Un importante arroyo de la ciudad de Alta Gracia (Córdoba) fue arrebatado hace 13 años para mantener las canchas de Golf de un Country (Golf Potrerillo de Larreta). Tanto la Municipalidad como la Provincia “se pasan la pelota” sin dar soluciones. En el marco de la puja de intereses entre empresarios del Country y los vecinos de la ciudad, La izquierda Diario desembarcó en el lugar para explicar la situación en una serie de notas.
Miércoles 12 de noviembre de 2014
El Arroyo Chicamtoltina (1 ) de la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba, es una cuenca hídrica de 16km que va desde el piedemonte de la ciudad, hasta su cruce con el Río Anizacate. El mismo está conformado por los arroyos Estancia Vieja, Santa Cruz y Los Paredones. Este último, de unos 4km de longitud, está actualmente secuestrado por un emprendimiento inmobiliario capitalista.
La familia Zuberbühler, nietos de Enrique Larreta, propietario desde 1918 del antiguo dominio Jesuíta “El Potrerillo”, supo dedicarle al “terrenito” el uso de hostelería que funcionaba en la casona antigua construida por “el Nono”. Pero en el año 2001, los nietos de Don Enrique, decidieron hacer de la Estancia un negocio familiar redondo: el Country-Golf Potrerillo de Larreta, de unas 440 hectáreas de recreación al mejor estilo burgués.
En los inicio de la construcción del barrio privado, la Municipalidad de Alta Gracia no reconoció al Country-Golf como tal, sino cómo “Parcelamiento rural”. Ante dicha resolución municipal, y teniendo en cuenta que el tramo del Arroyo Los Paredones cruza por la mitad al complejo dividiéndolo en dos, los Zuberbühler deciden alambrar todo el perímetro del loteo incluyendo la cuenca.
“Ellos lo que deberían haber hecho es dividir el Country en dos, respetando la parte pública del Arroyo, la línea de ribera”, expresaba Pablo Catania, integrante del Colectivo Social Todos por Nuestros Arroyos (2). Dicha Línea de ribera, debe trazar una línea provisoria de 12 metros del eje hacia ambos lados del Arroyo, según el Código de Aguas de la Provincia de Córdoba.
A pocos días de ser alambrado por 3ra vez el Arroyo, Pablo Catania, habló con La Izquierda diario.
ID -Según Marx, “la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clase”, este es un claro ejemplo de ello en la actualidad, ¿podés contarnos cuándo empieza este proceso y que respuestas obtuvieron?
Esto deja al descubierto un ilícito muy grave: el uso del agua de la cuenca sin autorización municipal o provincial para el riego del predio deportivo en una zona seca. (Cabe destacar que no existe autorización alguna que avale éste tipo de uso del agua según el Ministerio de Agua de la Provincia).
Con la excusa de que en el inicio de la construcción el Country no estaba dentro del ejido municipal, la intendencia -en ese entonces a cargo del radical Mario Bonfigli- se desliga de toda responsabilidad y no presenta ninguna denuncia. Eso fue una falacia ya que, si algo que es ajeno a tú jurisdicción afecta a la Ciudad de la cual sos Intendente, algo podés hacer. Como mínimo denunciarlo.
ID -A priori se debió establecer responsabilidades de acción y a posteriori medidas legales ¿de quién es la responsabilidad de solucionar ésta problemática y qué medidas se pusieron en juego?
Por otra parte, hay dos clases de responsabilidades: Una responsabilidad legal, a cargo de la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Provincia. Y la otra, una responsabilidad política a cargo del Municipio en velar la Carta orgánica con todo el peso constitucional que tiene, cosa que nunca hicieron. Las medidas que emplearon fue tirarse la voluntad de acción entre la Subsecretaría y el Municipio sin solucionar absolutamente nada. Esto tiene que ver porque todos tienen la misma bandera política: Unión por Córdoba.
Ni para atrás ni para adelante
La puja política es la única responsable que el Arroyo haya sido alambrado otra vez y siga siendo utilizado para el mantenimiento del deporte de elite.
El Country cuenta con el respaldo político, de no sólo muchos de los dirigentes políticos de la ciudad, inducidos por el generoso “Free pass” al Golf para olvidarse de las fatigas gubernamentales que afrontan día a día, sino también del Gobierno de José Manuel De la Sota, que cuenta con su helipuerto privado en el Proterillo de Larreta.
Además de servir de hospedaje y reuniones políticas a fuertes referentes políticos como las que protagonizaron Luis Barrionuevo y Hugo Moyano hace unos pocos años.
De la Sota, en una entrevista realizada por el diario local Papel Tortuga, en el marco de las Fiestas de las Colectividades del pasado 2013 afirmó: “Me parece un horror que se alambre un Arroyo Público”, aunque dicha indignación parece desaparecer con los servicios que le brinda sin costo el Barrio Privado.
En las siguientes entregas relacionadas a la problemática del Arroyo explicaremos las sanciones votadas por los concejales que no llevaron a ningún puerto y cuáles fueron los bloques políticos que hicieron la vista gorda.
Abordaremos las represiones empleadas por la guardia de infantería al Colectivo Social, las marchas en las calles que se realizaron en la ciudad, la presencia fundamental del Grupo EDISUR en el Country, el rol de los medios y en que otras ciudades de la Provincia sucede lo mismo.
Lo que hace muchos años atrás se dijo en el Manifiesto hoy se sostiene: “La burguesía se horroriza porque queremos abolir la propiedad privada. Pero, en la sociedad actual, esa propiedad privada está abolida para las nueve décimas partes de sus integrantes”.
Alta Gracia está despierta y el sonido de las cadenas que la retienen comienza a retumbar en la Provincia y en el País. El antagonismo de clases merece su fin inmediato
