El abogado de TJUE rechaza la decisión belga de no extraditar al exconseller Lluis Puig. Abre la puerta a que él y el resto de exiliados sean entregados a los tribunales españoles. El último episodio de una persecución que supera los 4 mil encausados y de los aires reaccionarios que se expanden por Europa.
Jueves 14 de julio de 2022
El abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado su respaldo a las tesis del juez Llarena y rechaza la decisión de la Justicia de Bélgica para negar la extradición del exconseller Lluis Puig, uno de los exiliados a raíz de la persecución contra el govern catalán por la celebración del 1 de octubre.
Esta decisión podría tener consecuencias en el futuro procesal inmediato de Puis, así como del resto de los exiliados, incluido el expresident de la Generalitat, Carlos Puigdemont. A un año de la aprobación de los indultos a los presos políticos catalanes, podríamos volver a ver, si las tesis del TJUE se imponen, un nuevo juicio oral por el referéndum de 2017.
El letrado, Richard de la Tour, considera injustificado que el tribunal belga alegase la existencia de un riesgo real de vulneración del derecho fundamental a la defensa del encausado. Para el abogado general del TJUE no estarían demostradas deficiencias sistemáticas del sistema judicial español que acreditasen tal peligro.
La UE da así un espaldarazo a la Judicatura española en su persecución al independentismo catalán. Contradice la jurisprudencia establecida por otros jueces alemanes, suizos, británicos y belgas, que han considerado que esta especie de Causa General una vulneración de derechos procesales y democráticos básicos. El alto tribunal europeo es el primero en fallar a favor de las tesis de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
Las sentencias de prisión para 11 dirigentes independentistas y los más de 4000 procesos abiertos contra activistas a causa del 1-O y las movilizaciones de los meses y años posteriores son, pese a lo que diga la Judicatura de la UE, una vulneración de derechos que ha sido denunciada repetidamente por organizaciones como Amnistía Internacional u organismos internacionales como la misma ONU.
El gobierno “progresista” contempla el penúltimo episodio de esta persecución con un regusto contradictorio. Por un lado, no la rechaza y, de hecho, es parte. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han seguido siendo parte de la represión contra los exiliados y los miles de encausados independentistas. Por el otro, contiene la respiración, ya que si las tesis de Llarena y el TJUE prosperan antes de que acabe la legislatura, puede quedarse sin el apoyo parlamentario fundamental que representan los diputados de ERC.
Este aval al curso autoritario del Estado español de los últimos años, en el que los jueces han sido la punta de lanza, no es posible entenderlo sin ver la foto ampliada de una derechización general en el Viejo Continente a raíz del discurso guerrerista del imperialismo europeo a partir de la guerra en Ucrania.
La confianza en “Europa” alentada por los partidos procesistas durante todos estos años, que resumían en la frase tantas veces repetidas de "Europa ens mira", parece esfumarse de un plomazo. Solamente retomando una gran movilización por la amnistía total de todos los perseguidos, se podrá poner fin al brazo de Judicatura que espera imponer a golpe de mazo y sentencias que no se repita nunca más aquello de “lo volveremos a hacer”.
