Una vez más el ex yerno de Pinochet sale victorioso y mantiene el control de uno de los recursos más cotizados a nivel mundial: el Litio, siendo Chile uno de los países de mayor concentración del mineral.
Galia Aguilera Profesora, y dirigenta del Partido de Trabajadores Revolucionarios
Jueves 7 de junio de 2018
Durante febrero de este año CORFO llegó a un acuerdo escandaloso con la empresa SQM, la cual estuvo en el centro de las denuncias de cohecho y financiamiento ilegal a los políticos de la Derecha y la Nueva Mayoría. La empresa fue privatizada en dictadura, enajenada del Estado y entregada al ex yerno de Pinochet y actual controlador, Julio Ponce Lerou.
El acuerdo de CORFO consistió en la extensión de la explotación del Litio para SQM en el Salar de Atacama de aquí al 2030, además de triplicar la cuota de explotación del mineral, de 180 mil toneladas a 349.553 según contrato, permitiendo llegar de aquí al 2025 a 216 mil toneladas de salmuera de los salares, importante y millonario beneficio condicionado con que Julio Ponce Lerou deje de figurar como “controlador” de aquí hasta la caducidad del contrato. Una verdadera burla, pues mantiene y resguarda todo su patrimonio conseguido a través de la dictadura, que además ha permitido por más de 40 años la sangría económica debido al robo sistemático del salar.
El pasado martes, se anuncia que Ponce Lerou será el "asesor estratégico del directorio" de la minera, por su trayectoria de más de 20 años saqueando el mineral en el país. La respuesta de sectores de oposición criticaron el hecho, pero como es claro, las leyes y su aplicación están hechas a medida de los empresarios. Es una reacción completamente tardía, pues el acuerdo CORFO-SQM ya era un escándalo, confirmó la impunidad frente a los caso de corrupción, como el Caso Cascadas.
A esto se suma, que hace unas semanas atrás el Tribunal Constitucional (TC) acogió el requerimiento de inaplicabilidad presentado por Julio Ponce Lerou en contra de la millonaria multa cursada por la entonces Superintendencia de Valores y Seguros, en el marco del Caso Cascadas. La infracción ascendía a 1.700.000 UF (US$ 75 millones); rebajada a un valor máximo de 75 mil UF (unos US$ 3 millones).
La democracia y la justicia ha mostrado estar al servicio de saqueo de los recursos naturales, muchos de ellos instaladas a sangre y fuego en la dictadura, y perpetuada por los gobiernos de la Concertación, la Derecha y la Nueva Mayoría. Sus leyes y la política entreguista de los gobiernos han demostrado que el saqueo está en estado de vitalidad.
Frente a este escenario queda en evidencia la necesidad de cuestionar el carácter privado de la explotación del Litio, y que la lucha por la re-nacionalización de todos los recursos naturales es un horizonte viable, pero para garantizar tanto los recursos como los derechos de la población, esta perspectiva no puede ir separada de la gestión de los trabajadores de la producción en forma conjunta a las comunidades.
