Escenario Bonaerense. Facultades y emergencias, pero sigue la precarización en el Estado bonaerense

A tono con el gobierno nacional y en tiempo record, Kicillof apura la votación del paquete bonaerense de emergencias. Incluye también la prórroga del presupuesto y la Ley Impositiva, y una autorización para negociar la deuda con los bonistas y acreedores. El gobernador anhela tener el poder de su propia lapicera; en ella estará en gran parte el destino de los bonaerenses. Los bonistas se asocian entre ellos y exigen mayores definiciones, ante la crítica situación de las finanzas provinciales.

En el caso de la emergencia energética, el Ejecutivo solicita la facultad de congelar las tarifas eléctricas y de transporte por 6 meses a partir del 1° de enero del 2020. Los propios funcionarios bonaerenses reconocieron que los tarifazos fueron del 2000 % en los últimos cuatro años y que las empresas de transporte y distribución de energía obtuvieron desde 2017 ganancias por 20 mil millones de pesos. En este marco, el congelamiento de tarifas por 6 meses no es más que el blanqueo del verdadero atraco al presupuesto de las familias trabajadoras que hoy destinan un porcentaje altísimo del mismo solo a pagar tarifas. Kicillof, que el año pasado desde su banca de diputado nacional apoyó como parte del bloque de Unidad Ciudadana -junto a la oposición a Macri- que se retrotraigan las tarifas a noviembre del 2017, hoy solo propone un congelamiento después que sufrimos un 2000 % de aumento en los últimos 4 años.

Por otra parte, el paquete de emergencias favorece a las patronales de las Pymes quienes a partir de esta ley recibirán el beneficio de cancelar en cuotas y sin interés sus deudas fiscales.

Además de proponer las nuevas emergencias económica, social, productiva y energética, el paquetazo de Kicillof también prorroga las emergencias declaradas por la exgobernadora Vidal en materia de seguridad, penitenciaria y administrativa. Recordemos que estas leyes contaron con el apoyo de los bloques del Frente Renovador de Sergio Massa y del PJ “Unidad y Renovación” que responde a los intendentes. Ambos sectores hoy integran el Frente de Todos.

La prórroga de la emergencia administrativa y tecnológica en particular extiende por dos años la precarización de miles de estatales; según los dirigentes de ATE los precarizados en el Estado bonaerense superan los 11 mil trabajadores y trabajadoras. Todos ellos y ellas en el mejor de los casos seguirán siendo trabajadores de segunda, que no cuentan con ninguno de los beneficios establecidos por la Ley 10.430 (convenio).

La herencia de Vidal

En los primeros meses del 2016, Vidal lanzó una ofensiva para avanzar en la precarización entre los y las trabajadoras estatales de la provincia. Una hondonada de leyes, decretos y resoluciones ministeriales tenían ese objetivo, imponer el “Plan Estratégico de Modernización del Estado” sobre la base de una mayor precarización laboral de los y las estatales.

La Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica impuesta por Vidal plantea la necesidad de adoptar medidas de “excepción” para el rápido reordenamiento del Estado y contempla la “creación de un régimen de regulación de contrato de servicios autónomo a fin de dotar a la Administración de herramientas más eficaces para la contratación de servicios (tributistas) profesionales o técnicos a título personal, escindiéndolo de la regulación del empleo público”.

A su vez con el Decreto 230, establecido en aquel mismo momento, se congelaron los pases a planta permanente de los miles de contratados que ya había dejado el gobierno de Daniel Scioli.

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Por último la prórroga de la emergencia administrativa y tecnológica permite la flexibilización en la contratación de servicios y el mecanismo de compras del Estado sin requerir la intervención previa de los órganos de control y asesoramiento; una facultad que ahora Kicillof quiere extender a dos años.

Juntos con el Cambio amenaza con no dar tratamiento al proyecto de Kicillof, que se encuentra ante su primera batalla legislativa con una Cámara de Diputados más favorable y un Senado con mayoría de los ahora “opositores”. Se anticipa un final abierto.

No se puede prorrogar esta ley precarizadora. Hace falta derogarla ya mismo y decretar el pase a planta permanente de todos los contratados y precarizados para terminar con la herencia vidalista. Su derogación y la reapertura de las paritarias para recuperar el salario perdido es la verdadera emergencia de miles de estatales.

Si realmente queremos construir un país solidario en función de los que están más abajo, los pobres, jubilados, precarizados y precarizadas, desocupados y desocupadas, hay que apuntar hacia arriba tocando los intereses de los capitalistas, terratenientes, banqueros y los bonistas usureros para resolver en serio el problema del hambre (la famosa tarjeta recién llegaría a La Plata y el Gran La Plata, Berisso y Ensenada a mediados o fines de febrero), así como la precarización, la desocupación y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios -que en el caso de los estatales supera el 30 %-. Hay que ir a fondo contra los ganadores del modelo macrista si queremos recuperar lo perdido.

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Nos volvemos a encontrar la próxima semana.

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