Según reportó el semanario "Proceso", el gobierno de Donald Trump busca presionar a México para convertirse oficialmente en centro de detención de migrantes que busquen llegar a Estados Unidos.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Martes 22 de mayo de 2018
Foto: EFE
Pese a que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha negado la existencia de este tipo de conversaciones, este fin de semana se dio a conocer un documento oficial que dio cuenta de una reunión realizada el pasado 17 y 18 de mayo en Washington. En esta reunión se habrían llevado a cabo negociaciones para que México reciba y procese a migrantes que buscan asilo en Estados Unidos.
El documento titulado "Estados Unidos-México, tercer país seguro, reuniones técnicas y legales" habría sido abordado en esta reunión realizada en el Salón del Tratado de Ronald Reagan Building.
Según la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), el Tercer país seguro es uno "en donde un solicitante de asilo habría podido recibir protección como refugiado y donde ha estado físicamente presente antes de llegar al país donde busca asilo".
Esta conversación entre el gobierno estadounidense y mexicano, informaron medios como Proceso, buscaba acordar que México se convierta (oficialmente) en un centro de detención migratorio y de procesamiento de solicitudes de asilo para inmigrantes no mexicanos.
Según reporta Proceso, el gobierno de Donald Trump aprovechó para instruir a agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) sobre reglas y procedimientos para aplicar leyes migratorias estadounidenses en México.
Mientras tanto, como parte de los trabajos de la reunión del Grupo G-20, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se entrevistó con John J. Sullivan, subsecretario de Estado de Estados Unidos.
Según informó la SRE a través de un comunicado, esta reunión dialogó sobre el estado de la relación bilateral y definió seguir trabajando "en un marco de respeto mutuo y cooperación entre ambos países", esto luego de la polémica desatada por Donald Trump al decir que quienes cruzan la frontera de manera ilegal "son animales". Sin embargo, al ser cuestionado por la prensa sobre la posibilidad de un acuerdo, Videgaray aseguró que "no hay condiciones para hablar de nuevos mecanismos de cooperación".
Si bien la discusión sobre el papel de México en el plan antiinmigrante de Donald Trump no es nueva ni exclusiva de su administración (ya el gobierno de Barack Obama había dejado entrever intenciones similares), sí ha tomado fuerza tras el arribo a su frontera sur de la caravana migrante, conformada por cientos de trabajadores internacionales centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza que azota la región.
Ante el paso de la Caravana por territorio nacional, las autoridades migratorias mexicanas ofrecieron permisos temporales "de paso", alegando que los migrantes no tenían ninguna obligación legal de solicitar asilo en México para transitar a través de él.
Así, ante la oleada de solicitudes de asilo a Estados Unidos, hubo declaraciones como las de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, quien dijo que los migrantes "mejor deberían buscar protección en México". Por su cuenta, legisladores republicanos en la Cámara de Representantes han propuesto iniciativas para imponer una ley que permita a Estados Unidos deportar a México a solicitantes de asilo centroamericanos sin necesidad de llegar a un acuerdo binacional.
Las declaraciones de Nielsen vinieron acompañadas de iniciativas como las de la reunión expuesta por Proceso y otros medios. Buscando legalizar el rechazo a los solicitantes de asilo, el gobierno de los Estados Unidos ha emprendido una nueva ofensiva para presionar a México a fungir, tal y como es por la vía de los hechos, como gran contenedor de los miles de migrantes que todos los años buscan llegar al "sueño americano".
En 2016 casi 8 mil 800 personas solicitaron asilo en México. Siete veces más que en 2013. En los primeros ocho meses de 2017, la misma cantidad de personas habían ingresado solicitud.
El acuerdo de "tercer país seguro" que quiere imponer Estados Unidos, además de permitirle rechazar a la mayoría de solicitantes de asilo, obligaría a miles de migrantes a pedir refugio a autoridades mexicanas.
Se trata de un acuerdo similar al que el gigante del norte tiene con Canadá y para el que el sistema de asilo en México, según activistas y defensores de los derechos humanos citados por The New York Times, no está preparado. Por el contrario, señalan mayores peligros para los migrantes en México, dada la crisis de legitimidad de las instituciones y los altos índices de violencia e impunidad.
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La subordinación de México a los dictados de la Casa Blanca no es nueva. Ya desde 2014 el gobierno de Enrique Peña Nieto implementó, tras una reunión con el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el Plan Frontera Sur. Desde la aplicación de este plan, México ha deportado centroamericanos de forma masiva y ha bloqueado rutas de paso migrante, lo que ha propiciado que, desesperadas, miles de personas busquen nuevos caminos, exponiéndose a grupos de crimen organizado que, tal y como confirmó la masacre de San Fernando, han sacado provecho de la situación de indefensión a que se encuentran expuestos miles de trabajadores internacionales en su camino hacia Estados Unidos.
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