Normalistas, familiares de estudiantes desaparecidos y maestros de la CEGET tomaron los edificios del Palacio de Gobierno del estado de Guerrero en reclamo de la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos desde 26 de septiembre. Tras seis horas de toma, incendiaron el edificio de Tierra Caliente. Posteriormente se dirigieron hacia la sede del Ayuntamiento de Chilpancingo. La respuesta estatal fue una mayor militarización.
Miércoles 15 de octubre de 2014
En la jornada del lunes 13 de Octubre, unos 500 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, familiares y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), entre otras otras organizaciones, protagonizaron una nueva jornada de protestas. Exigieron la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre, también exigieron la renuncia del gobernador Ángel Aguirre Rivero y la detención del alcalde de Iguala José Luis Abarca, a quienes responsabilizan por la masacre de Iguala donde fueron asesinadas 6 personas, entre ellas tres normalistas, y se encontraron fosas comunes con cuerpos calcinados.
La jornada se inició alrededor de las 11 hs. con el bloqueo de los cincos accesos al Palacio de Gobierno, impidiendo el ingreso y la salida de empleados y de quienes realizan gestiones en los edificios Centro, Tierra Caliente, Montaña, Acapulco, Costa Chica, Norte y Costa Grande. El bloqueo se decidió ante la negativa del gobernador Aguirre Rivero a una entrevista con los familiares y compañeros de los normalistas desaparecidos.
Cercas de las 16 hs., los manifestantes permitieron la salida de las mujeres y personas discapacitadas. Posteriormente habían permitido también la salida al resto de los empleados que permanecían en el edificio, sin embargo esto fue impedido por las fuerzas policiales por lo que se vieron forzados a romper el alambrado.
Tras la llegada de 500 mil policías antimotines, los estudiantes se replegaron momentáneamente. Minutos después de las 17hs. retomaron la ofensiva arrojando piedras a los antimotines y arremetieron contras los cristales de los 6 edificios donde se encuentran secretarías como la de Seguridad Pública o el despacho de Aguirre Rivero. Con los ánimos caldeados, rociaron con combustible al edificio Tierra Caliente. La construcción de tres pisos fue incendiado prácticamente en su totalidad. En la edificación Norte hubo principio de incendio que no pasó a mayores. Pasadas las 18 hs. arribó más presencia policial mientras bomberos controlaban el fuego. En simultáneo, maestros de la CETEG irrumpieron en la alcaldía e incendiaron algunas oficinas, tras el desalojo del personal.
Aguirre Rivero se llamó a silencio y la respuesta oficial quedó en sus funcionarios. En conferencia de prensa, el secretario de gobierno, Jesús Martínez Garnelo, anunció que desde las primeras horas del día martes, agentes antimotines reforzarían su presencia en los diferentes edificios del Poder Ejecutivo y otras dependencias gubernamentales. Junto al funcionario, el edil de Chilpancingo, Mario Moreno Marcos, llamó “al diálogo y a la reconciliación”, señalado que las jornadas de protesta “no abonan en nada” a la hora de encontrar a los 43 normalistas desaparecidos.
La solidaridad con los normalistasse fue extendiendo. Alumnos de varias escuelas de la UNAM y de la Universidad Pedagógica Nacional se sumaron al paro convocado por diferentes organizaciones. Las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, la de Filosofía y Letras y la de Estudios Superiores Zaragoza, así como la Escuela Nacional de Trabajo Social fueron tomadas por 48 horas.
Un crimen político abominable en un régimen en crisis
En la noche del 26 de septiembre, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, jóvenes provenientes de las familias más humildes del estado, se trasladaban a Iguala para recaudar fondos para poder participar de la marcha en el Distrito Federal en conmemoración de la Masacre de Tlatelolco.
Durante el viaje los estudiantes fueron atacados por la policía del estado de Guerrero y la Federal. En la persecución que duró más de dos horas fueron asesinados 6 personas, entre ellas 3 estudiantes normalistas.
La masacre de Iguala puso en evidencia nuevamente la relación del estado con los narcos, en este caso el cártel de “Guerreros Unidos”. Sin dudas,un crimen político abominable en donde también se encontraron, en las afueras de la pequeña ciudad, fosas comunes clandestinas con cuerpos quemados y con signos de torturas. Aunque resta la confirmación oficial, todo presupone que los restos en las fosas pertenecen a los estudiantes normalistas desaparecidos.
Con la masacre de Iguala se ha profundizado la crisis política del régimen mexicano. Un régimen donde existe una abierta complicidad de funcionarios con el crimen organizado, donde el presidente Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sostiene al de Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Éste sostiene a su vez al alcalde de Iguala, señalado como responsable del asesinato de opositores y de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapan. En este marco, la violencia de las fuerzas represivas se recrudece. Del otro lado, se profundiza la movilización de estudiantes, maestros y comunidades campesinas que apuntan directamente al poder político.