El estudio “Proyecto ducto al mar de Celulosa Arauco y las comunidades mapuche Lafkenchede de la Bahía de Maiquillahue, Chile” analiza el impacto en los derechos humanos que provoca la empresa.
Natalia Cruces Santiago de Chile
Miércoles 22 de junio de 2016
Como señala su presentación, en estudio pretende “identificar y dar a conocer los impactos que los proyectos de inversión de gran envergadura -como son las plantaciones de monocultivos y las actividades asociadas a la explotación forestal que hoy se impulsan en las tierras y territorios de los pueblos indígenas en Chile- están teniendo sobre sus derechos humanos”, analizando el impacto sobre las comunidades Lafkenchede de la Bahía de Maiquillahue, en la región de Los Ríos.
Este ducto de la empresa Arauco pretende eliminar los residuos industriales que tiene la empresa en sus plantas en la zona.
El estudio analiza las políticas económicas que vienen desde dictadura hasta la actualidad, que instalaron el neoliberalismo y la explotación a mansalva de los recursos naturales para su “explotación a mercados globales”, como es el caso de la industria forestal.
A partir de decretos y leyes que comenzaron en dictadura pero que todos los gobiernos posteriores han mantenido, se potencia la empresa forestal incluso con subvenciones y bonificaciones, como es la Ley No 19.561 de 1998 y Ley No 20.326 de 29 de enero de 2009, mientras “el porcentaje de hectáreas bonificadas a pequeños propietarios pasó del 5% desde 1974 a 1997 al 39% desde 1998 a 2010.7 Cabe señalar que de acuerdo a la Ley N° 19.300 sobre Bases generales de Medio Ambiente de 1994, a sus modificaciones posteriores (Ley N° 20.417 de 2010) y a su reglamentación, dichas plantaciones no son sometidas a evaluación de impacto ambiental (EIA), toda vez que solo lo hacen aquellos proyectos de desarrollo forestal definidos como de dimensiones industriales, esto es, aquellos de una superficie superior a las 500 hectáreas”.
Mientras los empresarios se enriquecen, las comunidades mapuche y lafkenche son reprimidas, empobrecidas y acosadas, perdiendo cada vez más sus tierras y derechos de agua y ambientales, provocando una situación crítica. Así, “las plantaciones forestales cubren una superficie aproximada de 2.872 millones de hectáreas, equivalentes al 17,2% del total de bosques de Chile”, concentrada sobre todo en las regiones de Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Es que al Estado y sus partidos patronales –Nueva Mayoría y derecha- no les interesa preservar los recursos naturales y menos los derechos de las comunidades a la tierra y el agua. Solo gobiernan para los empresarios. Los empresarios forestales ganan millones “Así durante el año 2014 (enero-noviembre) las exportaciones de productos forestales alcanzaron a 5.496,8 millones de dólares, lo que equivale a un aumento de 3,7% respecto del monto registrado el año 2013, en igual periodo.17 Según la Corporación Chilena de la Madera (CORMA), entidad gremial que agrupa a los principales actores del sector forestal, se espera que para el 2015 las exportaciones forestales alcancen los 6.000 millones de dólares”.
Por el contrario, estos empresarios se enriquecen a costa de las comunidades. En estas regiones están los mayores índices de pobreza, alcanzando en Araucanía a cerca de un 30%. Por otro lado, para quienes trabajan en estas empresas, se enfrentan a precariedad laboral, malos tratos, bajos sueldos y prácticas anti sindicales.
A esto se suma la criminalización del Estado contra las comunidades y sus demandas, con métodos como persecución, allanamiento, detenciones arbitrarias, aplicación de ley anti terrorista, presos políticos y otras formas de persecución, muchas de las cuáles vienen incluso de dictadura.
A partir de la lucha contra la instalación del ducto de la Celulosa, las comunidades han debido enfrentar una fuerte represión, cortes eléctricos, disparos, amenazas, golpes, violencia psicológica, persecución y otras brutalidades, teniendo que presentar inclusive recursos de amparo ante la justicia.
“Las denuncias por amenazas, utilización de armas de fuego, agresiones contra niños y mujeres, insultos y utilización de epítetos racistas en contra de los mapuche-lafkenche por parte de quienes negociaron con CELCO se mantuvieron en el tiempo por al menos un año”.
Así, se ha violado sistemáticamente los derechos humanos de la comunidad, todo en pos de los negocios millonarios de las forestales.
* Las citas son el informe.
