SAD EN LUCHA. “Exigimos la municipalización del SAD, contra la mala praxis de las empresas, la privatización de un servicio social y la desidia institucional ”

En las redes y en las movilizaciones las trabajadoras del SAD de Catalunya se solidarizan con las trabajadoras madrileñas quienes, desde el pasado lunes 23 de diciembre, han convocado desde los sindicatos de OSAD, CGT y UGT la primera jornada de huelga de las trabajadoras de los servicios de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Madrid y de Atención a la dependencia de la CAM. Un total de 17.000 trabajadoras en toda la comunidad ha comenzado un plan de lucha que continúa con nuevas huelgas convocadas para los días 26, 27 y 30 de diciembre y el 2 y 3 de enero.

Hoy en #MADRID con compañeras de todas las formaciones sindicales🔥

Caminamos hacia modelo de cuidados cruel, que solo piensa en la licitación. Un modelo que no piensa en movilizar a personas con discapacidad sin grúa🏗️, ni ayuda técnica. Cansadas de aguantar tanta desigualdad🤕 pic.twitter.com/zjHW3ZLUkm

— Sindicato Sad de Cuidadoras Profesionales (@SindicatoSad) December 23, 2024

Esther trabaja en el consell comarcal del Alt Urgell como trabajadora familiar en el SAD y es una de las pocas trabajadoras que ha sido municipalizada; es decir, contratada directamente por la administración pública y no por empresas privadas, gracias a la incansable lucha de las trabajadoras organizadas.

Desde hace años ellas vienen denunciando en las calles el alarmante entramado político entre las instituciones y las empresas y las grandes multinacionales, que presentan licitaciones relacionadas con los cuidados para lucrarse sin escrúpulos de un servicio esencial que debería ser público.

En la página web de CLECE, uno de los pulpos de Florentino Pérez, se anuncia: “Cerca del 20% de la población en España es mayor de 65 años. Un porcentaje que aumentará en los próximos años, lo que se traducirá en la necesidad de un mayor volumen de servicios de asistencia especializada”. Florentino hizo bien sus cálculos: esta multinacional cuenta con casi 35.500 personas trabajando (en condiciones precarias) en el cuidado de 157.926 personas mayores (servicio precario y expolio de sus bolsillos), en 95 centros con sus tentáculos en todos tipo de servicios: atención domiciliaria, centros de día, residencias, pisos tutelados y otras gestiones más. Hasta el final de nuestras vidas en manos de los beneficios capitalistas.

Todo ello, con la impunidad y desidia de los ayuntamientos y gestiones municipales, que están abonando cifras millonarias a empresas que se quedan con el dinero público y con la sangre, sudor y lágrimas de las trabajadoras, sin derechos laborales y bajos salarios.

“Las empresas fomentan cada vez más dependencia de este servicio a los usuarios para aumentar sus beneficios”

En una conversación horas antes de las fiestas de navidad, Esther nos explicaba la diferencia entre un servicio gestionado desde la municipalización y un servicio después de ser externalizado: “Las trabajadoras del SAD municipales forman parte de un equipo multidisciplinar de los servicios sociales, es decir, es un recurso de obligado cumplimiento municipal, sí o sí hay que ofrecer ese servicio. Eso significa que, a parte de la intervención en los domicilios, luego hay unas coordinaciones grupales o individuales para analizar los casos y buscar una solución conjunta como por ejemplo, si es necesaria la intervención de una enfermera, un pediatra, un psicólogo, una educadora o una trabajadora social. Es decir, formamos parte de un equipo multidisciplinar para ayudar a las personas usuarias a tener la máxima autonomía en todos los sentidos, en el marco de la LAPAD”.

Por tanto, las trabajadoras municipalizadas, son parte de un equipo de profesionales que trabajan para ello, según la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD) o lo que se conoce como la Ley de dependencia. Ahora bien, qué ocurre con todo este proceso cuando comienzan las externalizaciones.

Según Esther, “La función del SAD de fomentar la autonomía de las personas desaparece y las empresas se dedican a fomentar una mayor dependencia de este servicio a los usuarios, para aumentar sus beneficios. Porque, si no se están trabajando las coordinaciones y todo ese trabajo de prevención y educación al usuario, no es posible que las personas superen sus condiciones de vulnerabilidad".

Para Esther, esta es una de las consecuencias más graves que impactan en las personas usuarias y en la calidad de este servicio: “Desde que las administraciones públicas han decidido derivar esta obligación a empresas privadas, estas horas de coordinación fuera de los domicilios no les interesa para nada a las empresas, porque no cobran nada por esas horas, sólo cobran las horas a domicilio: sesenta minutos para duchar a una persona, acompañarla a las compras, etc. Esto supone que todo el trabajo multidisciplinar que acompañaba al SAD, se ha dejado de hacer por parte de las empresas, porque para ellos este trabajo no supone un ingreso. Y cuando la administración pública hace licitaciones, no lo está pagando, sólo paga el tiempo de un servicio que, cuanto más rápido se haga mejor. Esto tiene consecuencias graves tanto para las trabajadoras como para las personas usuarias, porque un servicio externalizado de una empresa significa un servicio productivo y contabilizado”.

“Luchamos por la municipalización de un servicio externalizado que necesita de trabajadoras precarias”

En otro plano, el impacto que tienen las externalizaciones en las condiciones laborales de las trabajadoras también tiene graves consecuencias. Así nos lo explica Esther, “El servicio no debería estar contabilizado en el sentido de que, cuando las administraciones públicas externalizan por licitación a una empresa, las trabajadoras forman parte de un convenio sectorial que tenemos aquí en Catalunya, en el resto de Madrid es otro, pero todos los convenios comparten la bolsa de horas. Esto significa que, por ejemplo cuando un usuario no está en su domicilio por vacaciones, ingreso en residencia o incluso porque salió de su hogar, la trabajadora no puede ir a su domicilio. Entonces esta trabajadora pasa a deberle, por así decirlo, esas horas a la empresa, aunque no lo ha hecho por motivos ajenos a la voluntad de la trabajadora. Y la empresa puede pedirle recuperar esas horas en cualquier momento y fuera de su jornada laboral”.

Esta es una gran diferencia respecto a las condiciones de las trabajadoras municipales, tal como nos explica Esther, “esto en un SAD no pasa, porque no entramos en bolsa de horas. Y cuando no podemos ir al domicilio del usuario, realizamos otras tareas laborales como informes de los usuarios, coordinaciones grupales, reflexión de los casos sobre qué podemos o no hacer. Y esto es una gran diferencia.”

Esto está relacionado con la fórmula “50+10”, como detalla Esther, “Por ejemplo en Catalunya la Gene otorga tantas horas de SAD a una persona. Y ¿qué hicieron las empresas?, han reducido a esta persona el tiempo de atención: cincuenta para el usuario y los otros diez minutos son para que la trabajadora pueda desplazarse de un domicilio a otro. Esto supone, primero, quitarle al usuario el derecho al tiempo de su atención. Pero por otra parte nos está demostrando que lo único que le interesa a la empresa es que la persona sea, por ejemplo duchada, pero no atendida para que mejore su movilidad o fomentar su autonomía, sino que lo que le interesa es que las trabajadoras puedan producir y producir y luego ir a otro domicilio corriendo. Por tanto lo que era un servicio de acompañamiento ahora es un servicio mercantil, en condiciones precarias para las trabajadoras que duchamos y nos largamos corriendo a otro domicilio”.

De este modo, las condiciones laborales de las trabajadoras son muy precarias, con un nivel de explotación y carga física brutal, tal como también denuncian las trabajadoras de Madrid en huelga.

Por otro lado, las empresas han distorsionado el papel del SAD, que considera que el usuario paga una parte del servicio como un cliente, cuestión puede derivar en tratos inadecuados hacia las trabajadoras, según explica Esther, “El usuario puede pensar que es un cliente que puede exigir a las trabajadoras que por ejemplo le descuelgue las cortinas, le mantenga el huerto o le corte la leña, cosa que nos ha pasado por ejemplo a nuestras compañeras en Galicia. Exigen como si fuera un servicio a la carta”. En el mismo sentido, las trabajadoras en lucha de Madrid, denuncian cómo las empresas promueven tareas que no corresponden al SAD, como limpiezas abusivas, de techos, ventanas, o terrazas.

“Esto es un gran error, un usuario no es un cliente y el SAD es un servicio social para ayudar y acompañar a las personas en ese proceso vital de vulnerabilidad. Por ello luchamos por la municipalización de un servicio externalizado", sentencia Esther.

Las trabajadoras de Catalunya se solidarizan con las de Madrid en lucha: “La raíz de nuestros problemas y de la precariedad que sufrimos, está en que se ha externalizado este servicio”

Hoy las trabajadoras de Atención domiciliaria de Madrid que trabajan en el Ayuntamiento están en huelga. Las trabajadoras de Catalunya han apoyado y enviado mensajes de solidaridad desde sus redes: “Compartimos su lucha y entendemos que el convenio no se puede aplicar por los pliegos de condiciones. Hay que salir a la calle”, nos dice Esther y explica que “La raíz de nuestros problemas y de la precariedad que sufrimos está en que se ha externalizado este servicio”. Este es el problema principal, que la administración pública ha externalizado un servicio que es público, lo que significa que se está desvinculando de su obligación: gestionar un servicio público con trabajadoras contratadas por la administración pública. Por tanto, será muy difícil que se mejoren los convenios o los pliegos de condiciones de un servicio que está externalizado, es decir, privatizado”.

Para Esther, tal como ha explicado, “Las personas usuarias quedan totalmente desamparadas en manos de una empresa que calcula su vida en términos mercantiles, es decir, económicos. Y esto impide cumplir los objetivos que tenía el SAD, que nació en los años ochenta para hacer un servicio a la comunidad. Por ello nuestra lucha es la remunicipalización de un servicio público que ya estaba municipalizado, porque es la única manera en la que el SAD podrá cumplir su función pública. Las funciones de las trabajadoras del SAD, según el convenio de Catalunya y del resto también son muy claras: asistenciales, educativas y preventivas; es decir, significa todo aquello que a la persona la pueda ayudar a integrarse en la sociedad y superar ese bache de situaciones de vulnerabilidad”.

Ante ello, las trabajadoras luchan por la remunicipalización del servicio, “porque es la única manera que realmente la persona puede recibir un acompañamiento holístico, porque desde que este servicio está en manos de empresas esto no importa para nada. Lo que importa es una persona dependiente y cuanto más dependiente mejor, para ingresar dineritos a las empresas por cada hora de atención. Por eso pedimos la municipalización y, a parte, pedimos por supuesto la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras. Porque el convenio no es el mismo y las jornadas no serían parciales como lo son bajo las empresas privadas”, continúa Esther.

“Desde el sindicato SAD luchamos por la remunicipalización, pero eso no significa que durante este camino no tengamos que ir al ministerio de trabajo porque no se cumplen nuestros derechos mínimos, el convenio, etc. Pero sin olvidar jamás que el primer problema es que, un día, la administración pública decidió que su obligación que tenía por ley se la iba a derivar a las empresas, que se iba a privatizar. Los servicios públicos deberían volver a donde nunca deberían haberse ido. Por ello tenemos que salir todas juntas a la calle”.

En síntesis, para Esther “El SAD debería ser un servicio social y no un ingreso suculento para las empresas que necesita de personas dependientes y trabajadoras precarias para obtener beneficios, más ingresos. Por eso exigimos la municipalización, para que se acabe con esa mala praxis por parte de las empresas, la privatización de un servicio social y la desidia institucional ”.

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