Ex Nueva Mayoría lanzó un salvavidas a gobierno de Piñera

Con un proyecto de ley la diputada por el PRSD, Marcela Hernando, propuso reducir la cantidad de parlamentarios tanto en la cámara baja como alta. Así, el documento argumenta a favor de reducir a 120 diputados y 38 senadores modificando los actuales 155 ediles y 43 legisladores -con perspectiva de 50 para el año 2022- resultantes de la última reforma al sistema binominal promulgada en el anterior gobierno de Michelle Bachelet.

Si bien esta reforma fue la última del gobierno de la ex Nueva Mayoría el año pasado, fue el resultado de la presión y crisis vivida tras las movilizaciones del 2011 en adelante, las cuales cuestionaron desde el problema de la educación pasando por la necesidad de cambios profundos en los pilares de la herencia de la dictadura.

Entre estos se encontraba el cambio al sistema binominal, donde el parlamento se reduce a dos fuerzas que se disputan leyes y proyectos, reduciendo la injerencia de partidos menores o desarrollando trabas para la aparición de nuevas agrupaciones políticas.

La reforma de Bachelet contempló el aumento de 130 diputados a 155 siendo ésta la máxima expresión de democracia en Chile en términos cuantitativos. Por su parte, en la cámara alta del Senado se elevó de 38 a 43 ediles reformando -parcialmente – 25 años de bicameralidad.

¿Qué cambió? Primero que todo permitió que nuevos partidos pudiesen presentarse a elecciones como fueron las del pasado noviembre del 2017. Esto no exentas de contradicciones, con una nueva ley de partidos políticos que redujo la cantidad de posibles dineros percibidos o donaciones lo que profundizó una brecha entre grandes partidos patronales con los grupos que entraban en carrera y que hoy no existen.

No existen a pesar de la reducción del 0,25% de cantidad de afiliados para legalizar nuevos partidos, esto principalmente debido a la dificultad para sostener proyectos en perspectiva nacional frente a las colectividades que perciben millonarios aportes -incluso ilegales- de financistas privados y que les da un margen para realizar actividades partidarias propias de cada tienda.

También a grandes rasgos permitió que tuviera una nueva expresión política tuviera su cristalización en el régimen y el parlamento, como fue el fenómeno del Frente Amplio quienes cuentan con 20 diputados 1 senador.

Un nuevo salvavidas

Con el proyecto propuesto por Marcela Hernando (PR), Miguel Ángel Calisto (DC), Paulina Núñez (RN) y Jorge Alessandri (UDI) el funcionamiento del congreso volvería a estar tal como estuvo hasta marzo de este año.

Desde un principio parlamentarios del entonces bloque de oposición (UDI y RN) mantuvieron la posición de no reformar el sistema binominal apelando principalmente al alto costo que esto significaría.

Considerando este debate abierto por personeros de derecha cabe discutirlo más abiertamente. Con la crisis abierta luego del profundo cuestionamiento de los últimos años al régimen político, seguido de los variopintos casos de corrupción con centro en el financiamiento ilegal de la política, con la UDI como principal protagonista de estas, no había otra forma plausible que reformar -senilmente- para poder desviar el descontento.

Pero con estas reformas nuevas preguntas se abrieron: viáticos innecesarios, sueldos millonarios y para quienes han venido legislando son parte del cuestionamiento actual.

Para los que impulsaron el proyecto se trata de “reparar una reforma mal hecha por el gobierno anterior. El señor Peñailillo dijo que era una reforma de más parlamentarios a cero costo fiscal, y terminó siendo una falacia”.

Aludiendo a los altos gastos con el aumento de parlamentarios, pretenden reducir los costos para así mantener sus privilegiados puestos, frente a esto la oposición de la ex Nueva Mayoría llega a un acuerdo tácito y el Frente Amplio solo propone pequeños cambios como el fin de los viáticos de los ediles.

Cambios que no harían más que generar soluciones parches para problemas más profundos a la cuestión de la democracia en un país donde los empresarios con sus partidos y legisladores tienen la iniciativa permanente al interior de las cámaras.

“se introduce la idea de bajar el número de parlamentarios a lo que era previamente, o sea, 120 diputados y 38 senadores (…), en razón de austeridad y por la molestia que tiene la ciudadanía con el funcionamiento del Parlamento; es hacer eco de una demanda ciudadana”, aseguró Hernando, sin contar que a precisamente lo que necesita el parlamento es mayor representatividad expresada en cantidad de legisladores que representen los intereses de amplios sectores de masas y sus aspiraciones.
En este punto se ve la falacia argumentativa de la reducción de parlamentarios. Una democracia “sólida” en boca del UDI Calisto no puede tener otro fin que proteger sus intereses en un sistema que los mantiene como millonarios frente al empobrecimiento progresivo en los sueldos y el aumento relativo en el coste de vida.
Una comparación necesaria. El proyecto no tiene solo a estos cuatro impulsores, además es apoyado por diputados demócratacristianos como Matías Walker, Manuel Matta, Mario Venegas y de los radicales Fernando Meza, José Pérez y Carlos Abel Jarpa.

Pero ¿es posible una fórmula contraria? Experiencias tales como el Frente de Izquierda de los trabajadores (FIT) en Argentina, donde sus diputados y senadores promulgaron leyes que reducen la dieta parlamentaria al nivel del sueldo de un trabajador calificado es un camino.

Esto traducido a Chile significaría que los sueldos se redujeran de los actuales $9.349.851 brutos (equivalentes a 26 sueldos mínimos de $276.000) a aproximadamente $700.000 . Una baja de casi un 92,5%. Con esto solo se ahorrarían costos y podría aumentar la cantidad de representantes en la cámara, sin significar un sacrifico de las arcas fiscales.

Así un nuevo salvavidas le llega a Piñera en el contexto de una crisis de aprobación la cual se mantiene en un 38% y una desaprobación en aumento la cual ya superó el 48%. Esto luego del homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca el cual mantiene a instituciones como Carabineros en un 28% histórico de rechazo.
El proyecto se contempla trabajar en el para principios de enero del año 2019 o más tardar marzo. Con lo que respecta a volver a voto obligatorio la mayoría de los impulsores recularon en esta materia.