Ciencia e investigación. Estudiantes de posgrado pierden sus becas por disposición del Conahcyt

Desde fines de junio y a principios de julio se viene desarrollando un movimiento de protesta de estudiantes de posgrado conocido como #SinBecaConahcyt. Esta institución ha retirado sus becas a estudiantes de posgrado de más de 140 programas implicados en todo el país (maestrías y doctorados). Los afectados pertenecen a áreas que tienen que ver con negocios, administración, actuaría, matemáticas aplicadas a negocios, etc., que no son consideradas prioritarias para el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt), encabezado por María Elena Álvarez-Buylla. porque no van acordes al discurso del “humanismo” promovido por la 4T. Pero, ¿es esta la verdadera razón que está detrás del retiro de las becas?

Los estudiantes de posgrado, que tan solo en la CDMX son 450 perjudicados en 15 planteles, protestaron y están ahora a la espera de una solución por parte del Consejo. Además, algunas universidades están considerando iniciar un amparo para revertir esta decisión, sin cuestionar de fondo el entramado institucional que la posibilitó.

La “nueva institución”

Para entender el problema es necesario primero tener en cuenta el contexto. En lo inmediato, el retiro de estas becas responde a la aplicación de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que produjo que el anterior Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tuviera que reformarse y agregase las humanidades entre sus siglas, porque según el discurso oficial, es ahora uno de los ejes rectores de su desarrollo.

Dicha ley fue aprobada en lo general en diciembre del año pasado y, en lo particular, a inicios del presente, estableciendo una ’reingeniería’ a los posgrados de calidad para que sean apoyados especialmente aquellos que tengan como finalidad el interés público.

Sin embargo, la legislación fue criticada por tres cosas: por convertir al personal de investigación en un servidor público (a secas), en los términos de cualquier otro en cualquier función de gobierno, sin la especificidad que corresponde a la naturaleza de su actividad, es decir no se le ve como un trabajador de la ciencia, sino como un funcionario.

La segunda crítica es que a pesar de que incluye el enfoque de derechos humanos en su discurso, incluye en la directiva del Consejo a la institución con más denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país, las Fuerzas Armadas. La tercera es que ya no considera obligación del Estado mexicano invertir al menos el 2% del PIB en el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

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Esta situación ya se anticipaba desde mediados de 2021, con la desaparición del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) y su sustitución por el Sistema Nacional de Posgrados (SNP), que nuevamente tenía un discurso humanista pero no cuestionaba de fondo ni a las burocracias académicas, ni el régimen de estímulos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que tantas desigualdades crea, ni la precarización laboral de jóvenes investigadores. Sólo se planteaba la reorientación de ciertos objetivos para el desarrollo de la ciencia, pero sin cuestionar hasta el final el uso de los recursos científicos para el beneficio de la inversión privada.

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Una discusión sobre la ciencia

Es verdad que los posgrados que tienen que ver con los negocios no están puestos al servicio del pueblo trabajador, pero esa no tendría que ser una razón para arrebatar de tajo y de repente las becas a los estudiantes de posgrado. Ya que en primer lugar los afectados provienen de instituciones de educación superior públicas y esa beca es algo a lo que tienen derecho. En todo caso se tendría que poner a discusión democrática qué objetivos estratégicos debe tener el Conahcyt y las universidades mismas, pero en el Consejo al igual que en las universidades, las decisiones sobre el rumbo del conocimiento las toman un muy reducido número de personas, que son ajenas a las necesidades del pueblo pobre y trabajador.

Así que, más allá de que en lo inmediato los estudiantes de posgrado que hoy protestan y el Conahcyt puedan encontrar una solución a sus necesidades individuales, esto no arregla de fondo el problema, pues además, sujetan el gasto en este rubro a la disponibilidad presupuestal, lo que limita la inversión pública en ciencia y tecnología, en vez de que el Estado busque formas de hacerse de más recursos para aumentarla. Lo cual en realidad es el primer paso para realizar más recortes en otras áreas del desarrollo técnico-científico al sujetarlas a la premisa “dar becas siempre y cuando haya presupuesto”, como han hecho en otras leyes como la Ley General de Educación Superior (LGES) y la reforma educativa de la 4T.

Por más humanistas que se presenten estas leyes, lo cierto es que no cuestionan hasta el final el carácter capitalista del desarrollo de la ciencia, por lo que se perpetúa el elitismo, la precarización laboral y la falta de presupuesto. Ante eso, las y los trabajadores de la educación, la ciencia y la cultura, como los de otros sectores, debemos pelear por el derecho a que nuestras opiniones sean realmente escuchadas, sobre la base de nuestras necesidades como mayoría, lo que requiere que de conjunto decidamos, en primer lugar, qué tipo de educación necesitamos, también para definir el tipo de posgrados que requerimos.

Solo así, este desarrollo podrá ser encaminado para desarrollar fármacos, tratamientos médicos y psicológicos, así como infraestructura, pedagogías, tecnologías que cuiden la naturaleza y análisis sociales que estén al servicio del pueblo pobre y trabajador. En ese sentido es necesaria la unidad de todos los sectores, para defender los derechos laborales y educativos, por el desarrollo de un auténtica ciencia y tecnología al servicio de la humanidad que deje atrás las simulaciones, se juegue a buscar el bienestar de nuestra especie y busque resarcir el daño causado al medio ambiente.