53% del gremio a nivel nacional trabaja de forma informal y 7 de cada 10 han perdido su puesto de trabajo en el último año.
Sábado 1ro de agosto de 2020
Las trabajadoras de casa particular enfrentan una dura realidad. Representan el 15% de las mujeres trabajadoras en Chile, provienen de los sectores más precarizados, y deben recurrir a esta modalidad a la vez que mantienen su rol de jefatura en sus propios hogares.
En el contexto de pandemia, este sector es uno de los más golpeados por la crisis del covid-19, que ha implicado cientos de despidos y rebaja en los sueldos (y aumento de la carga laboral). Junto a ello, se exponen al contagio en el ir y venir del trabajo al hogar.
Un estudio desarrollado por la Universidad de Chile y el Colegio Médico reveló los riesgos de contagio a los que se exponen las trabajadoras de casa particular, siendo las que más utilizan el transporte público lo que expone la desigualdad frente a la exposición al virus.
Lo anterior está íntimamente conectado a la situación laboral en medio de la pandemia, en medio de un complejo contexto socio económico, con altas tasas de desempleo y con 1,3 millones de fuentes de trabajo destruidos.
Según un estudio de la Universidad Católica, siete de cada 10 trabajadoras de casa particular han perdido su trabajo en el último año, lo que hace de su rubro, una de las actividades laborales más afectadas por la crisis del Covid-19. Además esto, se acompaña con una caída del 20% de los salarios y un 27% en trabajadores independiente.
No hay seguro de cesantía
Las trabajadoras de casa particular no tienen protección ante la cesantía. Se aplica una indemnización que es un pago único frente a la desocupación por cualquier causal, la cual no asegura suficiencia y no tiene continuidad en las prestaciones. Quienes tienen contrato, se calcula sobre la base del 4,11% mensual de sus sueldos, lo que arroja cifras muy bajas dado que de por sí, sus sueldos ya son bajos, recibiendo una miseria.
Se torna urgente un plan contra la precarización de la vida, para que no sean las y los trabajadores quienes paguen esta crisis, sino los empresarios y las grandes fortunas. Se hace indispensable un Plan de Emergencia y la prohibición de los despidos, acompañado de un sueldo mínimo acorde a la canasta familiar (500 mil pesos). Para eso es urgente que se reactiven los organismos de trabajadores, para organizar un gran movimiento.
