Universidades. Estos son los aspectos más reaccionarios de la Ley Castells y por qué debemos frenarla

Al frente de esta reforma se encuentra el ministro de Universidades Manuel Castells. Recordemos que los años de lucha estudiantil contra el Plan Bolonia encontraron a Castells apoyando su aplicación, en contra de la gratuidad de la universidad y aconsejando aumentar el precio de las matrículas, abogando por una mayor participación de las empresas o considerando demagógica la elección de los rectores por parte de la comunidad universitaria, proponiendo en su lugar que estos fueran elegidos por “patronatos de personalidades independientes nombrados por quienes aportan los recursos”. Varias de estas ideas que Castells defendía hace 14 años las encontraremos en su actual proyecto de ley.

El Plan Bolonia supuso la consolidación de un modelo que expulsaba a decenas de miles de estudiantes de clase trabajadora al tiempo que abría las puertas a la injerencia absoluta de las grandes empresas en los asuntos de la universidad. Un modelo que ya había sido adelantado en 2001 con la Ley Orgánica de Universidades (LOU) del PP de Aznar, que también generaría una amplio rechazo y movilizaciones estudiantiles y de docentes y trabajadores.

En ese sentido la LOSU no es más que la profundización del camino que inaugurara la LOU a la cual pretende sustituir. Muchos de los cambios que introduce suponen la elevación al rango de ley orgánica de normativas autonómicas que ya estaban en aplicación o que fracasaron antes de ser aprobados, como la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES) de Cristina Cifuentes.

Sin embargo, la ley Castells introduce también una serie de elementos “originales” y que son regresivos en relación a la anterior normativa. Elementos que justifican la condena, organización y lucha del movimiento estudiantil y del conjunto de la comunidad universitaria hasta frenar la ley. Conocer en detalle estas innovaciones es necesario para detectar los cantos de sirena y las medidas meramente cosméticas del discurso neoliberal progresista de Manuel Castells y el gobierno de coalición PSOE-UP. Veámoslas.

Aumenta el control de las empresas privadas a la universidad pública

Uno de los objetivos declarados de la ley es aumentar la interrelación entre las universidades y las empresas privadas, poniendo las primeras al servicio de las últimas, aumentando la dependencia de la universidad de la financiación privada e incrementando la participación de representantes empresariales en la toma de decisiones, entre otras medidas.

Así, la LOSU habilita toda una serie de mecanismos de financiación privada introduciendo los conceptos de “Patrocinio” y “Mecenazgo”, que transforman a las universidades en escaparates publicitarios de las empresas obligándolas a “colaborar en la publicidad del patrocinador”.

El incremento de la financiación propuesto del 1% del PIB a lo largo de los próximos diez años está lejos de revertir la década de recortes que supuso un descenso acumulado del 20% en la financiación desde 2009. La universidad seguirá dependiendo enormemente de la financiación privada y a cambio tendrá que publicitar el último plan de pensiones del BBVA o el lanzamiento de la colección otoño-invierno de El Corte Inglés.

La nueva ley refuerza también el control político de las universidades por parte de los intereses empresariales reforzando las atribuciones y representación institucional de los Consejos Sociales. Estos organismos, presentes en todas las universidades, integran a la casta académica de catedráticos, a la casta política, a burócratas sindicales y a representantes de organizaciones patronales como la CEOE y directivos de grandes multinacionales y bancos.

En ellos se aprueban los planes de gasto y financiación de las universidades -pudiendo imponer mecanismos de disciplina fiscal si se incurre en déficit-, las retribuciones extras a catedráticos e investigadores por “méritos”, los planes de estudio y calificación, los precios de las titulaciones.

Es decir, deciden qué estudiamos, qué investigamos, cuánto nos cuesta y cómo se reparten la financiación pública creándose cátedras y titulaciones dirigidas por catedráticos agradecidos y vinculados a grupos como INDITEX, BBVA, Santander, Villar Mir, Ferrovial, Iberdrola, etc.

La LOSU refuerza la representatividad de estos Consejos Sociales en el resto de órganos de gobierno universitario como el Consejo de Gobierno, pasando de pertenecer al mismo un máximo de tres miembros del Consejo Social a un mínimo de cinco, o el Consejo de Universidades donde ganan un representante. Además, los miembros de los Consejos Sociales pasan a ser elegidos exclusivamente por los parlamentos autonómicos, desvinculando a la comunidad universitaria de cualquier tipo de decisión.

Refuerza la figura del rector y reduce la “democracia” universitaria

Las cosas claras, hablar de democracia universitaria es una falsedad. Los sistemas de elección y representación están ponderados por sectores, teniendo mayoría absoluta la casta de catedráticos a pesar de ser una minoría en relación al resto de sectores de la comunidad universitaria (docentes precarios, estudiantes y trabajadores). Los trabajadores y trabajadoras de servicios privatizados como la limpieza no tienen ni voz ni voto. Por otro lado, los órganos de representación son poco más que consultivos y el poder real se concentra en el equipo rectoral y sus supervisores empresariales del Consejo Social.

No obstante, la ley Castells tiene el dudoso mérito de agravar los aspectos más antidemocráticos de la universidad apostando por un modelo presidencialista que otorga a los rectores poderes casi absolutos. De este modo la LOSU aumenta los mandatos a 6 años, establece que los rectores elijan a dedo a los decanos y directores de departamento (terminando con las elecciones por sufragio a estos órganos unipersonales) y les otorga la potestad de sancionar a aquellos estudiantes que incumplan la “disciplina universitaria” por medio de la Ley de Convivencia.

La participación de la comunidad universitaria se reduce a su mínima expresión. Se refuerza el papel meramente consultivo del Claustro universitario, órgano de mayor “representatividad” universitaria elegido por sufragio universal, reduciéndose su número de integrantes de 300 a 100.

La ley plantea incluso la posibilidad de reajustar a posteriori el porcentaje de ponderación en las elecciones a rector según la participación de cada sector. Esto no es otra cosa que reducir el valor del voto estudiantil a la nada absoluta ya que es el de los estudiantes el sector más abstencionista (el porcentaje de participación en las elecciones a rector de la UAM del estudiantado no pasó del 4,5%) ya que sienten -con razón- que estos procesos dudosamente democráticos ni les van ni les vienen.

Pero sin duda el aspecto más polémico de la ley es el hecho de que la elección pueda hacerse a través de un comité externo a la manera de aquellos “patronatos independientes” que proponía Castells hace más de una década. Este comité de entre 20 y 30 miembros estaría formado por un 50% de profesores permanentes -catedráticos mayoritariamente-, tan solo un 10% de trabajadores del campus y un 10% de estudiantes, y un 30% de personas “externas a la universidad de reconocido prestigio académico, cultural, social, empresarial”; es decir, mayoritariamente empresarios igual que en el Consejo Social.

En definitiva, la ley Castells abre la posibilidad de que rectores escogidos por directivos de bancos como el Santander, de eléctricas como Iberdrola o de otras grandes empresas tengan la potestad de elegir a dedo a la mayoría de la dirección de las universidades y de sancionar y hasta expulsar a estudiantes que protestemos contra la injerencia obscena en la universidad de estas empresas explotadoras, que contaminan y desahucian, en nuestros campus. Todo ello en un contexto de mayor persecución de la universidad al activismo estudiantil y aumento de la presencia policial en los campus. Bonita distopía capitalista la de Castells.

No combate la precariedad en la universidad, sino que la agrava

En sus discursos, Castells está intentando hacer pasar la ley como una solución al problema de la precariedad de la plantilla docente reflejada en la figura del profesor asociado. Dicha figura, teóricamente concebida como una contratación temporal de especialistas que “desarrollen normalmente su actividad profesional fuera de la universidad” se ha convertido en una vía para ahorrar salarios contratando profesores que hacen el mismo trabajo por una cuarta parte del salario y con menos derechos y representación política en las instituciones de la universidad.

Estos profesores “de segunda” ya suponen más de la mitad de la plantilla docente en buena parte de las universidades. La ley Castells se propone solucionar esto reduciendo al 20% el límite de profesores asociados. ¿Cuál es el problema? Primero el hecho de que se sigue manteniendo una figura ligada a una precariedad e inestabilidad absoluta que seguiría suponiendo un quinto de la plantilla docente. Por otro lado, reducir el límite legal no es ninguna garantía de cumplimiento como muestra el hecho de que más de la mitad de las universidades supera -y por mucho- el límite actual.

Pero lo más grave es que puede suponer el despido de miles de estos docentes al no especificar la ley ninguna vía para su pase a plantilla permanente, es decir, una resolución artificial del problema de las plantillas enormemente precarizadas. Estaríamos ante uno de los ataques más graves al profesorado universitario precarizado de los últimos tiempos, amenazando los puestos de trabajo de hasta 35.000 personas, y la merma de una ya más que cuestionable calidad educativa.

Por otra parte, la LOSU profundiza también en la precarización del estudiantado dando una mayor cobertura legal al fraude de las “prácticas académicas” en empresas -auténtico trabajo no pagado y sin derechos laborales- e introduciendo la llamada Mención Dual, que supone extender dichas prácticas hasta suponer la mitad de la formación académica de un modo análogo a la figura de la Formación Profesional Dual.

Una manita de pintura “progresista” para disimular una ley neoliberal y regresiva

Otro aspecto que Castells está tomando para justificar su contrarreforma universitaria es venderla como un avance en criterios de “igualdad” dentro de la universidad, particularmente en la cuestión de igualdad de género tratando de aprovechar la fuerza del movimiento feminista para justificar la entrega de pies y manos de la universidad a las empresas privadas.

Más allá de artículos muy generales sobre la paridad en las áreas y departamentos, la medida estrella “feminista” de esta ley es la creación de unidades de igualdad y de diversidad y la aprobación de planes al respecto, sin entrar en mayores especificaciones. El problema es que estas unidades y planes de igualdad ya existen en la inmensa mayoría de universidades, en ese sentido la ley apenas supone un avance.

Por otro lado, estas unidades están en manos de una casta universitaria que se caracteriza por autoprotegerse y cerrar filas incluso ante sus propios casos de acoso y agresiones, como se ha visto y denunciado públicamente en tantas ocasiones sin actuación por parte de estos organismos.

La igualdad de género que muy superficialmente aborda esta ley se limita a la igualdad “por arriba”, a la cuestión de los llamados “techos de cristal”. Pero no tiene nada que decir de los suelos pegajosos, de la situación de las trabajadoras en empleos enormemente feminizados como los servicios de limpieza, mantenimiento y cafeterías de los campus.

Como tampoco pone ningún problema a la hora de seguir manteniendo abiertas las puertas de la universidad a empresas que explotan mujeres y niños en talleres del sudeste asiático como Inditex, a empresas que desahucian familias como el banco Santander o a multinacionales cómplices del asesinato de mujeres activistas en Sudamérica como Repsol. Todas ellas compañías con posiciones, cargos y cátedras de “reconocido prestigio” en la universidad y que -como vimos- ven fortalecida su posición con esta ley.

Por supuesto la LOSU no tiene ninguna intención de resolver las desigualdades sociales que se reproducen con mucha mayor agudeza al interior de la universidad, donde los colectivos de migrantes y personas racializadas están enormemente infrarrepresentados y sólo el 10,6% de los universitarios son de clase baja frente al 55% de clase alta. Ningún plan de igualdad va a resolver el problema de las elevadas matrículas y los gastos de la vida. Sin embargo, para Castells el asunto de la universidad gratuita le parece cosa de “otra legislatura” y hace diez años opinaba que era “regresiva”.

Pero no se trata solo de quién accede a la universidad, sino de la enseñanza y los objetivos de la misma. En la visión de Castells, que no es otro que la universidad actualmente existente, esta tiene que responder a los intereses de las grandes empresas. Ponerse el conocimiento y los avances en la investigación en manos privadas, mediante patentes como las de las vacunas COVID, que han enriquecido a las farmacéuticas desabasteciendo países enteros. Es decir, es hacer de las universidades enormes centros de reproducción de un sistema capitalista en decadencia que está destruyendo el planeta y dejando a las nuevas generaciones sin futuro.

Hemos visto cómo la Ley Castells pretende profundizar en este modelo de universidad-empresa que empezó a plantearse hace más de dos décadas por los gobiernos del PPSOE y que ahora quiere imponer un ministro de Unidas Podemos. La tarea más importante que tiene hoy el movimiento estudiantil y el conjunto de la comunidad universitaria es aunar esfuerzos para derrotar esta ley elitista y reaccionaria. Para ello hace falta, en primer lugar, que todas las asociaciones y sindicatos estudiantiles, así como las organizaciones sindicales de docentes y no docentes, se pongan a la cabeza de la convocatoria de asambleas interfacultades para resolver democráticamente la convocatoria de un calendario de movilizaciones que tenga como objetivo tumbar la Ley Castells.