Según testimonio de una empleada de Provida existe un procedimiento denominado “control de siniestralidad”. El propósito de este sería limitar y reducir, artificialmente, las solicitudes de pensión por invalidez y, por consiguiente, el costo que este significa para la AFP.
Kevin Bustamante Médico de Familia, trabajador de Atención Primaria de Salud, militante del PTR.
Jueves 28 de marzo de 2019
Según consta en un reportaje publicado por The Clinic y bajo el testimonio de dos ex funcionarios de Provida y Cuprum se acusa de un boicot ilegal por parte de las administradoras de pensiones y otros cómplices a la hora de otorgar el seguro de invalidez.
El Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), es un porcentaje del sueldo imponible del trabajador: actualmente 1,53 %. Si el trabajador o trabajadora es dependiente, ese porcentaje lo paga el empleador. Parece insignificante, pero con esto las aseguradoras se llevan un cuantioso 15% sobre el monto que mes a mes aportan los trabajadores a las AFP.
En teoría, el SIS cubre la eventualidad de que el trabajador o trabajadora sufra una enfermedad invalidante que que impida total o parcialmente sus actividades laborales.
La Fundación Valídame, cuyo presidente es el "ex Cuprum" Juan Carlos Pizarro, ha acumulado sobre 400 casos documentados, obtenidos a través de ley de Transparencia, en los cuales observa: "en el proceso de declaración de invalidez todas las entidades relacionadas con la materia contribuyen, desde distintas posiciones, a mantener los números tan bajos como sea posible: la Superintendencia de Pensiones, las Comisiones Médicas, las compañías de seguros, la Asociación Gremial de las AFP y la Asociación Gremial de Aseguradoras de Chile."
Lo preocupante es que justamente son la Superintendencia y las Comisiones Médicas -contratadas por aquella- quienes debieran velar por los derechos de los afiliados y actuar como contraparte de las AFP y las compañías de seguro. Y no sólo eso, la Asociación Gremial de las AFP le paga al personal administrativo de las comisiones, quienes son los que tienen contacto real con la documentación. Todo "bajo control".
De esta forma, la cantidad de gente declarada inválida (para seguir trabajando por el daño a su salud) se ha mantenido constante durante los último 8 años. La mismísima experiencia del ex administrativo y afiliado a Cuprum dio cuenta de que el médico de de la Comisión que debía evaluarlo ya lo había descartado para obtener el derecho de invalidez ANTES DE ABRIR SU EXPEDIENTE DE SALUD.
Una diferencia fundamental: por la vía de la jubilación normal el afiliado saca al rededor del 35% de su último sueldo, sin embargo, al demostrarse su invalidez esta (tasa de recambio) representa entre el 60 al 70 % de la remuneración: por algo el empresario busca minimizar este tipo de seguros.
Según la encuesta CASEN del 2017, sólo 2 de cada 3 asalariados cotiza en las AFP, es decir un 68% que desde el 2015 no se ha modificado. Del 10% más pobre sólo cotiza la mitad y del décimo más rico, el 81%. Los expertos aconsejan mayor educación en pensiones y fiscalización por parte de la Drección del Trabajo.
Pero hace años que el grito de millones, al son el "NO más AFP", puso un antes y un después en tanto ya no queremos este sistema con todos sus recovecos sucios y otros ocultos que lo único que nos entregan son miserias en nuestra vejez. El Sistema de Reparto, solidario, tripartito que se muestra como alternativa e impulsado por sectores del movimiento social junto a la IPL (Iniciativa Popular de Ley) no puede estar desligado de dos cosas: la gestión propia de los fondos por parte de trabajadores y un plan de lucha y organización que derroque el imperio siniestro de las AFP en Chile. Lo demás, será "papel mojado".
