que no se hizo saber al tribunal (...) para obtener la autorización de escuchas telefónicas que por afectar al defensor suponía estándares más elevados", dice el dictamen de la Corte Suprema.
Por esto el Estado de Chile deberá pagar 30 millones de pesos al abogado.