Andrés Manuel López Obrador prometió la obligatoriedad de la educación superior en la pasada campaña presidencial, lo que significaría un gran logro de los jóvenes que año con año salen a marchar en contra de los mecanismos de exclusión.
Maestra Teresa Aguilar Maestra de secundaria, Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase
Jueves 9 de mayo de 2019
La educación superior, pública y gratuita significaría una gran oportunidad de estudiar para los sectores más desfavorecidos de México.
En 2017, la OCDE declaró que México era el último lugar de los países miembros en acceso a la educación superior (2 de cada 10 adultos pueden acceder a este nivel, de acuerdo con datos de El Financiero, 04.05.2018).
Cabe mencionar que hace 40 años que no se construyen escuelas de la UNAM y 30 en el caso del Politécnico.
En el proyecto de decreto de Reforma Educativa que sustituirá - con muchos elementos de continuidad- la actual de 2013, se establece la garantía del Estado para la educación superior en el artículo 3°. Ya desde agosto de 2016, AMLO prometía eliminar los exámenes de ingreso en este nivel educativo como propuesta de campaña, que reafirmó en 2018.
Sin embargo, la anexión de la fracción X en el artículo 3° dice a la letra:
“La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, el cual ofrecerá oportunidades de acceso a este tipo educativo para todas las personas que cumplan con los requisitos solicitados por las instituciones respectivas”
Podemos ver que “todas las personas que cumplan con los requisitos solicitados” no son todas las personas que quieran acceder a este nivel educativo. Peor aún, esta fracción no solo le quita la obligatoriedad al Estado para garantizar el nivel superior educativo, sino que además avala desde la Constitución los “requisitos solicitados” por las instituciones de educación superior, es decir, los mecanismos de exclusión de estas instituciones, tales como los exámenes de admisión y las encuestas socioeconómicas, además de cuotas, mecanismos que muchas veces significan un costo que los aspirantes no pueden cubrir.
Ya la obligatoriedad de la educación media superior, establecida en la Carta Magna en febrero de 2012 durante la administración de Felipe Calderón (PAN), en periodo preelectoral, es una farsa que continúa con costosos exámenes estandarizados, que no evalúan las capacidades de los aspirantes y que enriquecen al famoso Centro
Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) desde 1994 con cuotas desde los $207 a los $227, y hasta $695 por alumno en el caso de posgrado (Listas de precios CENEVAL 2019).
Esto no es más que la iniciativa privada en la educación, nada de educación obligatoria garantizada por el Estado. Lo cierto es que hasta el momento son miles los jóvenes excluidos de la educación media superior, menos del 40% recibe educación en este nivel y los bajos recursos económicos siguen siendo el principal motivo.
Una ley no se puede establecer como obligatoria por decreto, se debe trabajar en su realización efectiva. Sin embargo, el gobierno no destina recursos suficientes a la educación, sino que ha preferido invertir casi 4 veces más en materia de “seguridad pública” en comparación con la educación media superior y la superior.
El Estado podría incrementar considerablemente el presupuesto destinado a la educación, por ejemplo, a través de cobrar impuestos a las grandes fortunas con incremento gradual y de rechazar el pago de la interminable deuda externa.
La educación debe ser gratuita en todos sus niveles y debe estar al servicio de los intereses de la población, lejos de la política de tecnificación y las tendencias privatizadoras impuestas por los organismos empresariales y financieros mundiales.
Pero cambiar las condiciones de la educación en México no va a depender del gobierno, aunque tuviera la buena voluntad de hacerlo, sino de la organización y la movilización de la población afectada: estudiantes, trabajadores y sus familias involucrándose en las decisiones políticas respecto a la educación, en la gestión del presupuesto y en la elaboración de planes de estudio, junto a los sindicatos del sector educativo y especialistas.
Como maestros de distintos niveles educativos sabemos que las políticas del régimen en materia de educación en los últimos años, incluyendo los meses de la nueva administración, afectan la educación y nuestros derechos laborales cada vez más profundamente.
Estudiantes, trabajadores, madres y padres de familia debemos unirnos para luchar en defensa de la educación pública y gratuita y contra el nuevo ataque que significa la nueva reforma educativa.
Junto a ello, es necesario que las bases trabajadoras salgamos a exigir a nuestras direcciones sindicales que llamen a la movilización y garanticen la unidad entre los trabajadores de la educación de todos los niveles, para que ninguna lucha quede aislada, como lamentablemente ocurrió con la huelga del SITUAM.
La Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase y la Agrupación Juvenil Anticapitalista marchamos este 15 de mayo e invitamos al SITUAM, al STUNAM y a todos los estudiantes y trabajadores a sumarse a nuestro contingente para marchar en defensa de la educación pública y gratuita en todos los niveles y de nuestros derechos laborales.
