Derechos laborales. Esthela Damián, directora del DIF-CDMX, podría ir a la cárcel si no acata laudos

Diversos trabajadores y trabajadoras de las dependencias de la CDMX, agrupados en la Asamblea General de Trabajadores (AGT), al día de hoy tienen alrededor de 200 procesos legales por violaciones a sus derechos, principalmente porque las instituciones no les reconocen la relación laboral.

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Según la Ley Federal del Trabajo, el personal del Estado que no esté contratado como empleado de confianza, tiene derecho a la basificación al cumplir seis meses un día de trabajo. Sin embargo, en nuestros tiempos, los gobiernos implementan diversas formas de contratación que, violando la ley, simulan la relación laboral e imponen bajos salarios como son: nómina 8, honorarios, capítulo 3000, Galeno Salud, nómina 1, outsourcing, becarios, etc.

De esta manera, el Estado quita prestaciones, derecho a la salud, a la vivienda, a la jubilación, etc.; también doblega la subjetividad de las y los trabajadores, hay quienes asumen que no se puede hacer nada porque “así se aceptó el contrato” o los que no luchan por temor de ser despedidos dado el contrato inestable que tienen.

Con la incertidumbre de mantener el empleo y salarios hasta de 3 mil pesos mensuales, sin derecho a la salud ni derecho a maternidad, sin derecho a préstamos para la vivienda y jubilación, las y los trabajadores del Estado, a contracorriente, buscan los caminos para reconquistar derechos humanos y laborales plenos.

El calvario en las Juntas de Conciliación y Arbitraje

Recientemente, la AGT viene peleando para que el DIF-CDMX cumpla 11 laudos que los trabajadores ganaron, algunos datan de 2010, 2012, 2015 y los más recientes de 2016. Entre salarios caídos y otros montos, el DIF tiene que pagar un aproximado de 25 millones de pesos, además de cumplir con la reinstalación de los despedidos.

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Los despidos injustificados se dieron como represalia política del DIF-CDMX cuando se enteró de las demandas, por lo que a la demanda de basificación los trabajadores tuvieron que añadir la demanda por reinstalación.

En entrevista, Antulio Fernández, dirigente de la AGT, nos comenta diversos procesos legales que le ha tocado presenciar en sus años de lucha, desde que los laudos no salgan completos a favor del trabajador (por ejemplo, que se omita antigüedad) y el proceso se extienda hasta llegar a un nuevo acuerdo; hasta cuando los laudos ya están firmes, es decir, cuando ambas partes aceptan el acuerdo pero la autoridad no lo cumple.

Cuando ya están firmes los laudos y la autoridad no los acata, empiezan audiencias dos o cada tres meses. Las dependencias dicen tener disposición para hacer valer la ley, pero arguyen que no tienen dinero o no cuentan con la plaza que reclama el trabajador. Así, el proceso se estanca en un bucle varios años más.

Después, comienzan las “sanciones” contra la autoridad como las irrisorias multas de $1 MX (un peso en moneda nacional). Por su parte, las y los trabajadores tienen que recurrir a otros mecanismos legales para evitar la burla institucionalizada. Antulio nos da otros ejemplos de cuando han logrado embargar cuentas para hacer cumplir los montos dinerarios de los laudos:

“Te das cuenta que antes de ti hay 20 esperando el embargo. Y al final de cuentas te das cuenta que no hay dinero ya en esa cuenta, entonces tienes que buscar otra cuenta para embargar.”

Ahí no acaba el calvario, pues cuando la autoridad se entera del embargo, empiezan a vaciar las cuentas o, en otros casos, si en una cuenta por ejemplo hay un millón de pesos, pero hay una lista de espera que rebasa el monto, varios trabajadores se quedan sin su pago.

Las autoridades -nos dice Antulio- usan argucias legaloides para soslayar los laudos y a su vez no caer en desacato, es decir, están dentro de la Ley. Así, el Estado de Derecho se desnuda como un organismo que beneficia sistemáticamente los intereses de patronales y gobierno, realidad que las corrientes liberales no han querido reconocer por más de un siglo, invistiendo al Estado en supuestos teóricos ilusorios de lo que debería de ser, pero no es.

El desacato del DIF-CDMX

Los laudos contra el DIF-CDMX ya agotaron los caminos legales para su cumplimiento, sin que el PRD -en su momento- o Morena dieran solución.

Antulio nos dice que el paso siguiente es un arresto administrativo para la directora del DIF, Esthela Damián Peralta, en caso de no cumplir la reinstalación acordada en tres laudos, aunque sabe que existen artimañas para evitar este tipo de sanciones, como se lo hicieron saber en una reunión a Martha Guadalupe Arellano Jasso, secretaria general de asuntos individuales en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la CDMX:

Nosotros conocemos las chicanas de los actuarios, lo que le estamos pidiendo ahorita en esta mesa es que la notificación sea personal para la directora general. Si ustedes notifican este acuerdo al apoderado, va a tener la salida para que no la metan a la cárcel, ¡no! Que ella esté enterada de que, si no cumple con el laudo del 23 de noviembre, el Ministerio Público la va a tener que arrestar cinco horas, la va ir a traer con la policía y la va a llevar a la cárcel.

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A Arellano Jasso, la exigencia de este cumplimiento no le pareció. La “alternativa” para que la disposición se cumpla consiste en andar vigilando al actuario -refiere Antulio-, quien pudiendo mandar las notificaciones en un tiempo razonable, no lo hace, o lo hace un día antes, sabiendo que al menos tiene que hacerlo con 72 horas de anticipación para que proceda.

Desde la Campaña Queremos Trabajo Digno, exigimos el cumplimiento de los laudos, también hacemos un llamado a las y los trabajadores estatales para luchar por nuestros derechos. Lucha que no puede tener un carácter meramente legal, fincada en la fantasía liberal de que una vez ganado un derecho en ley, este se cumplirá en automático. Ilusionar así a la clase trabajadora, sólo conduce a la desorganización política. Necesitamos un gran movimiento en las calles para hacer valer nuestros derechos.