Un fallo de la Cámara Nacional Electoral y varios proyectos de ley proponen actualizar la base sobre la que se eligen los integrantes de esa cámara. La izquierda pide terminar con los pisos proscriptivos.
Viernes 6 de julio de 2018
Nadie se sorprenderá si se le comenta que parte de la normativa que regula la elección de los diputados nacionales proviene de la última dictadura. Los 35 años transcurridos desde el fin del llamado Proceso de Reorganización Nacional lejos están de haber terminado con las leyes y decretos establecidos en aquel período por el poder de los genocidas.
La así llamada “Ley Bignone” -establecida durante el período en que ese represor ocupó la presidencia de facto- aun determina los marcos con los que se elige a los integrantes de la Cámara Baja. La norma señala en su artículo 3° que “el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500”.
Al mismo tiempo, el actual funcionamiento electoral no cumple parte del ordenamiento que establece la Constitución Nacional. En su artículo 45, esta define que “después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado”.
Esto último no ocurre desde el registro que tuvo lugar en el año 1980. De conjunto, lo que se ha configurado en la Argentina es un sistema que tiende a crear una sobrerepresentación de los distritos de menor tamaño poblacional en relación a los de mayor peso. Esta cuestión ha sido señalada en varias ocasiones por diversos sectores políticos y jurídicos.
Este jueves, por ejemplo, el PTS-FIT volvió a insistir en un proyecto que ya había presentado en 2016, apuntado a la modificación del sistema. También se conoció un fallo de la Cámara Electoral Nacional, donde los jueces Alberto R. Dalla Via y Santiago H. Corcuera llaman al Congreso Nacional a dar los pasos necesarios para reparar esta situación.
En este último caso, en una resolución de 28 páginas, los integrantes de la Cámara plantean “poner en conocimiento de la presente al Congreso de la Nación, a fin de que, en ejercicio de sus atribuciones, extreme los recaudos para ejecutar el mandato que establece el artículo 45 de la Constitución Nacional”.
El proyecto de Bregman y Del Caño ilustra los problemas de representación que acarrea el actual sistema. “Como ejemplo, señalamos que la desproporción de la cantidad de representantes de los distritos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Santa Fe y Córdoba, los tres con un padrón relativamente similar”, ilustran.
Lo hacen señalando el evidente beneficio que eso implica para la capital del país: “La actual proporción surge del Decreto Ley 19.862 firmado por el entonces dictador Alejandro Agustín Lanusse y no contempla siquiera que la Capital Federal no creció demográficamente en los últimos 45 años, mientras que sí lo hicieron las restantes provincias”.
Contra las cláusulas proscriptivas
El proyecto presentado por la izquierda señala dos cuestiones que van más allá de la ampliación de la cantidad de diputados.
El proyecto presentado por la izquierda plantea una nueva representación por provincia que incrementa el peso de aquellas donde la población es mayor. Allí se señala que “de aprobarse este proyecto, la Cámara de Diputados pasaría a tener una composición de 328 diputados”.
Sin embargo, también da cuenta de que “la elección de los diputados utilizando el territorio nacional como distrito único sería más democrática que la actual elección por distritos, ya que el voto de cada elector tendría el mismo valor representativo en cualquier parte del país”. El criterio de distribución por provincias, aún sumando diputados, mantiene una cierta arbitrariedad.
El segundo aspecto señalado por la izquierda está relacionado al piso establecido para participar en el reparto de bancas. De hecho, el artículo 5º de la Ley Bignone limita la participación en esa distribución a los agrupamientos que hayan alcanzado en votos un 3 % del padrón electoral del distrito.
En los hechos, ese mecanismo funciona solo en la provincia de Buenos Aires, limitando el ingreso de diputados electos por algunas de las fuerzas. Se señala en el fundamento del proyecto que “en 2011 la alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) obtuvo 285.582 votos para la categoría de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Según el vigente sistema D’Hont, con esa cantidad de votos el Frente de Izquierda hubiera obtenido un diputado en el puesto 24º dentro de los 35 que accedieron a sus bancas. Pero al no haber llegado al 3% del padrón, hubo once diputados que ingresaron con menos votos de lo que obtuvo el FIT”.
Criticando este conjunto de mecanismos restrictivos, el comunicado señala que "es hora de acabar con toda la legislación impuesta por los gobiernos de facto”.
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