Maldita Bonaerense. Facundo Castro: la desaparición forzada que Kicillof y Berni quisieron ocultar

“Quisieron tapar el caso de Facu. Sabemos que atrás de todo hay mucho poder político en juego”, le dice Cristina Castro al equipo de La Izquierda Diario que viajó hasta su casa de Pedro Luro, en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires. Se cumplen cuatro años del hallazgo del cuerpo de su hijo, tras estar 105 días desaparecido. Durante aquellos meses el caso tuvo repercusión nacional, en medio de la cuarentena represiva decretada por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

En la provincia gobernada por Axel Kicillof la maldita Policía Bonaerense era la encargada de hacer cumplir las restricciones “sanitarias”. Miembros de esa fuerza fueron los últimos en ver a Castro con vida. Lo detuvieron el mediodía del 30 de abril de 2020, lo fotografiaron y probablemente lo condujeron a la comisaría de Mayor Buratovich. Luego otro policía lo retuvo en Teniente Origone. No se lo volvió a ver. Hasta el 15 de agosto, cuando un pescador halló su cuerpo esqueletizado en un cangrejal cercano a Bahía Blanca.

Entre los restos óseos no se encontró más vestimenta que una de sus zapatillas, en perfecto estado. Su ropa, su teléfono celular (cuya señal impactó al otro día de la desaparición en una antena de Origone), su gorra y otras pertenencias (menos su DNI) fueron encontrados por otro pescador, un mes después y a cuatro kilómetros de allí, dentro de la mochila de la víctima. Mensaje más mafioso, imposible.

“Los asesinos de Facu me obligaron a ser la persona que soy hoy”, dice Cristina en la larga entrevista que podés ver acá. Agrega que ella “no hubiera querido conocer nunca lo que es luchar por justicia, luchar por encontrar un hijo”. Pero a la vez aclara: “Gracias a la lucha colectiva hoy me siento hermanada con todos los familiares de desaparecidos. Vamos a tener justicia y vamos a demostrar que se puede luchar contra esos gigantes hasta derrotarlos”.

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Una causa nada perdida

Entre los efectos de “tapar el caso”, como dice Cristina, está la creencia en algunos sectores de la sociedad de que la causa judicial por la desaparición forzada seguida de muerte se cerró tras conocerse los resultados de la autopsia realizada el 25 de agosto de 2020. “¡Se ahogó!”, anunciaron con euforia contenida desde el Frente de Todos, aliviados porque en el cuerpo no se hallaron disparos ni signos de tortura. Pero como se detalló en este informe especial, la autopsia no dijo cuándo, dónde ni cómo murió el joven.

La causa judicial sigue abierta. El expediente se abrió en el Poder Judicial bonaerense, pero pronto pasó al fuero federal por tratarse de un posible secuestro. La primera etapa de la instrucción estuvo marcada por los desastres que hicieron el fiscal Santiago Ulpiano Martínez y la jueza María Gabriela Marrón. Sus propios méritos terminaron apartándolos del caso. Desde diciembre de 2021 el expediente está en el Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca, que conduce Walter López Da Silva. Y la investigación está en manos del equipo fiscal integrado por Iara Silvestre (fiscala general de Santa Rosa), Horacio Azzolin (fiscal general ante la Cámara Federal bahiense) y Alberto Gentili (titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, Procuvin).

Los policías Mario Sosa, Alberto González, Jana Curuhinca y Sioamara Flores (los últimos en ver vivo a Castro) siguen imputados, aunque aún no están formalmente procesados. Quien los identificó como posibles autores fue el propio fiscal Martínez, durante los inicios de la causa. Y aunque luego hizo maniobras para ayudarlos, todo el cuerpo probatorio del expediente justifica las imputaciones.

Los acusados están “guardados” y asustados. En junio la abogada de González presentó un pedido ante el juez para que archive la causa, sin aportar elementos que puedan desmentir siquiera en parte las pruebas que involucran a su defendido. En el escrito, al que accedió este diario, presenta a González como un pobre hombre que siempre hizo lo correcto y lleva cuatro años atormentado por injustas acusaciones. Los otros tres apelan a lo mismo, pero no lo demuestran. Por el contrario, dejaron muchas huellas.

Leandro Aparicio, uno de los abogados de Cristina Castro, dice a La Izquierda Diario que la causa siempre se movió “por el principio de acción y reacción, tuvimos que responder a cada provocación con más y más pruebas”. Reconoce lo hecho por el anterior titular de la Procuvin, Andrés Heim, que motorizó medidas importantes. También a la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal. “Logramos obtener muchas pruebas duras y cualitativas. Si hubiera una Justicia eficiente, hace rato deberían estar detenidos los cuatro policías más comprometidos”, sintetiza.

Pericias y testimonios

El Código Procesal Penal federal no fija plazos para la realización de la etapa de instrucción de una causa. Por eso los juzgados federales de todo el país están inundados de expedientes de hasta dos décadas de antigüedad. Ciertas demoras pueden justificarse por la complejidad de los sucesos, la cantidad de personas que involucran y demás particularidades. No debería ser el caso de la desaparición y muerte de Facundo Castro.

En los primeros tiempos de la causa la jueza Marrón había rechazado el pedido de fiscales y querellas para que se realizaran importantes medidas de prueba. Una era el análisis de los movimientos, cruces de llamadas y mensajes de 64 teléfonos celulares pertenecientes al personal policial que actuó en Villarino aquel 30 de abril de 2020. Para la jueza era imposible hacerlo por respeto a la “intimidad” de los uniformados. Y hasta la Cámara de Apelaciones bahiense (con jueces adictos al poder) le dio la razón. Pero cuando a fines de 2021 la Cámara de Casación Federal la corrió del caso, ordenó al nuevo juez dar curso a esas pericias.

Parte de esos análisis ya los hizo la Datip, pero sus resultados están en un formato inentendible para quien no sea perito, por lo que se aguarda una “traducción”. Y restan pericias a teléfonos importantes. Dos son de Curuhinca, una de las imputadas, quien se negó a facilitar el desbloqueo. La orden para que la Datip haga esos peritajes salió de la Fiscalía a principios de julio. La semana pasada se supo que las pericias recién se harán el 30 y 31 de octubre.

El 3 de julio también fueron extraídos los equipos de AVL (dispositivos de localización automática) de dos patrulleros de la Bonaerense que están secuestrados en la sede de Gendarmería de Bahía Blanca, a fin de ser analizados. Se trata de dos de los vehículos utilizados por la Policía el día de la desaparición y los siguientes.

En estos cuatro años la familia de Facundo fue contactada por diversas personas que aportaron nuevos datos. Parte de esa información corrobora lo que ya se logró reconstruir. Pero también surgieron nuevos nombres, lugares y fechas. En esos casos, son testigos que se presentan discretamente y piden absoluta reserva antes de hablar.

Pedro Luro (y Villarino en general) es zona de alto tránsito. Por allí cruza la Ruta 3 que conecta el puerto de Bahía Blanca con ciudades como Viedma, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. El paisaje lo domina el tráfico de las más diversas mercancías, legales e ilegales, con el florecimiento de todo tipo de negocios donde las mafias, la violencia y la muerte son moneda corriente. El temor de los testigos es comprensible.

El testigo del IADO

A fines de junio Cristina y sus abogados se reunieron con los fiscales Silvestre, Azzolin y Gentili. La querella presentó un nuevo testigo, que a fines de 2023 se había contactado con ellos diciendo que quería declarar. Es un profesional con casi veinte años de trabajo en el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) . El 5 de julio finalmente declaró ante los fiscales. El hombre cuestionó (por sus métodos y conclusiones) un informe presentado en la causa en febrero de 2021 por Eduardo Gómez, quien en ese momento dirigía el IADO .

En octubre de 2020 la Fiscalía le había pedido al IADO (dependiente del Conicet) y al Servicio de Hidrografía Naval (de la Armada) un estudio sobre las mareas en el estuario de Villarino Viejo, a fin de poder despejar toda duda sobre la posibilidad real de que Castro se pudiera haber ahogado allí. Poco después se recibió un informe plagado de errores, deficiencias metodológicas e información incompleta.

Los fiscales devolvieron el informe y pidieron su corrección. Pero la jueza Marrón se les adelantó y, sin consultarles ni avisarles (tampoco a las querellas), le pidió al director del IADO otro estudio. López nunca entregó el primer informe corregido, pero sí uno nuevo en base al pedido de Marrón, que lo incorporó al expediente. El informe, lógicamente, era funcional a la hipótesis del “accidente”.

La actuación de Marrón a espaldas de quienes conducían la investigación y las fallidas conclusiones del estudio del IADO motivaron a los fiscales a recusar a la jueza ante la Cámara de Casación Penal. En diciembre de 2021, por “falta de imparcialidad” y “negación y dilación de pruebas esenciales a la investigación”, Marrón fue apartada del caso, que pasó a manos del juez López Da Silva.

Gómez, el director del IADO , murió en mayo de 2021 por covid-19, con lo que caducó cualquier cargo penal que le pudiera caber. Pero cinco meses después el fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Javier de Luca, debió emitir dictámen ante el pedido de recusación de la jueza. Allí les dio la razón a los fiscales. Gómez había elaborado “una hipótesis y conclusiones que no guardan relación alguna con el objeto del estudio encomendado”.

Enterado de aquel informe amañado, el nuevo testigo, que conocía de hacía años a Gómez, se contactó con la familia Castro y se puso a disposición. Puede no haber juicio para el fallecido, pero sí luz sobre lo que hizo. El testigo asegura que, aplicando una metodología de análisis seria, la conclusión es que es materialmente imposible que en el estuario una persona (más aún de las características de Facundo) pueda ahogarse. Algo en lo que coinciden baqueanos del lugar y el pescador que encontró el cuerpo el 15 de agosto.

El testigo ve similitudes entre lo que escribió Gómez en aquel informe y lo que años antes había manifestado respecto a otro caso: el de Santiago Maldonado. Allí el IADO no intervino, pero Gómez se había interesado tanto que llegó a discutir públicamente con quienes negaban que alguien pudiera ahogarse en aquel tramo del Río Chubut donde fue hallado el cuerpo del artesano. El poco rigor científico, las inconsistencias y conclusiones incorrectas del informe de Gómez sonaban a historia conocida.

El factor Herrero

Por último, una de las “trabas” de la causa por la desaparición de Facundo Castro está, paradójicamente, en otra causa. El año pasado el incorregible fiscal Ulpiano Martínez abrió de oficio un expediente contra el perito canino Marcos Herrero, que actuó en el caso y desde hace dos años es blanco de una furibunda campaña de desprestigio.

Los perros de Herrero habían hallado en un viejo calabozo de la comisaría de Origone un amuleto con forma de sandía perteneciente a Facundo. También rastros biológicos en un patrullero de esa misma dependencia y en otro de la comisaría de Mayor Buratovich. Y en el baúl de otro móvil, en Bahía Blanca, un trozo de piedra turmalina compatible con un colgante usado por Castro.

Todos esos hallazgos se realizaron bajo la supervisión de la propia Fiscalía, los operativos fueron filmados y tanto antes como después de cada peritaje el mismo Herrero y sus canes fueron revisados (incluso de forma invasiva). Durante casi tres años el fiscal no había puesto en duda esos procedimientos.

Pero el año pasado Herrero fue condenado en un fallo de primera instancia por el Poder Judicial de Mendoza, en el marco de su participación en el caso de la desaparición de Viviana Luna, ocurrida en 2016. En una causa por demás irregular, se lo acusó de delitos que no fueron probados. Lo extorsionaron para que se autoinculpara a cambio de “sólo” dos años de cárcel. Pero él se negó. De ocho cargos iniciales, sólo fue condenado por uno de “encubrimiento” a ocho meses de prisión en suspenso. Lo habían tenido casi un año con preventiva. La sentencia no le impidió seguir trabajando con sus perros, pero él decidió dejar.

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Enterado de esa condena, el fiscal Martínez vio la oportunidad de utilizar ese antecedente (que no es una sentencia firme) para abrir una causa paralela en Bahía contra el perito. Aunque no lo acusó de “encubrimiento” sino de “falso testimonio”, algo por lo que en Mendoza lo absolvieron.

Martínez se tomó casi tres años para denunciar a Herrero y lo hizo sólo cuando a 1.200 kilómetros otro fiscal, también adicto al poder, consiguió una condena por un delito menor para el adiestrador. Ahora dice que habría razones para que los hallazgos de Herrero en el caso de Facundo sean desechados. Pero no puede decir que el perito “plantó” evidencias (sería una autoincriminación por inútil), sino que que desautoriza sus técnicas odoríficas, reconocidas no sólo en éste sino en otros casos ya esclarecidos.

Tras escuchar a otro adiestrador, Mario Rosillo, afirmar que Herrero miente, el fiscal Martínez llegó a la conclusión de que es técnicamente imposible que los perros encotraran esos rastros de Facundo habiendo pasado una determinada cantidad de tiempo. Lo curioso es que Rosillo participó en otras causas (con condenas ya firmes) usando las mismas técnicas de Herrero.

Los hallazgos de Herrero fueron incorporados al expediente con todas las formalidades del caso. De haberse cometido alguna irregularidad, la responsabilidad máxima no sería del perito sino del fiscal a cargo de la investigación en ese momento. Es decir, del propio Martínez.

El fiscal le pidió al juez López Da Silva (que también tiene esa causa) que mande a detener a Herrero. Aparicio, abogado del perito, se opuso y el juez rechazó el pedido por inconsistente. El fiscal apeló ante la Cámara de Bahía Blanca, que antes de expedirse puso atención al dictamen del fiscal de esa instancia, Horacio Azzolin, quien en la causa por la desaparición forzada ya cuestionó en duros términos a Martínez. Azzolin rechazó el pedido de prisión de Herrero y volvió a criticar al viejo Ulpiano por sus intromisiones en el caso. Los camaristas rechazaron la preventiva de Herrero, quien sigue viviendo en su casa de Viedma.

La causa contra el perito espera juicio, aunque aún no hay fecha. Podría ser el año próximo o quizás más tarde. Martínez cree que puede darle una estocada mortal a la causa por la desaparición forzada, de la que fue eyectado lastimosamente. Lo más probable es que fracase. Y ante la falta de pruebas no hay que descartar que el fiscal de juicio Gabriel González Da Silva directamente desista de acusar a Herrero.

Para el doctor Aparicio la acusación contra Herrero es insostenible y el juicio no debería tener otro resultado que la absolución. Y asegura que tanto él como el propio Herrero esperan que se termine cuanto antes ese empiojado proceso para, con las pruebas de esos peritajes revalidadas más muchas otras obtenidas por diversas vías, finalmente la causa madre pueda avanzar en procesamientos y un juicio contra los policías más implicados.

Cuatro años

El derrotero de la causa por la desaparición y muerte de Facundo Castro demuestra que la afirmación de Cristina con la que se abre esta nota no es errada. “Quisieron tapar el caso de Facu” porque “atrás de todo hay mucho poder político en juego”. Su abogado Aparicio agrega: “Lo que están haciendo es intentar debilitarnos, desgastarnos”.

Para el abogado, lo de Herrero “es parte de eso, el ensañamiento contra él lo que hace es ponerle una pausa a la causa, ya que no es lo mismo si lo imputan o si no lo imputan. Por eso queremos ir a ese juicio rápido, para poder avanzar con la causa más importante. Hasta entonces, es posible que sigamos en este limbo que se extiende por demás”.

Al cumplirse cuatro años del hallazgo del cuerpo de Castro, las preguntas se multiplican y las respuestas del Estado son tan mínimas e insuficientes que no dejan de indignar. Kicillof renovó su mandato en una elección que le dio más espalda política. Berni decidió no acompañarlo en el Ministerio, pero dejó a casi un discípulo suyo, Javier Alonso, quien sigue conduciendo a la Bonaerense con la misma lógica encubridora y empoderante.

Quien era “delegado” de Berni en Bahía Blanca en 2020, Federico Montero, hoy es subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio kicillofista. El funcionario es el mismo que aparece en varias conversaciones telefónicas y mensajes de Whatsapp con los policías implicados en el caso, sugiriendo conductas y garantizando defensa. Dicen que también los bancó económicamente.

Mientras Alonso y Montero conducen a la maldita Bonaerense, Berni anda por los canales de televisión y radios lanzando elogios a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien organizaba visitas al genocida Jorge Rafael Videla cuando éste cumplía prisión domiciliaria por sus crímenes atroces. Vueltas de la vida.