DIÁLOGO SOCIAL. Estancada la mesa de CCOO, UGT y CEOE ¿Es la vía para recuperar lo perdido?

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Tras los acuerdos con la patronal firmados para el período 2011-2015 – el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva- las direcciones sindicales de CCOO y UGT asumieron de facto el hecho de que los trabajadores deberían continuar siendo los “paganos” de la crisis. El principal instrumento acordado fue la devaluación salarial, dado que establecían tan solo una subida del 1% para 2015, del 1,5% para 2016 y que en 2017 la subida dependería de los resultados económicos que se produjeran.

Llegados a este año, ahora reclaman subidas salariales de entre el 1,8% y el 3%. Por el momento las negociaciones con la CEOE están estancadas. Producto de ello, ambas centrales convocaron recientemente una concentración de delegados ante las puertas de la patronal o varias manifestaciones en una mañana dominical, pero se niegan a plantear un plan de lucha a la altura de las circunstancias.

Lo que están pidiendo las direcciones CCOO y UGT continúa siendo absolutamente insuficiente, si tenemos en cuenta que para 2017 se espera una inflación de al menos el 2%, con puntas incluso del 3%. De hecho el año ha comenzado con subidas del 3% durante enero y febrero. Además, el tipo de inflación que tenemos se caracteriza por fuertes subidas en productos y bienes tan sensibles como los energéticos (luz, gas, carburantes). Solo la electricidad se ha desbordado hasta alcanzar el 32% de incremento en enero. La electricidad, el agua y la vivienda suponen más del 30% del gasto medio por hogar.

Todo esto mientras, según las previsiones del mismo gobierno, durante este año se va a superar la marca simbólica del importe global del Producto Interior Bruto con el que se cerró 2008, superándose la cifra de los 1,128 billones de euros. Es decir que con menos horas de trabajadores y empleados que entonces, dado el nivel de desempleo actual del 18,4%, se alcanzarán cuotas productivas superiores y, en consecuencia, las empresas dispondrán de más beneficios.

Sin embargo, este “incremento de la riqueza” no va ir hacia los bolsillos de los trabajadores. Ni siquiera con la petición de subida de los sindicatos, ya que en el mejor de lo casos, es decir con el tramo superior de subida del 3%, solo se conseguiría no perder poder adquisitivo. Si la subida fuera con el tramo inferior, se podría hasta perder entre 1 punto y 1,5 puntos de poder de compra. Eso si la inflación no se disparara hasta cuotas más altas, algo para nada descartable.

Las nóminas de los trabajadores no solo no han regresado al equivalente del momento anterior a la crisis, sino que en el caso de los trabajadores que tienen menores ingresos han llegado a perder hasta un 27% de su poder de compra. Estos son los logros tan favorables a los intereses de los trabajadores que han obtenido las cúpulas sindicales de CCOO y UGT con los acuerdos alcanzados durante este período con la CEOE.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística el salario real cayó un 1,5% en los tres años que van de 2011 hasta 2014. Ese reparto de la mordida fue desigual, dado que los más desfavorecidos llegaron a perder un 27,6% de su poder de compra en esos años. Además, las mujeres, siguen cobrando entorno a un 25% menos que los hombres.

La patronal por el contrario se desmarca ofreciendo tan solo subidas máximas de entorno al 2% , siempre vinculadas a la productividad específica en cada empresa y sin fijar un suelo mínimo de subida, lo que puede deteriorar más aún los salarios más bajos, que son sobre todo los colectivos que más han sufrido la deflación salarial y la precarización.

Según palabras recogidas en una carta dirigida a los sindicatos, la CEOE pretende abrir otros aspectos de las relaciones laborales que de llevarse a cabo lesionarían también gravemente muchos derechos de los trabajadores que no han sido tocados por la reforma laboral de Rajoy.

Piden flexibilizar el uso de los contratos temporales y a tiempo parcial, es decir, el uso libre para el empresario y sin ninguna limitación ni causa que justifique esa modalidad de contratos. De modo que contratos estructurales puedan ser cubiertos con empleo temporal precario y todo ello avalado por las leyes laborales.

Por otra parte, exigen la reducción de las cotizaciones sociales independientemente de cual sea la coyuntura económica o la situación de la Seguridad Social, lo que podría agravar fuertemente el agujero de la misma, repercutiendo directamente sobre los recursos de los pensionistas actuales y futuros. Esto no es otra cosa que la reducción del denominado “salario diferido” de los trabajadores y por lo tanto un recorte más a nuestros más elementales derechos económicos.

Además, insisten en plantear la elaboración de una nueva ley de huelga mucho más restrictiva, claro está, con su tradicional interés en terminar con la acción de los piquetes de trabajadores, lo que imposibilitará prácticamente el éxito de cualquier huelga dada la presión empresarial en el interior de la empresa. Esa práctica realizada con descaro y sin ningún límite ni problema legal se basa en el fomento del miedo del trabajador a perder su puesto de trabajo, quedando así muy gravemente afectado el derecho de huelga.

Otra cuestión suscitada por la patronal es el incremento del poder unilateral de las mutuas, de las que son propietarios, para perseguir a los trabajadores que se encuentren de baja por enfermedad profesional o laboral; y también la reforma de los servicios públicos de empleo para intervenir directamente haciendo negocio empresarial con la búsqueda de empleo y la imposición de aceptar cualquier empleo, sean cuales fueran las condiciones, a cualquier trabajador aumentando la disponibilidad del “ejército de reserva” al servicio de la patronal para reducir los salarios de conjunto.

Las direcciones de CCOO y UGT, ante esta amenaza por escrito de la patronal, respondieron motrándose abiertas a incluir más asuntos que los meramente salariales. Es decir que en este punto no hay desavenencia entre las dos partes, como si las cúpulas de CCOO y UGT no supieran que cualquier reforma planteada en los terrenos que exige la patronal amenazan con ser nuevos frentes de cesión sindical y retrocesos en derechos fundamentales de los trabajadores.

Para plantarle cara a la patronal y al gobierno lo que deberían hacer CCOO y UGT es iniciar una campaña de movilizaciones y asambleas en los centros de trabajo para impulsar una convocatoria de huelga general que permita unificar y potenciar las luchas del conjunto de la clase trabajadora y derogar las reformas laborales de Zapatero y Rajoy; imponer el reparto del trabajo sin reducción salarial y llevar a cabo una política intensiva de creación de empleo público para terminar con el desempleo; finiquitar la precariedad y prohibir los despidos, entre otras medidas.

Esta es la hoja de ruta por la que tenemos que pelear y exigir a las direcciones de los grandes sindicato, a la vez que denunciamos todas estas negociaciones entre bambalinas y a espaldas de los trabajadores que sólo nos han traído retroceso tras retroceso. La izquierda social y política, junto a las organizaciones de la izquierda sindical, debemos hacerlo al mismo tiempo que promovemos las movilizaciones en la calle y los centros de trabajo, la unificación y la extensión de las luchas en curso rompiendo los límites que pueda establecer la burocracia sindical, y exigiendo también a quienes en el Parlamento hablan contra la precariedad o la pérdida de salario y derechos, como los diputados de Unidos Podemos, a que rompan su subordinación a la inacción de la burocracia sindical y pasen de las palabras a los hechos respecto a poner sus posiciones institucionales al servicio de desarrollar la movilización.

La vía propuesta por las direcciones sindicales, la negociación a puerta cerrada con la CEOE, ya sabemos a donde conduce. Urge retomar el camino de la organización y movilización obrera para echar atrás todo lo perdido en los años de crisis y poder avanzar sobre el modelo de precariedad laboral impuesto desde los años 90.