Crisis Económica. Estrepitoso aumento de la desocupación en Valparaíso durante el segundo trimestre del año

El día lunes el Centro de Economía y Política Regional (CEPR) de la UAI publicó su informe trimestral correspondiente a los meses marzo, abril y mayo 2020 (MAM2020) sobre la situación laboral y de movilidad de la región de Valparaíso.
En dicho informe el CEPR muestra un panorama sombrío para la mayoría de la clase trabajadora que viene siendo afectada producto de la pandemia que provocó el coronavirus. Según el centro, los efectos que dejará la pandemia en la economía local revisten un carácter estructural, lo que derivará en una recuperación que podrá demorar años.

Para ilustrar esta situación, el informe releva 3 datos claves: la reducción drástica de los sectores ocupados de la clase trabajadora, el aumento de la cesantía y el salto importante en el número de personas que se encuentran inactivas en el mercado laboral (es decir personas que pudiendo trabajar, no lo hacen ni buscan trabajo).
En un cuadro comparativo podemos observar cómo el número de ocupados se redujo en más de 137.761 personas, mientras que los desocupados aumentaron en 20.138 y los inactivos dan un salto en 142.104 personas, dejando así la tasa de desocupación en un 12,4% y la de ocupación en un 45.9%.

Estas cifras son relevantes considerando que aun no se tienen datos de los efectos que produjo en el mercado laboral la cuarentena obligatoria que rige sobre San Antonio, Valparaíso, Viña del Mar, Quillota, San Felipe y Los Andes.

Otro de los datos que preocupan a los expertos es la subvaluación que existe sobre relación entre inactivos y desempleados ya que, de observarse la relación entre ambas variables la tasa de desocupación combinada (SU3) se eleva al 29% cifra que sería mucho mas real que el 12,4% oficial.

El informe también refleja el desaliento que existe entre los inactivos del por qué no buscar trabajo, aumentando entre abril y mayo en un 39% (11.820) las personas que creen que aun cuando busquen, no encontraran, por lo que simplemente dejaron de intentarlo.

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De conjunto esto refleja una situación extremadamente compleja en una ciudad que posee más de 230 mil empleos informales, con personas que viven de las ventas diarias, de poder ofrecer sus productos en las calles y veredas de la ciudad, cuestión que producto de las cuarentenas han estado imposibilitados de realizar, lo que ha provocado como efecto adverso, un mayor número de movimientos diarios hacia el interior de la región.

Por salud, pan y trabajo: La catástrofe no la puede pagar la clase trabajadora.

El informe de la UAI pone el énfasis en la paralización económica que ciertos sectores productivos están sufriendo a la vez que intenta mostrar que, de no medias ciertas políticas por parte del Estado, serán amplias franjas de la población podrían sufrir un serio deterioro de sus condiciones de vida.

Pero para evitar que esto ocurra, la solución no vendrá del sobre endeudamiento al que ha apuntado el gobierno de Piñera ni en forzar la reactivación económica terminando con las cuarentenas.

La población del Valparaíso viene sufriendo mucho producto de la pandemia, las protestas por el hambre se han extendido por los cerros ante la falta de recursos para sobrevivir la cuarentena.

Sin el cierre de los lugares de trabajo no esenciales no se podrá controlar la expansión del COVID-19, donde las comunas ricas piden permisos para pasear animales mientras en las comunas pobres esos permisos son para funerales.

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Pero una cuarentena sin sustento económico es imposible, por eso hay que garantizar un salario mínimo de emergencia de 500 mil pesos para quienes lo necesiten, sea para trabajadores formales, informales, cesantes o inactivos, hay que terminar con las suspensiones y la ley 21227 que obliga a las y los trabajadores a autofinanciarse sus salarios con los dineros de la AFC.

Financiar un programa de emergencia no puede ser a costa de endeudar el país por generaciones. En Chile hay 140 personas mayores de 18 años que concentran el 18% del total de los ingresos que produce el país, es decir que poseen un patrimonio personal que supera los 100 millones de dólares (79,200,000,000 millones de pesos) cada uno.

Necesitamos un impuesto extraordinario a los super ricos y esto ligado a un programa que ofrezca una salida de conjunto de las y los trabajadores, partiendo por la renacionalización de los recursos naturales, los puertos y las empresas estratégicas como el agua y la luz bajo control de sus trabajadores.