OPINIÓN. Evo Morales rechaza imputación y denuncia persecución política del golpismo

Esta semana la fiscalía general del Estado procedió a la imputación formal de Evo Morales por los delitos de terrorismo y sedición, en un salto en la campaña de persecución política al MAS. Casi al tiempo, se recibió la denuncia contra Arce Catacora, candidato presidencial del MAS, por el supuesto delito de corrupción en la adquisición del programa para la Gestora Pública de las AFPs con la evidente intensión de proscribir sino al MAS por lo menos a sus principales candidatos. La presidenta del senado, Eva Copa, tampoco se libró del acoso judicial al ser denunciada nada menos que por el ministerio de Defensa ante el rechazo del senado de aprobar los asensos en las FF.AA y que llevaron incluso a amenazas por parte del comandante Sergio Orellana.

La imputación a Morales por sedición y terrorismo fue sustentada por la fiscalía sobre la base de un audio de noviembre en el que Morales, en comunicación desde México con el ex dirigente Faustino Yucra, habría llamado a cercar las ciudades y evitar el ingreso de alimentos a las mismas. El señalado audio fue aprovechado por el Gobierno golpista para justificar la brutal represión de Sacaba y Senkata y avanzar en la persecución política de los opositores al nuevo régimen.

Por su parte dirigentes del MAS afirmaron que la imputación es en realidad parte de la persecución política lanzada contra ese partido y que el audio habría sido manipulado.

Más allá de la veracidad de las diversas afirmaciones sobre el audio, lo cierto es que las afirmaciones de sedición y terrorismo no se sostienen toda vez que Evo Morales abandonó el Gobierno y el país sin ofrecer ninguna resistencia al golpe, lo que le valió diversas críticas fundamentalmente de los pobladores de Senkata quienes afirmaban que “los habían abandonado” en manos de los golpistas.

Por su parte Arce Catacora, al ser denunciado penalmente por dos contratos para la adquisición del software de la gestora pública de los fondos de pensiones, afirmó que las acusaciones son falsas y que el Gobierno de Áñez estaría intentando tapar la corrupción del actual Gobierno y un daño económico de casi 10 millones de bolivianos al paralizar, en diciembre del año pasado, el segundo contrato que exigía pagos anuales para la adquisición del software. En este sentido, anunció que denunciará en el ámbito internacional la persecución política que el Gobierno estaría buscando para proscribir al MAS de las próximas elecciones del 6 de septiembre.

Finalmente, también los últimos días se conoció la denuncia penal del ministerio de Defensa contra la presidente del senado Eva Copa, así como la detención en Cochabamba de una de las candidatas a senadora del MAS junto a otros autoconvocados de la zona sur de esa ciudad por los bloqueos en K’ara K’ara y la distribución de alimentos a localidades del trópico cochabambino.

Elecciones nacionales, una vez más en la mira

La promulgación a regañadientes por parte de la autonombrada Jeanine Áñez de la ley de convocatoria a elecciones para el próximo 6 de septiembre, luego de las amenazas de la COB (Central Obrera Boliviana) y organizaciones sociales de convulsionar el país si no se daba curso al acuerdo alcanzado entre el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el bloque golpista y el MAS, está empujando al actual Gobierno y a sectores del empresariado y de la derecha dura a buscar nuevas vías que les permitan mantener el control del aparato estatal, contemplando la posibilidad de volver a suspender la convocatoria a elecciones, proscribir al MAS de las mismas o por lo menos inhabilitar a sus principales candidatos.

Con esta “hoja de ruta”, el ministro de Gobierno tiene un papel activo en la represión y en la persecución judicial como se evidenció en la represión policial y militar en Kara Kara, acompañada con aviones en vuelo rasante sobre la población movilizada, y que fue valientemente rechazada por los vecinos de la zona sur cochabambina. La detención de varios activistas y el traslado ilegal de varios de ellos a la ciudad de La Paz, no solo que provocó la ruptura del acuerdo realizado semanas atrás con los vecinos movilizados sino que provocó el endurecimiento del bloqueo tensionando aun más la polarización política y social en el país.

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Las denuncias penales y la persecución política a los principales candidatos del MAS incluso provocó que un grupo de senadores demócratas a la cabeza del ex candidato presidencial Bernie Sanders denunciaran al Gobierno de Áñez de violar derechos civiles y políticos exigiendo un proceso electoral democrático y transparente. En el mismo sentido el abogado de Morales, Eugenio Zaffaroni, denunció la persecución política y restó toda importancia jurídica a las denuncias contra su defendido, afirmando que lo que se busca es impedir la participación del MAS en las próximas elecciones, buscando consolidar el nuevo régimen golpista evitando los riesgos de un triunfo del MAS en las próximas elecciones.

Por su parte la Cámara de Industria y comercio, CAINCO, así como las organizaciones del empresariado, junto al agrupamiento del facho Camacho, CREEMOS, han llamado a suspender nuevamente las elecciones con motivo del crecimiento geométrico de contagios acompañado por el colapso del sistema de salud, afirmando que la “salud está primero” y alertando de un “desastre” si se mantiene la fecha de elecciones.

Denuncian que el colapso sanitario es alentado de manera consciente

Ante esta situación de crisis política, la pandemia y el colapso del sistema de salud con la explosión de contagios, muertes en domicilios, trabajos, en las puertas de los hospitales y en la vía publica, empezaron a difundirse en las redes sociales y por parte de algunos dirigentes sindicales y del MAS, la opinión de que esto estaría siendo provocado de manera consciente con el objetivo de justificar la postergación indefinida de las elecciones.

El tan renombrado “comité científico” que asesora a la presidenta Jeanine Áñez ha venido cambiando las proyecciones sobre la fecha en que Bolivia alcanzará el pico de contagios, afirmando que ahora prevén ésta fecha para finales de agosto y principios de septiembre. En un primer momento se afirmó que este colapso se daría a principios de mayo, logrando postergar las elecciones para agosto, luego determinaron que sería julio y agosto, logrando postergar las elecciones al 6 de septiembre y ahora, nuevamente se presiona para una nueva postergación de las mismas.

La negativa a desarrollar test masivos cuando aun era posible evitar el contagio comunitario, la falta de provisión de implementos de bioseguridad para el personal de salud y que ya se está traduciendo en paros y movilizaciones por parte del sector ante la muerte de casi 80 trabajadores de salud, alimentan la especulación de una posible instrumentalización consciente del desastre sanitario para alcanzar los objetivos políticos de impedir la posibilidad de un triunfo electoral del MAS. Los bochornosos actos de corrupción que se vienen destapando en la adquisición de los respiradores así como en la falta dramática de unidades de cuidados intensivos, de camas de internación, respiradores, entre otros, se vienen traduciendo en un aumento de muertes por falta de atención médica y colapso de los centros hospitalarios.

El Gobierno, y particularmente los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López, o el de Obras Públicas, Iván Arias, vienen responsabilizando a la población de esta explosión de contagios, por “no respetar la cuarentena”, olvidándose que la misma ya lleva mas de 100 días y que ha terminado haciéndose insostenible para las mayorías trabajadores y los sectores populares más empobrecidos que ya no tienen qué comer.

El Gobierno golpista evade así su propia responsabilidad, consciente o por desidia, de la desastrosa gestión de la crisis sanitaria y que está provocando la muerte fundamentalmente de trabajadores y trabajadoras, de indígenas y sectores populares mientras el sector privado de salud continua realizando suculentos negociados en la atención de casos de COVID-19.

La profunda crisis de salud combinada con la crisis económica, política y social que se ha puesto en marcha hace difícil predecir el resultado de la actual disputa política y del mismo proceso electoral, toda vez que la represión y la persecución política se han convertido en la clave de la agenda gubernamental mientras se usa la pandemia discursivamente para mantenerse al frente del poder del Estado.

Desde la LOR-CI repudiamos la persecución política al MAS, lo cual no significa brindar ningún apoyo político a este partido, no lo dimos antes y tampoco ahora. Desde el inicio de su Gobierno denunciamos que el pacto constitucional del 2009 y que inauguró el Estado Plurinacional, firmado por el MAS y representantes de la derecha regional agrupada en la llamada "media luna" permitió el foralecimiento del empresariado, la agroindustria y la derecha racista que finalmente dió el golpe de estado en noviembre pasado. Hemos señalado también su responsabilidad en haber entregado a esa derecha banderas democráticas con sus medidas autoritarias como fue el referendum del 21F. Hoy ha sido el propio MAS que a consencuencia de su negociación sistemática con la derecha, ha barnizado de legalidad al régimen de Áñez.

El escenario está abierto y hasta el 6 de septiembre muchas cosas pueden pasar. Desde la LOR-CI creemos que serán las y los trabajadores que han empezado a resistir los ataques al empleo, al salario y, como lo muestra K’ara K’ara, a las condiciones de vida de amplios sectores populares quienes tendrán la última palabra en cómo se resuelva la crisis política en curso. Esto dependerá en gran medida de cómo se generalicen y efectivicen las muestras de resistencia que varios sectores anuncian para los próximos días y semanas.

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