Se presentó ante la Corte Suprema un pedido de incontitucionalidad del 2x1. La realizó la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos con el patrocinio de las abogadas de Justicia Ya La Plata.
Gloria Pagés @Gloria_Pages
Viernes 16 de junio de 2017 08:42
La presentación se hizo el pasado miércoles 14, en la misma semana en que el juez federal subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, Alejandro Esmoris, otorgara el beneficio del 2x1 a los miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense, Ramón Fernández y Abel Dupuy, condenados a 25 años de prisión en 2010 por aberrantes crímenes cometidos en la Unidad Penal 9 de La Plata.
María Luz Santos Morón, abogada y referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) e integrante de Justicia Ya, indicó que se presentaron ante la Corte Suprema manifestado “el rechazo al pedido por parte de la defensa del represor Raúl Espinoza y de Carlos del Señor Hidalgo Garzón que solicitaron la excarcelación basándose en el fallo de la Corte que habilitó el beneficio del 2x1 para genocidas”. La apelación de la defensa de los represores se da luego de la Secretaría de Derechos Humanos se opusiera por la vía judicial, tomando nota del rechazo masivo que había provocado la resolución de la Corte, al pedido de aplicación del 2x1 solicitado por los condenados en causas tramitadas en tribunales platenses.
Espinoza fue personal civil de inteligencia del Destacamento 101 del Ejército y actuó en el Centro Clandestino de Detención conocido como La Cacha y sobre quien pesa una condena de 13 años por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos.
Hidalgo Garzón fue miembro del Batallón 601 y condenado a fines de 2013 por la apropiación de la nieta restituida Catalina de Sanctis Ovando y a prisión perpetua por más de 200 crímenes cometidos en el CCD “La Cacha”. Está acusado en otras causas por que a pesar del tiempo transcurrido no tiene fecha de inicio del debate.
El tiempo y la dilación en estos casos es sinónimo de impunidad y en este caso tiene condimentos macabros. Higaldo Garzón ya había sido beneficiado con la prisión domiciliaria mientras se llevaba a cabo el proceso por la apropiación de Catalina, pero debió volver a prisión luego de que ella misma lo descubriera andando en bicicleta por el coqueto barrio de Palermo, cerca del Hipódromo.
A casi diez años de ese hecho, la semana pasada los jueces Germán Andrés Castelli y Alejandro Esmoris del Tribunal Oral 1 de La Plata decidieron otorgarle nuevamente el beneficio de la prisión domiciliaria “por el solo hecho de tener 72 años y estar estresado, negando los informes oficiales de los peritos médicos que entendían que Hidalgo Garzón que indicaban que nada impedía que siga cumpliendo la condena en prisión”, denunció Santos Morón.
Presentación ante la Corte Suprema
Tal como expresaron en el escrito presentado ante la Corte Suprema, la abogada del CeProDH María Luz Santos Morón señaló a este diario que “resulta inadmisible la aplicación de la ley 24.390 a delitos de lesa humanidad, que fueron cometidos en el marco del genocidio más cruento en nuestro país. EL rechazo unánime al fallo de la Corte y las masivas movilizaciones obligaron al congreso a sacar una ley declarativa en contra de la aplicación del beneficio del 2x1 a autores de crímenes de lesa humanidad. Por eso nos presentamos ante la Corte, para que rechace el pedido de Espinoza y declare la inconstitucionalidad del artículo 7 de esa ley, que es el que habla concretamente de la reducción de penas”.
En el escrito denuncian que el pedido del represor representa un agravio para las víctimas y familiares. “La aplicación de este beneficio es lesiva de todas las garantías constitucionales de las víctimas de estos graves crímenes. La gravedad aumenta, y así lo manifiestan en el escrito presentado, si tenemos en cuenta el peligro que implicaría para las victimas concederle la libertad a quienes han sido sus verdugos y el volver a reflotar el terror”, señalan.
Es inevitable la referencia a la segunda desaparición de Jorge Julio López en el año 2006 en el marco del juicio contra Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien es el principal sospechoso de la desaparición que aún no ha sido esclarecida.
Asimismo, Luz Santos Morón denunció, y así se lo hicieron saber al máximo Tribunal, que “el desmembramiento de las causas y la justicia a cuentagotas abren paso a este tipo de planteos por parte de quienes han sido condenados por delitos gravísimos y pretenden esta vez a través de la justicia conseguir un nuevo punto final. Lo que resulta inaceptable luego de años de lucha inclaudicable contra la impunidad y el negacionismo del genocidio ocurrido en nuestro país”.
Movilizarnos para terminar con la impunidad
Consultada sobre el otorgamiento del 2x1 a por parte del juez platense Esmoris, el pasado martes 13 la abogada del CeProDH y candidata a diputada porteña del Frente de Izquierda Myriam Bregman, denunciaba que “es evidente que la puerta que abrió la Corte Suprema no está cerrada, por más que el congreso haya sancionado una ley declarativa sobre una ley derogada”. Y exigió que a la Corte que “de manera urgente emita una resolución aclarando que ese fallo no va más, Lorenzetti y los que están mirando para otro lado mientras jueces de primera instancia siguen votando a favor del 2x1, son cómplices”.
Sabemos que para terminar con la impunidad lo que hay que hacer es movilizarnos, no dejar de estar en la calle y denunciar a la Corte Suprema como cómplices de esta impunidad.
