Los objetivos neoliberales de una supuesta evaluación que sólo apunta a reformas educativas que empeoran el estado de la educación pública y los puestos de trabajos de los docentes.
Jueves 15 de septiembre de 2016
El próximo 18 de octubre el macrismo intentará llevar a cabo la Evaluación Aprender en las escuelas públicas y privadas, a nivel nacional. Afectará a los 3° de nivel primario, mientras que en secundario se evaluará a los 3° y 6°, quienes deberán responder en las áreas de matemática, ciencias sociales, ciencias naturales y lengua mediante un cuadernillo con opciones de múltiple respuesta.
Como base fundamental del gobierno de Cambiemos, y en directa vinculación con la política educativa neoliberal -que ya estaba presente desde el menemismo- desde inicio de año fueron realizando distintas actividades que dieron forma a esta medida: en febrero el Consejo Federal de Educación conformó la “Declaración de Purmamarca”; en abril el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación aprobó la Secretaría de Evaluación Educativa (decreto Nº 552/16); en mayo el Consejo Federal elaboró la Resolución CFE 280/16 que afirma “aprobar la implementación del Sistema de Evaluación Nacional de la Calidad y Equidad Educativa”, medida que en julio se implementa surgiendo de la campaña Compromiso por la educación.
Es importante observar que todas estas son medidas parciales, que acercan al intento de validación por parte del gobierno de la Evaluación Aprender. Como ya observamos en el día a día, el gobierno macrista usa el dispositivo de los medios de comunicación para generar consenso social basado en una lectura incompleta sobre la realidad educativa en la que nos encontramos.
En estos pocos meses hemos podido observar los siguientes abusos que esta medida tiene:
• una evaluación estandarizada sólo puede aportar datos cuantitativos que desconocen las realidades propias del contexto social. Por lo tanto, la información que brindaría sería sesgada y no tendría operatividad concreta para una mejora en lo que al sistema implica;
• los directivos de las escuelas han seleccionado “a ojo”, y sin realizar reunión alguna, a los docentes que participarán de la evaluación, denominados “aplicadores”;
• la evaluación será observada por esos docente-aplicadores, a los que se les ha ofrecido una suma en negro de $1000 que se les depositará directamente en su caja de ahorro, siendo una absoluta irregularidad que no figure en su recibo de sueldo;
• los pocos ejercicios de modelos evaluativos tienen errores que invalidan las posibles respuestas (ver los ejemplos del área de matemáticas); por lo que podemos inferir que las evaluaciones tendrán errores que irán en desmedro de los resultados que arrojen;
• la medida no fue consultada a las partes que conformamos la comunidad educativa, a pesar de que la página oficial sobre la evaluación pretende acercar a la idea de un debate con todas las partes intervinientes. Ni siquiera se han interesado en encubrir una imposición mediante una simulación de consulta, como ha sido en el caso del kirchnerismo con la Ley Nacional de Educación: aquí abierta y explícitamente el macrismo tomó una decisión unilateral.
• el día de la evaluación los docentes participaremos de lo que el texto denomina “una jornada de sensibilización sobre autoevaluación institucional”. Ninguno de todos los textos publicados por el ministerio aclara en qué consistirá esa jornada, así como tampoco hemos tenido reuniones en las escuelas que nos informaran del tema.
Por lo tanto, sólo nos queda interpretar que la evaluación tiene como objetivo justificar -mediante los datos cuantitativos- la política de ajuste al sistema educativo público y desacreditar el rol docente (en quienes pretende hacer recaer toda responsabilidad) afectando su puesto de trabajo. Es decir, la evaluación Aprender y su “sensibilización” docente es una preparación hacia una reforma educativa que tiene como objetivo sumarse a las reformas que se implementan en Latinoamérica.
Para entender de qué estamos hablando tomemos como ejemplo México, donde desde 2013 la evaluación docente evidencia la vulneración de los derechos de los trabajadores docentes, mediante exámenes estandarizados que castigan con la pérdida del trabajo. Esto se repite en países como Chile, Perú y Ecuador, por mencionar sólo algunos ejemplos.
En nuestro país la evaluación pretende justificar su política de ajuste, que recaerá con aun mayor fuerza en el sistema educativo público, transfiriendo presupuesto a la educación privada. Además tiene como objetivo responsabilizar a los docentes por la crisis del sistema educativo, cuyo medio de disciplinamiento recaerá en que el salario se vea modificado por una evaluación externa. Esto sólo intenta deslindar la responsabilidad del Estado, con su falta sistemática de aporte e interés por la educación pública.
Por todo lo mencionado resulta fundamental profundizar en actividades en las cuales todos los compañeros puedan tener acceso a espacios de debate para afianzar cuáles son los objetivos neoliberales de esta política educativa basada en la evaluación. Para ello también resulta necesario mantener un diálogo con los alumnos, en las aulas y a través de los centros de estudiantes, con el objetivo de discutir, analizar y tomar decisiones conjuntas para un plan de lucha común.
