Los empresarios del transporte reclaman por tarifazos y subsidios, además de hablar de “paritarias imposibles de asumir”.
Miércoles 10 de enero de 2024 17:45
La Asociación de Empresarios de Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) anunció que desde el viernes 12 regirá en la capital una reducción del servicio de colectivos “a la mínima expresión” con la consecuente suspensión de choferes. “Se aplicarán las normas que rigen la actividad, como ‘servicio de emergencia’ (reducción de prestación del servicio a la mínima expresión, y suspensión por dicha causa, del personal de conducción)", expresaron desde la entidad empresaria. La medida sería por tiempo indeterminado y podría extenderse al resto de la provincia.
El comunicado firmado por Roberto Orell, presidente de la AETAT, y César Atim, secretario general de la entidad, afirma que ante “la crítica situación por la que atraviesa el transporte público de pasajeros” se ven en “la ineludible necesidad de recurrir a medidas extremas”.
En sus razones para justificar la reducción del servicio, los empresarios también presentaron las motivaciones de su nueva extorsión. “La imposibilidad de hacer frente al costo real del servicio público de transporte de pasajeros; imprevisibilidad y asimetría de las competencias tarifarias nacionales; aumento de los insumos de la actividad totalmente irracionales (gasoil - repuestos); paritarias imposibles de asumir”, son los justificativos de la AETAT.
Hace poco más de un mes, los empresarios del transporte recibieron un regalo de todos los bloques del Concejo Deliberante, con un nuevo tarifazo. Por unanimidad se aprobó una suba del boleto, que pasó de $120 a $230. La intendenta Rossana Chahla convalidó este tarifazo, por lo que el transporte tuvo un aumento anual del 173%. Veladamente, los empresarios vuelven a insistir con la “desactualización de las tarifas”.
Solo en términos de subsidios provinciales, los empresarios recibieron casi mil millones de pesos a finales del año pasado. De acuerdo al Boletín Oficial provincial, se transfirieron $700.000.000 (anticipo correspondiente a los subsidios de enero), $20.000.000 (aporte adicional) y $260.947.133 (por el programa “Boleto gratuito de transporte público para jubilados”).
En esta nueva extorsión los empresarios también van contra los trabajadores, con suspensiones que afectarán a los más de 3600 trabajadores que prestan servicios en líneas urbanas, interurbanas y rurales. Las patronales del transporte se oponen a una suba en las paritarias nacionales y además también circulan versiones de un pago desdoblado de los salarios.
Nuevamente miles de usuarios y trabajadores son rehenes de un puñado de empresarios que lucran con un servicio público esencial. La recurrente extorsión patronal es una muestra del fracaso de las privatizaciones. Hay que defender los derechos de los trabajadores y terminar con esta estafa. La única forma para que el servicio sea eficiente y accesible es estatizando todo el sistema de transporte, poniéndolo a funcionar bajo control de los trabajadores y usuarios.
