La oposición al “duopolio” derecha- ex Concertación, bandera con la cual el Frente Amplio presentó su propuesta política hace cinco años atrás, planteándose como alternativa a los partidos tradicionales del Chile heredero de la dictadura de Pinochet, es una idea cada vez más lejana. Ad portas de asumir Boric como presidente, la influencia de los partidos de la ex Concertación en el próximo mandato, especialmente del Partido Socialista, ya se expresa en varios cargos y gestos a la moderación exigida por los defensores del modelo. En la región de Antofagasta, el PS se quedó con la delegación presidencial regional y se esperan varias seremis a su cargo; además de la presencia del Partido Radical en el estratégico Ministerio de Minería.
Martes 8 de marzo de 2022
Equilibrar mejor la distribución de fuerzas políticas al interior del próximo gobierno de Gabriel Boric, es lo que exigen los partidos de Apruebo Dignidad tras el anuncio de cargos por parte del futuro mandatario. En la región de Antofagasta, el lunes 28 de febrero se anunció que la delegación presidencial regional quedó en manos del Partido Socialista, con la abogada Karen Behrens, generando molestia en el bloque y comentarios por parte de partidos como la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), del electo senador Esteban Velásquez, tienda que reclamó por el nombramiento y exigió un equilibrio de fuerzas en los próximos nombramientos de cargos del Gabinete Regional.
Por su parte, Revolución Democrática se quedó con la delegación provincial de El Loa, con Miguel Ballesteros a la cabeza, una figura cercana a la diputada Catalina Pérez. Y, para calmar las aguas, se anunció que la delegación provincial de Tocopilla quedaría en manos de la FRVS, con el actual concejal de dicha comuna, Pablo Albornoz.
Al nombramiento de una militante PS en la delegación presidencial regional- cargo responsable del gobierno interior, del orden y seguridad pública, de la coordinación de los servicios públicos y supervigilancia, y que estará totalmente ligado a la respuesta del Gobierno central ante la crisis migratoria que se vive en el norte del país-; se suma que por lo menos cuatro Secretarías Regionales Ministeriales (Seremi) quedarían en manos de militantes PS. Dentro de nombres barajados está el de Wilson Díaz en la seremi de Bienes Nacionales, Héctor Bravo en Minería y Jacqueline Santander en Mujer.
Por su parte, el Partido Radical, histórico defensor de los intereses capitalistas y de las grandes trasnacionales que saquean en la región, se quedó con el estratégico Ministerio de Minería, el que será encabezado por Marcela Hernando; y, según anuncios en medios de prensa, habrían propuesto a Santiago el nombre de Marcelo Encina, presidente regional del PR, para la seremi de Agricultura, y de Omar Quiroz para Economía. También ha corrido el rumor de que la seremi de Trabajo podría quedar en manos de la PR María Teresa Véliz.
Por otro lado, el Partido Comunista parece un gran ausente en toda la repartición de cargos, aunque según medios de prensa estarían intentando convencer de que Pablo Iriarte tome la seremi de Gobierno, un cargo más relevante, y meter a María Ojeda en Educación, otra gran área de debate y conflictos. No obstante, siendo uno de los principales ganadores de las elecciones (junto al FA del pacto Apruebo Dignidad), no logra un protagonismo destacado en las autoridades de gobierno. El PS, por otro lado, es el gran ganador quedándose con la cabeza de la gobernanza regional, junto al gobernador regional Ricardo Díaz, quien ante la crisis migratoria se sumó al coro represivo, solicitando que se mantenga el Estado de Excepción y la presencia militar, mientras no da ninguna solución de fondo ante el aumento de personas viviendo en la calle, ni mucho menos plantea medidas que impliquen afectar las multimillonarias ganancias de las mineras y transnacionales y que podrían dar solución a la crisis humanitaria. ¿La presencia de fuerzas represivas en las calles será la política que impulsarán las autoridades del próximo Gobierno?
Más allá que estos nombres sean los definitivos- lo que se sabrá en los próximos días cuando se oficialicen los cargos del futuro Gobierno Regional-, lo de fondo es el avance de la ex Concertación en la administración del próximo mandato de Apruebo Dignidad. Esto abre la pregunta: ¿cuánto de Nueva Mayoría 2.0 tendrá el gobierno de Boric? ¿Terminará siendo un cogobierno con partidos tradicionales que durante décadas administraron el Chile de los 30 años, el modelo capitalista y neoliberal que millones impugnaron en el estallido social? Todo apunta hacia allá…
La oposición al “duopolio” derecha- ex Concertación, bandera con la cual el Frente Amplio presentó su propuesta política hace cinco años atrás, planteándose como “alternativa” a los partidos tradicionales del Chile herederos de la dictadura de Pinochet, es una idea cada vez más lejana. Ad portas de asumir Boric como presidente, la influencia de los partidos de la ex Concertación en el próximo mandato, especialmente del Partido Socialista, ya se expresa en varios cargos y gestos a la moderación exigida por los defensores del modelo.
Esta política de alianzas con partidos empresariales para así dar “gobernabilidad” al país y, supuestamente, avanzar en garantizar demandas sociales exigidas por el pueblo trabajador y sectores populares, va en la misma línea de lo realizado por el Partido Comunista en el segundo gobierno de Bachelet; administración que tuvo como objetivo desviar los cuestionamientos abiertos por sectores como el movimiento estudiantil o los trabajadores subcontratados de la minería, intentando cerrar la crisis abierta del régimen político chileno bajo un discurso de ser un gobierno que respondería a las demandas sociales planteadas durante años. Sin embargo, esto nunca sucedió, Bachelet jamás entregó la educación gratuita, ni garantizó sueldos y pensiones arriba de la línea de la pobreza; tampoco entregó las demandas exigidas desde el movimiento de mujeres- al contrario, desvío el movimiento con la política del aborto en tres causales, una medida mínima que, hasta la actualidad, no se garantiza por parte del Estado-, no terminó con modalidades de trabajo precarizadoras como el subcontrato y mantuvo una política represiva con el pueblo mapuche, cargando con muertes de comuneros mapuche y la del trabajador minero subcontratado, Nelson Quichillao, asesinado en plena huelga y movilizaciones contra el Acuerdo Marco… Ni qué decir sobre la relación con grandes empresarios, como fue expuesto tras la revelación de casos de corrupción, como el conocido con SQM.
Este tipo de mandato y alianzas son las reivindicadas por el futuro gobierno de Apruebo Dignidad, por eso confían en los “sectores progres” de la ex Concertación y en partidos como el PS, abriéndoles las puertas para que se sumen al control del próximo gobierno. La designación de gente como Mario Marcel, ex presidente del Banco Central, una figura conocida y cercana a la ex Concertación, al mando del Ministerio de Hacienda, fue un gesto a los grandes empresarios y a quienes quieren mantener intactos los principales pilares del modelo económico chileno, cambiando ciertas cosas para que nada cambie de fondo.
A nivel internacional, la crisis económica y social, agudizada con la pandemia del coronavirus, los conflictos geopolíticos, como el actual entre EEUU-OTAN con Rusia, la inflación, el aumento de la pobreza en el mundo y los índices económicos que se auguran para los próximos meses, plantean un complejo escenario y marcan con más fuerza las contradicciones del sistema capitalista, que enriquece a un puñado minoritario, mientras precariza y empobrece a las grandes mayorías. La conquista de demandas sociales- como salud, educación, vivienda, pensiones y sueldos dignos- estará directamente relacionada con cuánto se choque con los intereses de los grandes dueños del país. En Chile, es imposible garantizar lo abierto en la rebelión popular sin afectar las ganancias de grupos como Luksic, Matte, Angelini, de trasnacionales como BHP, y sin impulsar medidas cruciales como es la nacionalización de los recursos naturales, bajo control de trabajadores, comunidades y profesionales, que permita poner a disposición las grandes riquezas del país para solventar las necesidades sociales de la población. ¿Boric y su gobierno de Apruebo Dignidad va a enfrentar estos intereses? ¿Será de la mano de la ex Concertación, y de los mismos dinosaurios defensores de este régimen, como se podrá conquistar lo exigido por millones de personas en la revuelta de octubre? Sin que aún asuma el próximo Gobierno, ya se puede visualizar el rumbo que tomará esta nueva administración y su cada vez más parecido a una Nueva Mayoría 2.0.
La confianza debe estar en las fuerzas de la movilización, en la lucha que han dado trabajadores, trabajadoras, jóvenes, estudiantes, pueblo mapuche, en estos años de impugnación al modelo de los 30 años, demostradas en la revuelta social y en la lucha que han dado sectores como el movimiento de mujeres, que este 8 de marzo protagonizará la primera manifestación política masiva a nivel nacional. Ad portas del cambio de mando, ¡vamos por un movimiento de mujeres independiente del Gobierno! ¡Con organización y en las calles, podremos conquistar derechos como el aborto legal, libre, seguro y gratuito!
