Desde hace algunas semanas se instaló con todo el debate y preparación a la vuelta de clases presenciales en las universidades del país. En esa misma línea en Arica la Universidad de Tarapacá se prepara para el retorno a la presencialidad, pero ¿Están garantizadas las medidas necesarias para estudiantes y funcionarios?
Domingo 8 de agosto de 2021
Como parte de la misma línea que han tenido desde el Gobierno a través del Ministro de Educación, Raul Figueroa, quien ha insistido para que los colegios vuelvan a clases presenciales. Ahora buscan que las universidades abran sus casas de estudios para que retornen los estudiantes universitarios.
Luego de que la Superintendencia de Educación Superior (SES) oficiara a las casas de estudio la vuelta a la presencialidad, para presionar la apertura y con esto forzarlas a retomar las actividades.
Las instituciones se han ido preparando para comenzar a recibir en sus aulas a los estudiantes de manera desprolija y poco transparente considerando que si es que las instituciones estuvieran en condiciones de retornar y no lo hicieran, la SES podría instruir los procedimientos sancionatorios y aplicar lo que la ley establece.
Esto se desarrolla mientras algunas entidades aún debatían el tipo de modalidad que se utilizaría en el segundo semestre y sin embargo han debido comenzar a trabajar en el retorno a la presencialidad de forma urgente.
En esa situación se encuentra actualmente la Universidad de Tarapacá de Arica, ya que las autoridades aún no han dado ninguna información oficial, pero ya es un hecho que los estudiantes volverán a asistir a la casa de estudio, en los diferentes grados de presencialidad según la disposición de la infraestructura. Lo que aplica también para académicos y funcionarios, sin aun definir las condiciones mínimas en las cuales se daría este retorno.
Si bien la realidad de los colegios y universidades es diferente en cuanto a infraestructura, esto nos hace pensar si realmente se podrá implantar un plan de retorno a mayor escala, asegurando todas las condiciones para la comunidad universitaria que son mucho mayores.
En este mismo sentido cabe la duda si se asegurará las condiciones de las y los trabajadores. Situación que preocupa ya que hoy, cuando aún no retorna el 100% de los funcionarios a la presencialidad no se entregan las medidas de seguridad mínimas para trabajar con mascarilla, alcohol gel, protector facial y todo lo necesario para desempeñar sus labores diarias. Mientras los aranceles están por los cielos y las autoridades ganan sueldos millonarios, no hay recursos para garantizar la salud y vida de nadie.
Entendiendo que para las y los estudiantes es importante volver a contar con los espacios educativos que posee la universidad como biblioteca, salas de estudio, espacios deportivos, etc. Sobre todos los que han presentado problemas de conectividad en sus hogares y que tampoco se les ha garantizado que puedan asistir a clases. Esto, pese al contexto de crisis sanitaria y todo lo que ha implicado para las familias trabajadoras.
Considerando esta situación, lo que se pone en cuestión no es el retorno presencial a clases, si no cómo hacerlo y quienes deciden sobre esto. Que básicamente son las autoridades, con Emilio Rodríguez a la cabeza, Rector de la UTA, quien entre cuatro paredes está planificando cómo llevar a cabo la vuelta a la presencialidad. Sin considerar la situación de las y los trabajadores, según sus condiciones y funciones.
Tales como los funcionarios que realizan trabajo administrativo y que deben compartir un mismo espacio y además deben realizar atención de público. Las y los auxiliares de aseo que tendrán una mayor carga laboral, ya que serán los encargados de limpiar y desinfectar las salas y laboratorios que se utilicen. Los académicos por su parte tendrán que sacar adelante el segundo semestre de forma híbrida, aumentando aún más el agobio laboral.
Hoy es urgente que tanto como la APROUTA, AFUT y los centros de estudiantes llamen a asambleas de base y democráticas, donde se abra el espacio para discutir la vuelta a la presencialidad y exigir que se cumplan las medidas necesarias de seguridad para toda la comunidad universitaria. ¡Porque recursos hay, aunque el rector diga lo contrario!
Se debe garantizar las medidas de infraestructura, de implementos tecnológicos y sanitarios, la vacunación inmediata de toda la comunidad universitaria y también las condiciones laborales, sin agobio, con prohibición de los despidos y respetando las horas de trabajo de funcionarios y académicos.
Para que esto ocurra y asegurar que las medidas se implementen para el bienestar del conjunto de la comunidad universitaria, deben ser estudiantes, académicos y funcionarios quienes decidan sobre el protocolo y el plan de retorno a clases presenciales a través de comités sanitarios donde puedan discutir abiertamente las medidas necesarias y también que pueda enfrentar el problema del agobio laboral y académico que viven estudiantes y funcionarios.
Ante esto también surge la necesidad de volver a levantar la demanda por democratizar la universidad, mediante un Cogobierno Triestamental que tome las decisiones sobre distintos aspectos de la universidad como las extenuantes jornadas laborales o la carga académica de las mallas curriculares, y la elección universal de las autoridades, es decir, donde cada miembro de la comunidad tenga un voto que valga lo mismo, para que no sigan decidiendo los mismos de siempre. Así como por una educación 100% gratuita y financiada integralmente por el estado, que sea laica y no sexista, sin subcontrato y con paso a planta de todas las y los trabajadores.
