Los ex prisioneros políticos en huelga de hambre dieron un paso más y se declararon en huelga de hambre seca, en lucha por las demandas de reparación y justicia.
Natalia Cruces Santiago de Chile
Lunes 6 de junio de 2016
El 18 de abril comenzó la huelga de los ex prisioneros políticos de la Dictadura. Son seis huelguistas en Santiago y uno en Concepción, que están llevando adelante esta acción, hace 48 días la huelga, en demanda por reparación y justicia.
En el caso de Santiago, los seis huelguistas definieron hace cuatro días atrás pasar a una huelga de hambre seca, lo que significa en sus palabras radicalizar el movimiento como una forma de crítica y denuncia a la invibilización que de parte del Gobierno y los medios de comunicación se realiza a la huelga.
Las demandas que se plantean se refieren a dos puntos: la reparación, en la que se busca aumentar las bajísimas pensiones que tienen los ex prisioneros políticos, las que dan cuenta también de las políticas de impunidad y reparación formal que dejó instalada la transición pactada entre militares, Derecha y Concertación; la que posibilitó que quedara en pie gran parte de la política de la Dictadura, entre ella la Ley de Amnistía, los senadores designados, la Constitución del 80, las pensiones millonarias para los militares –incluyendo los violadores de derechos humanos- entre otras cosas.
La huelga también muestra la continuidad de la impunidad, la que se expresa en la baja cantidad de militares que están detenidos y condenados por violaciones a los derechos humanos, y los pocos que están detenidos no están ni siquiera en una cárcel común, sino en la cárcel especial de Punta Peuco, con una serie de beneficios y prebendas, pero también en la existencia de pactos de secreto, de archivos cerrados y de la política de la Concertación que en su momento, bajo el gobierno de Lagos, impulsó activamente que los testimonios que se dieron en el Informe Valech quedaran con secreto durante 50 años, aumentando la impunidad.
La huelga cuenta con una amplia solidaridad nacional e internacional de quienes fueron detenidos durante la Dictadura, como también de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas de izquierda. Sin embargo, sigue siendo ocultada e invisibilizada.
El comunicado de los huelguistas, donde se votó pasar de huelga de hambre a huelga de hambre seca “debido al incumplimiento de parte del estado y del gobierno de Chile a los acuerdos suscritos con las naciones del mundo en el artículo 60/147 con respecto a reparación de las víctimas de la dictadura cívico militar, en nuestro caso por tortura y prisión política, nosotros declaramos que debido a este incumplimiento continuaremos nuestra huelga de hambre y anunciamos que pasaremos a una etapa superior, es decir, HUELGA SECA. Nuestras reivindicaciones siguen siendo las mismas. Acusamos a este gobierno ante las naciones unidas por la irresponsabilidad e indiferencia a los DD.HH, situación que están viviendo 30.000 (aproximadamente), ex presos políticos reconocidos por la Comisión Valech y 57.000 (aproximadamente), ex prisioneros políticos no reconocidos. Continuaremos hasta las últimas consecuencias, hasta que el gobierno de Chile nos escuche”, denuncian en el documento.
Desde Canadá, el movimiento siglo 21 expresa su solidaridad con los huelguistas y denuncian a los distintos gobiernos post Dictadura, señalan que “son muchas las secuelas físicas y psicológicas sumadas a las condiciones paupérrimas que las familias de los expresos políticos tienen día a día que soportar”. Explican además que se ha “postergado sistemáticamente el tema de la reparación e indemnización para las victimas de prisión política y tortura. Con un claro intento que las victimas envejezcan y mueran, mientras los familiares sobrevivientes seguirán condenados a vivir con sus traumas y precaria situación económica”.
