En el marco de la parada militar 2023, el Comandante en Jefe del Ejército Javier Iturriaga señaló que el ejército no tiene hoy día información que no esté disponible en la justicia, pero ¿que tan cierta es esta aseveración?
Miércoles 20 de septiembre de 2023
Este 19 de septiembre será posiblemente el inicio del cierre de la conmemoración de los 50 años del golpe de 1973 teniendo en consideración que esta vez le tocó su “acto” a las Fuerzas Armadas.
La actual Parada Militar tiene su origen en la conquista de la “Independencia nacional” con posterioridad a la Batalla de Chacabuco y la creación de la Academia Militar por Bernardo O’Higgins en 1817, donde civiles y militares se encontraban en el Campo de Marte, hoy Parque O’Higgins, a celebrar los hechos ya antes mencionados. Desde 1915, por mandato del presidente Barros Luco, se instauró el desfile que conocemos ahora, en que cada 19 de septiembre intentan mostrar “lo mejor” de las ramas militares de seguridad y orden, en un epopéyico y forzado relato intentan conservar el espíritu patrio y de orgullo de los militares.
Desde 1915 hasta el día de hoy solamente en dos ocasiones se ha suspendido la parada militar: en 1973 debido al estado de sitio que existía en todo el territorio nacional; y en 2020 debido a la pandemia Covid-19.
De cara al inicio los diversos medios de comunicación estuvieron haciendo exhaustivos repasos sobre la historia del ejército así como comentando algunas lo que iba aconteciendo. Una de las primeras cuñas de la jornada la entregó el actual Comandante en Jefe del Ejército, el General Javier Iturriaga, quien consultado por el periodista oficial y a propósito del plan de búsqueda y la posible colaboración que tendría el ejército señaló: “lo que corresponde es hacerse cargo del pasado y cooperar a la justicia en cuanto se nos exija” y luego agregó “el ejército ha entregado ya en su momento todo lo que requirió, el ejército no tiene hoy información disponible que no esté en la justicia y por supuesto que vamos a cooperar en todo en cuanto pueda permitir que este país sea un país de hermanos, un país fraternal y que podamos tener una reconciliación lo antes posible”. Dichos de buena crianza en el marco de los 50 años, pero resulta por lo menos inquietante la aseveración de Iturriaga ya que desde 1990 hasta el día de hoy el ejército y sus diferentes ramas solo han participado en algunas mesas de diálogo y las entregas de información a la justicia, en casos de violaciones a los derechos humanos, ha sido escasa.
Solo por poner un dato sobre la mesa, en el año 2000 durante la convocatoria de la mesa de diálogo, el ejército entregó cerca de 200 nombres de personas que habían pasado por centros de detención y de los que se tenían registros su posible paradero, la gran mayoría de los cuerpos se tiraron al mar.
De hecho, en la palabra del entonces general de la FACH José Ignacio Concha, se condicionó la entrega de información al anonimato de quien la entregaba. Según Concha la propuesta del ejército era que “es indispensable la reserva de la identidad de las personas que proporcionan la información, evitándose de esa forma eventuales represalias” ya que el objetivo de la mesa era encontrar a los DD.DD no hacer justicia, pero también sus palabras resaltan que las responsabilidades eran de carácter individual ya que “se participó de forma individual, directa o indirectamente en el hecho o que tuvo algún grado de conocimiento en el caso de que se trate”.
Esta idea fue reforzada por el entonces brigadier general de ejército Juan Carlos Salgado quien señaló que “la solución del problema que nos reúne no sería posible de alcanzar mientras no existiesen las condiciones efectivas que promuevan la voluntaria entrega de información por parte de quien la posea. En esta materia debe descartarse cualquier intervención o injerencia de los altos mandos de las instituciones armadas”, es decir: la responsabilidad de la entrega de la información debía limitarse a la acción individual del personal del ejército (activos o en retiro) aun cuando estos sentian una profunda desconfianza hacia los tribunales ya que consideraban que dicha información podría servir para luego ser enjuiciados debido al cambio de criterio en la aplicación de la ley de amnistía dictada por la dictadura el 10 de marzo de 1978.
Este criterio de responsabilidad individual es el que cuestionó el general Martínez en su informe ya comentado aca y aca, pero a su vez refuerza la tesis del mismo Martínez de que los organismos de seguridad habrían actuado por fuera de la estructura jerarquizada del ejército (DINA y CNI) y por lo tanto el cuerpo de generales estaría impedido de conseguir información de dichos organismos al no estar bajo su mando, por lo tanto las responsabilidades son individuales, no institucionales y jerarquizadas según la cadena de mando del propio organismo represor que en el caso de la DINA al ser una institución del ministerio del interior la responsabilidad recae sobre Pinochet.
¿Tiene información el ejército?
Para responder esta duda hay que aclarar que solo el ejército ha tenido acceso a la documentación del propio ejército y especialmente sobre el periodo de la dictadura. Es más, en las mismas fechas en que el ejército participaba de la mesa de diálogo convocada por Lagos, entre los años 1999 y 2002 se dispuso la reubicación del archivo de la DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército) a calle Bulnes n°129 y en algún momento entre el 2000 y el 2002 quemó gran parte del Archivo correspondiente a la CNI ya que se consideraban documentos “civiles” y no militares.
En julio de 2007 el entonces Ministro de la Corte Suprema Alejandro Solís llegó a Bulnes se entrevistó con el entonces jefe de inteligencia se dirigió al archivo y como era de esperarse no encontró nada.
Además, muchas de las causas durante la propia dictadura, fueron vistas por la Justicia militar a la que de forma muy restringida sólo algunos Ministros de Corte han tenido acceso pero nada por parte de organismos independientes o de derechos humanos.
Entonces los dichos de Iturriaga solo pueden tomarse como una realidad si se sigue la tesis de Martínez de que los hechos llevados adelante por parte de la DINA o la CNI no corresponden a acciones del ejército (al ser organizaciones civiles) y por lo tanto no le cabe ni responsabilidad al ejército ni al mismo ejército guardar la información que pudieran tener o peor aún, no tienen porque reconocer su existencia ya que según ese criterio legal, no serían de su propiedad.
Abrir los archivos sin limitaciones.
La prueba de que las diferentes ramas del ejército aun mantienen información es que hasta el día de hoy la Fuerza Aérea no ha querido revelar los nombres de los pilotos que bombardearon diferentes puntos de la capital el 11 de septiembre de 1973. la Marina ha mantenido excesivo silencio con relación a las misiones que tuvo el buque escuela Esmeralda durante su utilización como centro de tortura y el mismo ejercito no reconoce responsabilidad sobre lo realizado por la DINA y la CNI al considerarla como instituciones no vinculadas al mismo.
Por eso a 50 años del golpe es más necesario que nunca exigir la apertura sin limitaciones de los archivos de todas las ramas del ejército así como los listados de quienes hayan pasado por los organismos de la represión sin importar si están activos o en retiro.
Estas aperturas no deben ni pueden limitarse solo a los tribunales de justicia, sino que deben ser en primera instancia para las propias organizaciones de Derechos Humanos que llevan 5 décadas buscando a sus familiares desaparecidos, además hay que acabar con el secreto de los torturadores y responsables de los tormentos que se mantiene en el informe Valech y que el programa nacional de búsqueda no aspira más que a levantar según caso a caso.
