ELECCIONES ANTICIPADAS. Estado español: llamado a la CUP y Anticapitalistas por una candidatura anticapitalista y de clase

La convocatoria de Pedro Sánchez a elecciones anticipadas es un hecho. Que este haya sido el gobierno más breve desde 1977 es un síntoma más de que el Régimen del 78 sigue transitando una crisis orgánica de difícil salida. El fracaso del Gobierno del PSOE -apoyado en el Parlamento por Unidos Podemos, el PNV y de forma más intermitente los independentistas catalanes- expresa el fracaso del proyecto de “regeneración democrática” y restauración en clave progresista del Régimen.

Si algo han demostrado estos nueve meses desde la moción de censura es que el contenido de dicha restauración no cuestionaba ni un ápice el mantenimiento de los pilares claves del Régimen heredero de la dictadura. En Catalunya los ofrecimientos de diálogo y los “gestos” de manos vacías -en los que no cabía no solo discutir el derecho a decidir, sino tampoco el fin de la represión- no han podido ocultar que el PSOE es ante todo un partido de la Corona y que ésta ya dictó sentencia el 3-O.

En la prometida reversión de las consecuencias de la crisis y las políticas de ajuste, el gobierno Sánchez se ha demostrado como un “vendedor de humo”. Los Presupuestos Generales, presentados como “los más sociales de la historia”, ni siquiera recuperaban el gasto social previo a los recortes y se encuadraban en los márgenes impuestos por Bruselas para garantizar el pago de la deuda. Pero al mismo tiempo, mantenían una clara continuidad con el Gobierno anterior, renunciando a derogar contrarreformas como la laboral o la de pensiones, o a tomar medidas serias contra la burbuja de los alquileres.

Las “guerras culturales” que se dispuso a abrir también se han mostrado como fuegos artificiales. Sobre memoria histórica, el PSOE es capaz de realizar homenajes a Azaña o incluso promover la exhumación de Franco -algo que está por verse si logrará- pero no cuestiona ni un milímetro el pacto de impunidad de la Transición, como demuestra su negativa a retirarle las medallas al torturador “Billy el niño”. O en materia de inmigración, la foto del recibimiento del Aquarius en julio, no oculta que ahora el Open Arms sigue secuestrado en Barcelona por el gobierno o que el ministro del Interior anunciaba hace unas semanas la apertura de nuevos CIEs, verdaderas cárceles para inmigrantes.

En todo este periplo Podemos e IU han decidido actuar como el principal socio del gobierno del PSOE. Las exigencias, desplantes como con el preacuerdo del Pacto de Toledo y hasta reveses parlamentarios, no han sido más que una impostura. Unidos Podemos no oculta -al contrario, defiende como eje de su política-, su aspiración a formar un gobierno de coalición con el PSOE. Un nuevo intento de formar un “gobierno progresista” detrás de un programa de regeneración superficial del Régimen y de algunas políticas que no suponen ni un incumplimiento con Bruselas y el pago de la deuda, ni menos aún con el legado de contrarreformas que este partido, en alternancia con el PP, han venido aprobando para hacer de la precariedad, los salarios de miseria y los servicios públicos infrafinanciados la norma.

La crisis abierta en Podemos por la ruptura de Iñigo Errejón para embarcarse en un nuevo proyecto reformista liberal con Manuela Carmena es el subproducto de esta cada vez mayor integración en el Régimen. El que fuera número dos de Pablo Iglesias es la versión sin complejos de la política a la que se viene jugando su formación desde, al menos, las elecciones de 2015: rebajar y rebajar el programa para favorecer amplios acuerdos “progresistas” y gobiernos de gestión del capitalismo como los que hemos visto en los llamados “ayuntamientos del cambio”.

Hoy no sólo quienes tuvimos una posición crítica desde el inicio hablamos del fin de ciclo del neorreformismo. Es cada vez más visible que Unidos Podemos ni se proponen ni son percibidos como una impugnación al Régimen, la “casta” o las políticas económicas en favor de los grandes capitalistas. Tras cinco años desde su irrupción, Podemos es una redición senil de la vieja IU de Llamazares y Cayo Lara, y en esa repetición farsante, la IU de Garzón les acompaña sin muchas diferencias. Tanto Montero, Iglesias como Garzón, o el mismo Errejón, coinciden en que tras las diferentes convocatorias electorales la clave será forjar gobiernos de coalición con los social-liberales.

La bancarrota del gobierno Sánchez y de Unidos Podemos es algo inseparable de la última novedad de la crisis del Régimen: la emergencia de Vox por la extrema derecha y la radicalización del PP y Ciudadanos. La desafección con el PSOE y con el rol de socio privilegiado del neorreformismo, se expresó en Andalucía con la importante subida de la abstención.

Vox nace como la versión más consecuente del “a por ellos” y la “democracia del 155”. Es por lo tanto un producto genuino del Régimen del 78, no un outsider. A su gestación han contribuido tanto el PP, Cs, la Corona o la Judicatura, como el mismo PSOE que fue parte de la aprobación del 155 contra el pueblo de Catalunya, comparte el estrado de la acusación en el juicio del procés con la Fiscalía y Vox, y, tan solo en diciembre, amenazaba de nuevo con volver a intervenir la autonomía catalana.

El engendro liderado por Abascal hace de su agenda contra las mujeres, los inmigrantes y la mano dura contra Catalunya, sus tres grandes banderas, detrás de las cuales hay también un programa económico neoliberal sin tapujos contra la clase trabajadora y los sectores populares. Un programa que encuentra quien le siga en la derecha. El PP de Casado le sigue a la zaga su curso de radicalización y la nueva “derecha cool” de Cs, aunque rechaza las cuestiones más casposas como el programa contra las mujeres -en beneficio de un reaccionario “feminismo liberal”-, está dispuesto a hacer la vista gorda para facilitar un posible gobierno como en Andalucía.

La posibilidad de un gobierno de las derechas está inscripta en la situación. Una hipótesis que plantearía sin duda un salto en la bonapartización del Régimen y un redoble de la ofensiva contra los derechos democráticos y sociales.

Contra este escenario hay sectores del establishment que vienen alentando una alternativa de reconstrucción del “centro político” por medio de un acuerdo entre el PSOE y CS. El principal temor de medios como El País, no es el retroceso social y democrático, sino que un gobierno de las derechas podría también generar resistencias y polarización por la izquierda.

En este cuadro quizá hasta terminasen de ser necesarios los votos o la abstención de Podemos, algo a lo que por el momento se han negado. Pero habría que ver si en esa situación se mantienen en dicha postura. No olvidemos que, tras las elecciones en Andalucía, el mismo Pablo Iglesias llamó a Cs a sumarse a un acuerdo de investidura para que Susana Díaz no perdiera la presidencia.

Sea como sea, no es una opción fácil, ni por los resultados que puedan obtener (si la suma llega) ni por la propia dinámica de competencia dentro de la derecha, que hace que Rivera deba mostrar a parte de su electorado que ni Casado ni Abascal son más “españolistas” que él.

Toda la campaña electoral será electrizada por el juicio farsa contra el independentismo catalán que se está desarrollando en el Tribunal Supremo. Un aberrante proceso que pone de nuevo en evidencia a todas las alas del Régimen del 78.

Una verdadera escenificación del búnker, representado en la Judicatura, el apoyo entusiasta de la Corona a las tesis de la acusación y el tripartito del 155 junto a su nueva criatura (Vox), encaminados con toda desfachatez a propiciar un salto en la represión del movimiento catalán y, por ende, un salto en los recortes de derechos y libertades elementales en todo el Estado.

Así, mientras el ala derecha y extrema derecha del Régimen del 78 busca resolver la “cuestión catalana” mediante una restauración en clave autoritaria y recentralizadora en toda regla, el neorreformismo manifiesta su impotencia y subordinación al PSOE -que en este punto es también parte del búnker-, criticando con la boca pequeña el proceso y la prisión preventiva, pero sin impugnarlo y menos aún sin llamar a una sola movilización.

Pero también el juicio contra el 1-O pone en evidencia que la lucha por el derecho de autodeterminación del pueblo catalán no podrá conquistarse de la mano de los representantes políticos de la burguesía y pequeña burguesía catalana. Con sus actos en el otoño de 2017, que sus testimonios vienen a confirmar uno tras otro, reivindican su negativa a promover una movilización social capaz de doblegar a un Estado enemigo de derechos democráticos elementales como el de la autodeterminación. Que el pueblo catalán deberá encontrar una vía independiente, basada en la movilización social, con la clase trabajadora al frente y en alianza con el resto del Estado, es una de las grandes lecciones que evidencia la farsa del juicio en el Supremo.

Por parte del neorreformismo, el PSOE y las voces que apuestan a la reconstrucción del centro, este escenario alienta una campaña contra la abstención del votante de izquierda. Descargan sus culpas y responsabilidades en los cientos de miles de jóvenes, trabajadores y trabajadoras, pensionistas, que han perdido toda confianza en las distintas partes que conforman la nueva pata izquierda del Régimen. Unas responsabilidades que hacen extensivas al movimiento democrático catalán. El auge de Vox es para ellos culpa de los independentistas y los abstencionistas de izquierda.

A estos potenciales abstencionistas apelan para que acepten que será imprescindible votar por el “mal menor”, que representarían los partidos que realizaron la moción de censura de junio. Nos condenan a conformarnos con el “mal menor” de tener presos políticos, más de 20.000 encausados por la Ley Mordaza, más de un 15% de paro, un 30% de precariedad, jubilarnos a los 67 y con pensiones cada vez menores, que el derecho a decidir quede proscrito bajo amenaza de otro 155, más CIEs, vallas y expulsiones en caliente. Porque ese ha sido, es y será el programa de un posible gobierno del PSOE.

La ilusión de que la política para enfrentar a la extrema derecha y las tendencias a la bonapartización del Régimen pasa por la alianza con el PSOE no sólo es un engaño, sino que justamente debilita la capacidad de la clase trabajadora, la juventud, el movimiento de mujeres y el resto de sectores en lucha para articular una alternativa que oponga un programa radicalmente de izquierda, sostenido mediante la lucha de clases y la autoorganización. Esta es la única vía tanto para frenar el ascenso de Vox, como el curso autoritario que encabezan hoy los jueces del Supremo y la Corona y conquistar una salida obrera y popular tanto a la crisis de Régimen como a las consecuencias de la crisis capitalista.

Qué izquierda es necesario construir

La crisis de Podemos en Madrid ha reabierto la discusión sobre qué izquierda hace falta. En la capital sectores críticos con Carmena aglutinados en La Bancada junto a Anticapitalistas y IU Madrid, están promoviendo la presentación de una candidatura propia. Anticapitalistas se separa así de la línea de Podemos, que sigue brindando su apoyo al proyecto de Carmena. Sin embargo, para el resto de los comicios, incluidas las generales, no presentan ninguna alternativa frente a la candidatura de Unidos Podemos. Anticapitalistas fue uno los principales promotores de Podemos desde su surgimiento y sigue siendo parte de esta organización hasta hoy, aun cuando en poco tiempo se convirtió en un instrumento de la gestión capitalista de las principales ciudades del Estado -desde los llamados “ayuntamientos del cambio”- y en la “pata izquierda” del Régimen mediante sus acuerdos con el PSOE. Para impulsar una alternativa al fracaso del neorreformismo, Anticapitalistas debería sacar lecciones de esta penosa experiencia y romper radicalmente con esa orientación.

En Catalunya, la CUP ha abierto el debate interno sobre la posibilidad de concurrir a las generales por primera vez desde la hipótesis de que la lucha por el derecho de autodeterminación elevada a un plano estatal puede ser una baza importante contra el Régimen del 78. Una propuesta que, de avanzar, supondría asumir en parte una de las lecciones de otoño de 2017: no habrá conquista de este derecho sin la alianza y lucha común junto a la clase trabajadora y los sectores populares del resto del Estado. Que esta alianza es la clave, y no la fallida con los partidos de la burguesía y pequeño burguesía catalana -el “procesisme”-, es todavía la lección pendiente de la izquierda independentista para ponerse a la cabeza de una reemergencia del movimiento democrático catalán desde una posición de independencia de clase.

Desde la CRT consideramos que tanto a Anticapitalistas como la CUP tienen la oportunidad y responsabilidad de impulsar una candidatura en todo el Estado que se proponga dar una expresión política de clase y anticapitalista a quienes han hecho una amarga experiencia con el neorreformismo o la dirección procesista catalana. Una candidatura que marque una clara independencia de Unidos Podemos y su programa de reeditar un acuerdo con el PSOE, como también con la dirección del procés que quiere subordinar el derecho a decidir a una negociación con el Estado español.

Nada impide avanzar en este sentido, sólo la decisión política. Está planteado impulsar una candidatura abierta a todos los sectores obreros en conflicto, del movimiento de mujeres, de la juventud antimonárquica, de quienes han tenido que enfrentar a los mismos ayuntamientos del cambio, sus políticas y promesas incumplidas, de los activistas del movimiento catalán que han roto con el “procesisme”. En definitiva, de todas y todos aquellos que estén buscando una alternativa anticapitalista y de clase para enfrentar al Régimen y la extrema derecha para hacerle pagar la crisis a los capitalistas.

Poner en pie una extrema izquierda sin complejos, que pelee por un programa radical contra este Régimen y los capitalistas, es la tarea del momento y por la que apostamos desde la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT). Una izquierda que defienda el derecho de autodeterminación, el fin de la Corona, de la impunidad, de las leyes liberticidas, la libertad de todos los presos políticos y encausados por luchar, el fin de todos los privilegios de la casta política, de la casta judicial patriarcal al servicio de la banca y la ofensiva represiva... y que a su vez combata por un programa para dar respuesta a los grandes problemas sociales que le haga pagar todos los costos a los grandes capitalistas. Que se proponga conquistar el reparto de horas de trabajo sin reducir el salario, la nacionalización bajo control obrero de las grandes empresas y la banca, la expropiación de todo el parque de viviendas en manos de la bancos y especuladores, el no pago de la deuda o los impuestos a las grandes fortunas para garantizar la financiación suficiente a los servicios públicos y pensiones dignas, entre otras medidas urgentes.

Un programa de este tipo no se podrá imponer jamás si no es por medio del desarrollo de una gran movilización social, con la clase trabajadora y sus métodos de lucha en el centro. Algo que implica también asumir la pelea contra la burocracia sindical que hoy divide y paraliza el movimiento obrero, como una tarea fundamental. Así como la vinculación y confluencia con el resto de sectores y movimientos, como el de mujeres, la juventud antimonárquica o el democrático catalán, en la perspectiva de conquistar un gobierno de y para la clase trabajadora.