Capitalismo extractivista del MAS. Explotación del litio en Bolivia: ¿hacia un nuevo patrón de acumulación?

La situación económica de Bolivia en estos últimos años ha empezado a mostrar una desaceleración en comparación con los años de bonanza económica que tuvo -durante casi una década- producto del incremento mundial de los precios de los minerales y los hidrocarburos. El ciclo del gas como patrón de acumulación y de generación de ingresos se está agotando. Esta situación se expresa en la reducción de la producción de hidrocarburos, específicamente de gas, lo que ha hecho que los niveles de exportación de gas a Argentina [1] y a Brasil se hayan reducido y, por lo mismo, los ingresos que genera estén por debajo de lo que se percibía en años anteriores.

A esto se suma el hecho de que la importación de combustibles para el consumo interno se haya incrementado en un 31% más que el año 2022 lo cual generó un aumento considerable del subsidio de los combustibles que el Estado asume y que es aproximadamente el 50% de su precio real.

Frente a una economía que va mostrando grietas y cierta fragilidad, el gobierno del MAS, está buscando “socios” para empezar a explotar e industrializar el litio. Firmó hace un par de semanas un acuerdo con empresas de capitales rusos y chinos. Es el caso de la empresa estatal rusa Rosatom y la china Citic Guoan Group, para la explotación del litio, con inversiones superiores a los 2800 millones de dólares.

Ya en el mes de enero de este año, el gobierno firmó otro convenio con la empresa capitalista china Contemporary Amperex Technology para la construcción de dos complejos industriales para la producción de carbonato de litio. Durante ese encuentro, Luis Arce señaló que “Evaluamos el avance de estos dos proyectos, la posibilidad de incrementar las inversiones para avanzar con mayor eficiencia y optimizar la producción hasta el 2028. ¡Somos el Gobierno de la industrialización!” (...) “esta inversión marca un hito en la historia energética de nuestro país y consolida a Bolivia como referente en la industrialización del litio, además, es un paso hacia la transición energética con soberanía” (Diario La Razón - 18 de junio de 2023).

La geopolítica del Litio

La explotación del litio está generando una disputa geopolítica entre las empresas capitalistas automotrices como Tesla (EE.UU.), Toyota (Japón), multinacionales como Eramet (Francia) o Geolith (Francia), Shandong Gold, Ganfeng Lithium y Zijin Mining (China), por el control de las grandes reservas mundiales de litio que existen en países como Argentina, Chile y Bolivia, que concentran entre el 50% y el 85% de las reservas mundiales.

Por este motivo, la región se ha convertido en un “tablero de ajedrez” geopolítico, donde el interés del imperialismo norteamericano pasa, por un lado, por asumir como suyos los recursos de toda la región, y, por otro, por la disputa estratégica con China por el dominio de la región y por el control de los recursos de estos países.

Una muestra de esto es lo expresado por la general a cargo del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson, durante un evento del Atlantic Council: “¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras poco comunes, tienes el triángulo del litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60 % del litio del mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia, Chile… Tenemos 31 % del agua dulce del mundo en esta región… Con ese inventario, a Estados Unidos le queda mucho por hacer, esta región importa, ya que tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que empezar nuestro juego… Tenemos también las reservas de petróleo más grandes, incluidas las de crudo ligero y dulce. Tienen los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro, y está la importancia del Amazonas como los pulmones del mundo”.

La esperanza en el litio que se está mostrando como salida a la crisis en Bolivia, así como en Chile y Argentina, está basada en un discurso de que la industrialización de este metal va generar desarrollo, progreso y trabajo.

Nada más falsa está afirmación, más aún si tomamos en cuenta la voracidad con la que las empresas capitalistas están empezando a explotar los recursos naturales de la región con el pretexto de generar una transición energética para reducir el uso del combustible fósil y la emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, lejos de apostar por una “transición energética” lo que se pone de manifiesto es la necesidad de hacer nuevos negocios que provean elevados niveles de rentabilidad a los grandes capitalistas.

La guerra en Ucrania expuso muy bien que lejos estamos de la tan mentada “transición energética” ya que pese al crecimiento de las “energías renovables”, no sólo puso de manifiesto la hegemonía de los combustibles fósiles el 2022, sino también la tremenda dependencia de los países de la OTAN. Esto es lo que motiva hoy la urgencia de avanzar más aceleradamente con la industrialización del litio, baterías que les venderán muy bien a la OCDE [2].

Es la codicia con la que las potencias capitalistas se pintan de “capitalismo verde”, pues lo que pretenden no es otra cosa que la generación de grandes ganancias a costa de la explotación de trabajadores y trabajadoras, y el saqueo de los territorios donde se encuentra este mineral.

El supuesto objetivo de reducción de emisión de gases de efecto invernadero para evitar las señales cada vez más alarmantes del calentamiento global hace aguas cuando tomamos en cuenta el dato proporcionado por la Agencia Internacional de Energía (AIE) y que fue difundido en el “Informe Especial. Dossier: La guerra por el litio en Argentina”, que según los pronósticos "la producción de autos eléctricos pasaría de 2 millones a 280 millones en 2040, la demanda se multiplicaría por 42. Sin embargo, la estimación de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero serían tan solo de... ¡1 %!"

Si bien el litio podría jugar un rol en una transición energética, como señala Juan Duarte en la sección de Ecología y Ambiente de La Izquierda Diario: “la demanda actual está dirigida centralmente a las baterías para autos eléctricos, por lo que no resuelve el problema”.

En el caso chileno, por ejemplo, el reciente anuncio del presidente, Gabriel Boric, pasa por hacer énfasis en la estrategia de generar una empresa nacional del litio, con la intención de que el Estado participe del proceso productivo. Recordemos que Chile tiene una larga trayectoria en la extracción y producción de este metal, llegando a ubicarse en un segundo lugar, después de Australia, con un volumen de producción de litio de aproximadamente 40.000 toneladas métricas el 2022 [3]. Lejos de enfrentar el saqueo que vienen haciendo las transnacionales, Boric pretende regatear migajas de participación estatal sin cuestionar el grueso del saqueo de los recursos naturales.

En lo que respecta a Argentina, las políticas extractivistas no distan mucho del caso chileno. En las últimas semanas se han venido realizando masivas luchas que protagonizan maestros, maestras y las comunidades originarias en respuesta a la Reforma de la Constitución de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy. La reforma aprobada el viernes 16 de junio, entre gallos y media noche, profundiza el régimen represivo y prohíbe la protesta. Del mismo modo, si bien reconoce la preexistencia de las comunidades originarias y pueblos indígenas, determina que el Estado es el encargado de reconocer su personería jurídica y la posesión comunitaria de las tierras, en pocas palabras, lo que garantiza es el saqueo legal y oficial de los bienes comunes naturales como el litio. La lucha en Jujuy, que viene mostrando un masivo rechazo y una resistencia firme, expresa muy bien algo que es común a nuestros pueblos. Es decir, vivir en una “provincia rica con trabajadores pobres”. Esto plantea un desafío más grande y un problema más complejo.

Si bien los mecanismos jurídicos, comunitarios, ambientales, contractuales y de inversión en Bolivia son diferentes en cuanto a la explotación del litio en Chile y Argentina, sí podemos resaltar algunos elementos en común.

En primer lugar, formar parte del llamado triángulo del litio convierte al conjunto de la región en foco de las disputas políticas entre las grandes potencias sedientas de este recurso estratégico. Esta posición geopolítica clave convierte a los países involucrados en el terreno donde se llevarán adelante las disputas y enfrentamientos por el control de estos recursos. El golpe de Estado de noviembre del 2019, en Bolivia, es expresión de estas disputas que tenderán a intensificar la lucha de clases y la inestabilidad estatal en esta región.

En segundo lugar, tenemos a una clase trabajadora y comunidades originarias y campesinas, que habitan estos territorios y defienden sus bienes comunes [4], como la tierra y el agua, como lo pone en evidencia en estos momentos Jujuy.

Bolivia: ¿qué hay detrás de la supuesta industrialización con soberanía del litio?

En el caso boliviano, frente al agotamiento del ciclo del gas, el gobierno del MAS está buscando a partir de la explotación del litio una nueva fuente de ingresos que permita en un mediano plazo reactivar la economía del país que empieza a mostrar síntomas de crisis.

La importancia del proyecto de industrialización del llamado “oro blanco” radica en que el litio puede convertirse en un nuevo patrón de acumulación capitalista que articule y ordene el conjunto de la economía nacional. Recordemos que a lo largo de nuestra historia cada cambio de patrón de acumulación ha sido fuente no solo de profundas crisis estatales y políticas sino también el disparador de importantes procesos de lucha de clases. Por ejemplo, el cambio de patrón de acumulación de la plata al estaño vino acompañada no solo de la guerra federal sino también del levantamiento de Zárate Willca y la efímera república de Peñas a finales del siglo XIX. O, más próximo en el tiempo, en los años 80, el agotamiento del ciclo del estaño y su reemplazo por los hidrocarburos implicó una aguda lucha de clases desde los tempranos años 80 hasta principios de los 90. Estos cambios en la organización de la economía vinieron acompañados de importantes desplazamientos del poder político regional y nacional. Como fue de Sucre a La Paz en 1899 o el fortalecimiento de las logias y cívicos cruceños a partir de los años 90. Hoy con el litio tenemos que esperar que fenómenos de crisis y convulsión social sean parte de este proceso.

En este sentido el gobierno de Luis Arce, a través de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), ha concretado la firma de convenios con China y Rusia para avanzar en lo que denomina “industrialización con soberanía”. Hay que mencionar que la explotación y la comercialización industrial de litio en Bolivia, empezará a efectivizarse a partir del año 2024 que es cuando, según los estudios, se tendrá la primera producción de 50.000 toneladas métricas de carbonato de litio. Volúmenes que se prevén duplicar para el 2025 año en el que se conmemora el bicentenario del país y también en que se llevarán a cabo las elecciones presidenciales.

Bolivia hasta el momento pese a su enorme potencial en reservas es el más rezagado en la explotación de este recurso debido a que hasta la firma de estos convenios por Arce, la producción se basó en una planta piloto y en la preparación de la infraestructura mínima o básica para los proyectos que ahora ya se ponen en marcha. Así mismo un elemento retardatario tiene que ver con el hecho de que en Bolivia la participación estatal, en la que radica la “soberanía” del MAS, es mayoritaria. Es decir, con la constitución del Estado Plurinacional se ha establecido una amplia y mayoritaria participación estatal en toda la cadena de producción y comercialización.

La disputa por las regalías que la industrialización del litio vaya a dejar a nivel central del estado y para las regiones, es decir, para las provincias y dentro de ellas las comunidades del altiplano Sur que es donde se encuentran los salares de Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes, es un tema aún no definido ni resuelto. Por el momento, en términos generales el gobierno de Arce no enfrenta una oposición social al proyecto de industrialización. Esto en parte se debe al candado constitucional y legal de que la participación estatal no puede ser inferior al 51% en toda la cadena de producción y comercialización. Sin embargo, hay que señalar que las comunidades han denunciado que no cuentan con información suficiente de parte del gobierno no solo con respecto a los porcentajes de utilidades que quedarían para el Estado sino también sobre los peligros de contaminación de tierras y aguas en los procesos de extracción Directa de Litio (EDL).

Recordemos la reciente toma de la planta piloto de carbonato de litio en Llipi, ubicada al sur del salar de Uyuni, por parte de dos de las más importantes organizaciones campesinas del altiplano sur. El 9 de marzo la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS) y la Federación Sindical Única de Mujeres Campesinas del Altiplano Sud (FSUMCAS) Bartolina Sisa realizaron lo que denominaron la “toma pacífica de la Planta de Industrialización del Litio en Llipi” como medida de presión para que el Gobierno atienda sus demandas, entre ellas, información. Estamos hablando de comunidades que han conquistado su derecho al territorio, a la propiedad colectiva de la tierra, preservando sus formas de autogobierno ancestral, como es, por ejemplo, la TIOC (Territorio Indígena Originario Campesino) de Nor Lípez [5] y por lo tanto hay un mandato constitucional a la consulta previa y debidamente informada.

Esta necesidad se acrecienta ante el anuncio de que para acelerar el proceso de extracción y producción de carbonato de litio se aplicará el método de EDL sin embargo no se conoce nada sobre cómo esto va a impactar. Además, como señalaron en un reciente encuentro y conversatorio “los avatares del litio”, realizado este pasado 7 de julio en la ciudad de Uyuni a propósito del XLI aniversario de FRUTCAS, aún no se conocen resultados de la aplicación de este método, por lo que hay más preguntas y dudas que certezas.

Puedes ver: Litio: los métodos destructivos de extracción y su impacto socioambiental"

La situación de pobreza en la que viven los pobladores de las comunidades de Oruro y Potosí ha generado muchas ilusiones de la mejora de sus condiciones a futuro con la industrialización de litio, la cual se traduciría en rentas para el beneficio de las comunidades, expectativas de empleo y mejoras en infraestructuras. De allí que en un buen sector de la población existe apoyo manifiesto a la explotación de este mineral, pese a la escaza información y a los riesgos de contaminación ambiental.

Como bien expresa la secretaria general de FRUTCAS, Yamilé Cruz:

Si es un recurso que promete una energía limpia ¿Por qué sus métodos de extracción sólo tendrían que traer aniquilación de nuestros recursos?… ¿no hay otra alternativa? Nosotros queremos industrialización, pero que signifique desarrollo para nuestras comunidades.

En este sentido, se hace necesario y urgente, de la manera más democrática, convocar a todas las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, de los pueblos originarios, de campesinos, de estudiantes, y de los sectores populares que buscan una salida a la crisis económica que se viene y a la crisis ambiental, a impulsar el más amplio y profundo debate sobre las vías para que las comunidades, los trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad y el pueblo podamos llevar adelante procesos de industrialización controlados y gestionados democráticamente por nuestras organizaciones sociales junto a expertos técnicos y ambientalistas, donde las comunidades sean sujetos y parte central en las decisiones acerca de qué métodos, formas, cantidades, etc, utilizar para orientar este proceso no al servicio de los negocios capitalistas sino al servicio de las necesidades de las y los de abajo.

La prensa viene titulando que el litio de Potosí será la locomotora que impulse al país, pero Potosí ya tiene historia y desde la extracción colonial de la plata hasta ahora, solo se ha visto, en un polo, un territorio rico en recursos que son apropiados por grandes empresas y en el otro polo, con trabajadores y pueblos en la miseria y postergados.

Extractivismo, bienes comunes naturales y necesidades sociales postergadas

Hasta aquí lo que es evidente es que la discusión sobre el litio se extiende y generaliza ya que no solo se plantea como un posible nuevo patrón de acumulación para la economía boliviana, sino también por el rol estratégico de este mineral en la llamada "transición energética”. Este último punto nos plantea también una discusión clave para pensar una salida internacionalista, empezando, por los países del llamado triángulo del litio del que somos parte.

Cualquier plan de aprovechamiento de bienes comunes naturales, sean estos renovables o no renovables, significa extractivismo. Algo que países como el nuestro lo ha experimentado y lo sigue haciendo a lo largo de toda la historia, al menos desde la colonia hasta hoy.

Así como el capitalista no va a renunciar a la acumulación de la riqueza y, por lo mismo, no va a dejar de explotar a los y las trabajadoras y expoliar la naturaleza, no vamos a renunciar a luchar contra el extractivismo que hoy se muestra de capitalismo verde. Tampoco vamos a dejar de debatir con miradas conservacionistas que se oponen a toda forma de extracción de los bienes comunes naturales basada en una mirada abstracta de la relación con la naturaleza.

Las corrientes ecologistas “fundamentalistas” llegan a plantear, bajo el pretexto de luchar contra el antropocentrismo, una objeción al desarrollo de las fuerzas productivas como factor de desarrollo de la humanidad, lo que hace que tengan posturas de volver a un pasado en “armonía con la naturaleza” y colocando a la humanidad y a todas las especies vivientes al mismo nivel. Esta postura se expresa en el hecho de que no establecen una distinción entre los seres humanos como seres naturales y como seres sociales, y no entienden que el trabajo, a través del cual la humanidad ha transformado la naturaleza y las relaciones sociales, es la esencia del proceso histórico humano. Por lo tanto este “culto a la naturaleza” tendría una postura ahistórica y superficial. Marx, en los Manuscritos económico-filosóficos de 1844, señalaba que “la sociedad es, por tanto, la cabal unidad esencial del hombre con la naturaleza, la verdadera resurrección de la naturaleza, el naturalismo consumado del hombre y el humanismo consumado de la naturaleza.” … “La historia es de por sí una parte real de la historia natural, de la transformación de la naturaleza en hombre”.

Es recurrente y sistemático el debate que polariza un extractivismo depredador vs un antiextractivismo académico y “romántico” divorciado de las necesidades y las demandas sociales de las comunidades y pueblos originarios. El extractivismo capitalista habla de desarrollo, pero es un desarrollo que no es neutral, poque la historia ha demostrado muy bien que es desarrollo y crecimiento para las clases dominantes. Pero este extractivismo no puede ser enfrentado por otro sentido común “ambientalista” y “conservacionista” que termina siendo reaccionario y clasista, reservando en un paisaje inmutable a pueblos y vidas sin satisfacer sus necesidades vitales.

No se trata de unilateralizar las salidas, el desafío es mayor y lo demuestran muy bien las comunidades con sus demandas. ¡Cómo no! Si son los dueños del territorio y que, como tal, quieren preservar el agua para la quinua, para las llamas y vicuñas, para sus familias; quieren preservar todo su entorno natural porque de eso viven, pero eso no significa que niegan la oportunidad para sus comunidades y pueblos que la explotación del litio puede significar. El desafío es el cómo hacerlo. De ahí que un paso necesario es que no se trata solo de informar a las comunidades sobre los planes del gobierno no solo porque termina siendo una imposición sino porque las relega a un lugar pasivo a quiénes son nada más ni nada menos que dueños históricos del territorio.

Las comunidades originarias y campesinas, que trabajan la tierra para los cultivos, pero también las minas, deben ser sujetos para llevar adelante un plan de aprovechamiento del litio que de respuestas a necesidades estructurales y eso incluye como bien decía Marx velar por las dos fuentes de riqueza: los trabajadores y la naturaleza.

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Por un plan obrero, originario-campesino y popular de industrialización del litio

Ante esta situación se hace necesario establecer un plan obrero, campesino y popular, con el propósito de que todos nuestros bienes comunes naturales dejen de estar en manos de las empresas capitalistas y pasen a ser controlados por las y los trabajadores junto con los pueblos originarios y las comunidades. Para avanzar con este propósito es fundamental que el Estado asuma la protección y preservación de todos los bienes comunes naturales con una política de nacionalización y expropiación sin indemnización de las empresas capitalistas , y que sea gestionada de manera democrática por los trabajadores y las trabajadoras en coordinación con las comunidades y pueblos originarios, para poner estas millonarias ganancias al servicio de las necesidades sociales como son el trabajo, vivienda, salud y educación.

Para frenar la destrucción de los salares y para poner en cuestionamiento los métodos extractivistas que amenazan el agua, un elemento clave para la preservación de los ecosistemas de humedales en los cuales se encuentra este bien común natural y las comunidades que los habitan es central la participación activa de estas comunidades.

La lucha por la nacionalización de las empresas productoras de litio en Chile y Argentina es una tarea central para terminar con el escandaloso saqueo que las transnacionales vienen realizando con la complicidad de Gabriel Boric y Alberto Fernández. Mientras tanto en Bolivia en momentos en que empieza la extracción industrial de litio, los trabajadores y trabajadoras, las comunidades originarias y campesinas deberán movilizarse para garantizar que la nacionalización y la amplia participación estatal conquistada en los grandes levantamientos de las décadas pasadas no sea distorsionada y burlada.

Es necesario luchar por un control obrero y comunal colectivo de todo el proceso extractivo velando para que los ingresos generados por esta explotación sean destinados a satisfacer urgentes necesidades sociales de trabajo, salud y educación, así como para garantizar una explotación que no aniquile el territorio y sus vitales bienes comunes para la vida, como el agua y todo el ecosistema natural que alberga los equilibrios ambientales amenazados por el cambio climático. Para esta labor es fundamental impulsar todas las formas de coordinación democrática y de autoorganización democrática, y desde abajo, recuperando los elementos más progresivos de las instituciones y formas de organización comunal apostando a poner en pie la enorme fuerza social y políticas de las y los trabajadores del campo y la ciudad.

En este sentido, se hace necesario luchar por un proyecto de sociedad que ponga por delante los intereses de los trabajadores, las trabajadoras, campesinos, comunidades indígenas y el pueblo empobrecido; y que permita planificar la producción para resolver las grandes necesidades sociales y ambientales en función de la protección del ecosistema. Es decir, avanzar a una sociedad socialista que termine con el negocio de la obsolescencia programada que genera millones de toneladas de basura electrónica, que contamina y destruye el medio ambiente, y que acabe con el negocio de las tecnologías verdes que tiene como único propósito hacer millonarios a un puñado de grandes empresarios y no para resolver el problema ambiental con el que se venden al mercado.

Esto implica al mismo tiempo, nacionalizar y colectivizar las tierras para deliberar sobre el uso racional del suelo y los bienes comunes naturales; nacionalizar los bancos, como algunos de los resortes fundamentales para reorientar la producción social; y expropiar todos los medios de producción para ponerlos al servicio de una economía planificada que, como señalaba Engels, permita el tránsito del reino de las necesidades al reino de la libertad. “La libertad en este terreno sólo puede consistir en que el hombre socializado, los productores asociados, regulen racionalmente ese metabolismo suyo con la naturaleza poniéndolo bajo su control colectivo, en vez de ser dominados por él como por un poder ciego; que lo lleven a cabo con el mínimo empleo de fuerzas y bajo las condiciones más dignas y adecuadas a su naturaleza humana” [6].

Finalmente, luchar por una solución común frente a la miseria, la explotación, la opresión y el deterioro del medio ambiente va a tener respuesta en la unidad de los trabajadores, las trabajadoras, campesinos y pueblos indígenas de Bolivia, Chile y Argentina; sólo unidos en un espíritu de lucha de liberación contra las burguesías respectivas y el capitalismo, puede abrir el camino a una genuina solución al problema de la crisis ambiental y la crisis económica, y ser un poderoso motor para la lucha revolucionaria por el socialismo.