La denuncia del titular del PAMI sobre una megaestafa producida por el kirchnerismo le sirve al gobierno para ocultar su verdadero plan para la salud pública. Sin un responsable claro se abre una pelea para sacar una tajada.
Viernes 5 de febrero de 2016
Foto: Noticias Urbanas
El día de ayer todos los medios se hicieron eco de la denuncia realizada por el titular del PAMI, Carlos Regazzoni, acerca de una estafa producida desde 2013 que habría costado $ 500 millones al año, por la cual se ordenó ejecutar una auditoria.
En una conferencia de prensa el funcionario detalló que desde ese año una red conformada por médicos, farmacéuticos y funcionarios del organismo público compraba medicamentos utilizando datos de unos 7.500 afiliados fallecidos.
"Ya hicimos una denuncia penal y se están preparando otras conforme van apareciendo diferentes datos de esta auditoría", informó Regazzoni. En diálogo con Radio 10 y en relación a la existencia de complicidades internas señaló que no le cabe "ninguna duda, primero está el tema de levantar los controles teniendo advertencias, porque la institución había sido advertida varias veces de estos desvíos por diferentes entidades farmacéuticas, con lo cual se sabía que había desvíos que eran inaceptables".
Agregó que el PAMI no puede dar "un mejor servicio que llegue a todos los afiliados si no se recompone su situación económica, y eso pasa en gran medida por controlar las actividades espurias que tienen que ver con corrupción, falta de control, con no advertir los datos que estaban a la vista". De este modo, dijo, el PAMI va "a poder generar los fondos para recomponer la deuda, para que los prestadores recompongan su situación financiera y que los afiliados tengan mejores turnos y más acceso a medicamentos de primera necesidad".
La “herencia”, según Regazzoni, comprendía "delegaciones de diferentes partes del país con cientos de sillas de ruedas y camas ortopédicas nuevas sin usar, en galpones”. Detalló que "había un médico que prescribía 39.000 recetas por año, que es imposible", y que "en 2013 varios profesionales advirtieron que se habían falsificado sus firmas para hacer recetas que ellos nunca habían hecho".
A su vez, relató casos que fueron descubiertos, según dijo, cuando comenzaron a analizar el consumo de medicamentos y encontraron "irregularidades, como el caso de una mujer de más de 80 años que aparecía que había comprado 33 remedios distintos en 19 farmacias en 4 provincias en un mes por más de 50 mil pesos".
"También -continuó- analizamos algunos consumos y vimos que había pacientes que después de dos o tres meses de fallecidos empezaban a consumir medicamentos completamente distintos a los anteriores, que se usaban sus nombres para prescribir fármacos que no habían utilizado antes, por cifras millonarias".
Haz lo que yo digo pero no lo yo hago
Bajo un discurso "anticorrupción", que fue uno de los ejes de campaña de Cambiemos, el gobierno denuncia el fraude cometido en el PAMI pero sin decir claramente siquiera quiénes habrían sido los beneficiarios de semejante estafa.
Sin embargo lejos está de interesar a Macri y sus funcionarios la salud de miles de jubilados y pensionados que desde hace años sufren la decadencia de un sistema que cada vez los cubre menos, mientras los somete a una infinidad de trámites burocráticos.
El plan de Macri para la salud ya se ha podido ver a lo largo de su gestión en la ciudad de Buenos Aires, e incluye el desfinanciamiento y la precarización laboral del personal de la salud.
A pocos días de haber asumido Macri modificó el Decreto N° 357/2002 que reglamentaba la ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
Bajo un discurso de “gastos irracionales” que abona el achicamiento del Estado decidió finalizar de esta forma con el expendio de anticonceptivos y preservativos, así como de la atención de emergencia a zonas afectadas por desastres naturales. El cierre del programa se da de la mano del despido de trabajadores que lo llevaban adelante. Como manifestó el legislador porteño del PTS/FIT Patricio del Corro, eso es “la continuidad de lo que Macri inició cuando fue jefe de Gobierno porteño, cerrando el programa para víctimas de delitos sexuales”.
La ausencia en la denuncia de un responsable claro de la estafa hace sospechar que, lejos de querer avanzar en un mejoramiento del sistema de salud pública, el macrismo busca sacar una tajada de un muy factible entramado de corrupción kirchnerista.
Lo que resta por ver es adonde piensa llevar el macrismo los $500 millones “recuperados”.
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Redacción
Redacción central La Izquierda Diario