La verdad histórica impuesta por la PGR fue refutada, desnudando la complicidad de la policía municipal, estatal y federal en coordinación con el ejército, para la violenta persecución de los normalistas de Ayotzinapa, que causó el asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes.
Lucía Rodríguez México D.F.
Martes 8 de septiembre de 2015
Al mismo tiempo se hizo evidente la manipulación y el ocultamiento de información por parte de las autoridades, que han impedido el esclarecimiento del crimen.
El pasado 6 de septiembre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizó un informe sobre los seis meses de investigación al respecto de los crímenes ocurridos la noche del 26 de septiembre del 2014.
La presentación tuvo como ejes los antecedentes, sucesos, conclusiones y recomendaciones sobre los sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero, que tuvieron como saldo un total de 180 víctimas, seis personas asesinadas y 43 estudiantes desaparecidos.
Aunque el 27 de enero la Procuraduría General de la República (PGR) a través del ex titular de la dependencia, Murillo Karam, declaró en conferencia de prensa que la verdad histórica sobre el destino de los normalistas desaparecidos fue el asesinato y la cremación de los cuerpos, llevada a cabo en un basurero en Cocula, la desestimación de las declaraciones y la exigencia de aparición con vida no cesaron.
Los cientos de miles de personas que durante meses inundaron las calles a la par de los paros estudiantiles realizados en decenas de universidades y la movilización internacional -que en su conjunto denunciaban la responsabilidad del Estado en la desaparición y los asesinatos- permitieron continuar la investigación a través de una instancia internacional.
A casi un año de la noche negra de Iguala y más de siete meses de que el gobierno quisiera dar por cerrado el caso, su verdad histórica se ha derrumbado. De acuerdo con el informe del GIEI la cremación de los cuerpos resulta imposible por las condiciones físicas en que supuestamente se presentó, pues la cantidad de madera y combustible necesaria es excesiva y el fuego, humo y daño en los alrededores que se hubieran generado era inocultable.
Además se logró comprobar que las reaccionarias declaraciones que pretenden vincular a los normalistas con el grupo de narcotraficantes los Rojos -y a partir de ello establecer como responsables del asesinato al grupo criminal Guerreros Unidos- contradicen toda evidencia de la actividad política que los normalistas realizaban al momento de la persecución.
A pesar de que las autoridades mantienen la responsabilidad en el gobierno municipal y la policía local, lo que queda claro tras el informe del GIEI es que la policía municipal, estatal y federal que junto al ejército, actuaron de manera coordinada para la persecución, asesinato y desaparición de los estudiantes.
Además de que la línea de investigación establecidas por la PGR ignoran, ocultan y manipulan información sobre los acontecimientos y las responsabilidades que de ellos derivan. De esta forma material genético, como ropa, cabellos y pertenencias de los estudiantes han sido ignoradas como pruebas elementales, a la par de que en las líneas de investigación se ignoró la presencia de un quinto camión en los que los normalistas se transportaban -a pesar de las declaraciones de los propios estudiantes- aun cuando este puede dar elementos para el esclarecimiento del caso.
Abajo la democracia asesina del PRI, PAN Y PRD
El grito de ¡Fue el Estado! entonado por cientos de miles cobra hoy mucho más fuerza. La coordinación de diversas instituciones del Estado -junto a sus partidos políticos asesinos, el PRI, PAN y PRD- tanto para ejecutar el crimen como para ocultar responsabilidades es evidente.
El carácter represivo de las fuerzas de seguridad del Estado ha sido desnudado con la persecución selectiva y brutalmente violenta hacia un grupo de normalistas, que se caracteriza por su constante actividad política y vinculación a diversas luchas.
Ayotzinapa no es un hecho aislado, forma parte de la degradación del régimen político que se ha configurado como una “democracia” asesina, que persigue y ejecuta a luchadores sociales mientras garantiza la mayor explotación y la subordinación al imperialismo. El crimen de Iguala es la punta de los más de 25 mil desaparecidos y más de 200 mil asesinados desde el inicio de la llamada la guerra contra el narco que desde el 2006 ha mantenido militarizado el país, generando el aumento del feminicidio, las ejecuciones extrajudiciales y miles de violaciones a los derechos humanos.
A pesar de las evidencias la PGR ha salido en la defensa de la supuesta verdad histórica. Mientras hipócritamente los diputados de los diversos partidos políticos -cómplices y responsables del crimen de Iguala- llaman a la conformación de una comisión especial para el caso de Ayotzinapa.
Pero los jóvenes, trabajadores, mujeres y familiares sabemos que la verdad y la justicia no provendrá de las entrañas del régimen asesino.
Sólo la movilización en las calles de todas las organizaciones políticas, de derechos humanos, campesinas y sindicatos democráticos con sus métodos de lucha -como el paro y la huelga- e independencia política de los partidos del asesino régimen mexicano podrán volver a poner en jaque a este régimen y luchar por la aparición con vida de los estudiantes desaparecidos.
Así se podrá reclamar juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del crimen de Iguala, luchar por la desmilitarización del país y por el cese a los ataques y persecución de los luchadores sociales, en el camino de terminar con este régimen de represión y explotación para poner en pie nuestras reivindicaciones.
