Desaparición y encubrimiento. Facundo Castro: qué se dice, qué se calla y qué se borró en los teléfonos de la Bonaerense

Esta semana la familia de Facundo Astudillo Castro, desaparecido hace 106 días, recibió duros mensajes de parte de la jueza federal de Bahía Blanca María Gabriela Marrón y del fiscal que tiene a su mando la causa por desaparición forzada, Ulpiano Martínez.

Informe de Daniel Satur: "Facundo Castro ¿qué se encontró en Cabeza de Buey y qué se viene?"

Tras la negativa a detener a cuatro oficiales de la Policía Bonaerense e imputar a una decena más de personas (entre policías y civiles), tal como lo había pedido la querella, la jueza Marrón hizo una maniobra para frustrar la audiencia de este jueves en la que debía resolver si aparta o no al cuestionado fiscal de la causa y permite que la investigación pueda avanzar.

SIN-VERGÜENZAS y con desprecio a @Cristin96056904 y la familia de #FacundoAstudilloCastro. La jueza Marrón volvió a postergar la audiencia para recusar al fiscal Martínez. ¿Por qué? (explico 👇🏼)#DondeEstaFacundo #ElEstadoEsresponsable pic.twitter.com/iY7ll8xVEn

— Daniel Satur (@saturnetroc) August 13, 2020

Así, la familia de Facundo está analizando seriamente recurrir a instancias judiciales superiores (incluso internacionales) para poder echar un poco de luz en un caso que, cada día que pasa, se enmaraña más en expedientes que se estancan, rastrillajes que dan negativo y dilaciones ejecutadas desde la propia autoridad judicial (con la vista gorda del Poder Ejecutivo tanto nacional como bonaerense).

Ni siquiera la “buena noticia” de la incorporación a la causa (como auxiliares de la investigación) del experimentado Equipo Argentino de Antropología Forense (a sugerencia de la ministra de Seguridad Sabina Frederic) alivia en estas horas la bronca y la sensación de impunidad que embarga a Cristina Castro, el resto de su familia y sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio. Es que el EAAF estará bajo las órdenes del propio fiscal garante de impunidades.

Pero en los últimos días hubo otras novedades en el caso que convencen (aún más) a Cristina, sus abogados y a la querella institucional representada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que Facundo Castro fue víctima de una desaparición forzada y que la Policía Bonaerense (a nivel de efectivos pero también institucional) está más que implicada.

Mirá quién habla

Las fuentes del caso consultadas por La Izquierda Diario afirman que, entre lo más destacable de los últimos días, se encuentra el resultado de los peritajes sobre los teléfonos celulares de varios de (pero no todos) los policías bonaerenses implicados en el caso. Resultado que se tradujo en un informe presentado por la Policía Federal y ya consta en el expediente.

Vale decir que fue el 30 de julio, recién 23 días después de abierta la causa en el Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca, que el fiscal Ulpiano Martínez pidió a la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la Superintendencia de Investigaciones de esa fuerza nacional que analice esos teléfonos a través del sistema UDEF (Universal Forensic Extraction Device).

El UDEF es un dispositivo usado para decodificar información extraída de celulares que, pese a su sofisticación, no hace magia. Por caso, los mensajes, audios, videos e imágenes que fueron borrados por los usuarios resultan muy difíciles de recuperar, al menos desde el dispositivo. Y eso en este caso es un inconveniente.

Entre los teléfonos analizados se encuentran los de los oficiales Mario Gabriel Sosa y Jana Jennifer Curuhuinca, los mismos que a las 10 de la mañana de 30 de abril detuvieron a Facundo cuando transitaba por la Ruta 3 a la altura de Mayor Buratovich, le labraron un acta por violar la cuarentena, le sacaron una foto de espaldas junto a un patrullero (Sosa aparece a su lado), fotografiaron también su DNI (anverso y reverso) y, según sus propias declaraciones, lo dejaron seguir haciendo dedo rumbo a Bahía Blanca.

En el teléfono de Curuhuinca se encontraron las tres fotos, enviadas por WhatsApp a su camarada de apellido Gerbatin, también de la subcomisaría de Mayor Buratovich. Este último sería quien tiempo después, en la misma comisaría y a pedido de la Ayudantía Fiscal de Villarino, les tomaría “declaración testimonial” a Curuhuinca y Sosa en el marco de la causa por “averiguación de paradero”.

Curiosamente, según el informe de la Federal, el teléfono de Curuhuinca no registra ninguna llamada, ni entrante ni saliente, durante todo ese día 30 de abril. Sin embargo, un informe técnico de la empresa Claro (incorporado a la causa) dice que Curuhuinca hizo varios llamados esa jornada. ¿Por qué la oficial (o alguien que haya accedido a ese aparato) no borró las fotos de Facundo pero sí todo registro de llamadas, incluyendo a familiares o amigos? Hasta el momento, nadie lo explicó.

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Documentos de identidad

Las imágenes del DNI de Facundo ponen en cuestión uno de los testimonios sobre los que más se apoya el fiscal y la misma Bonaerense para intentar evadir la hipótesis de la desaparición forzada. Se trata del policía Alberto González, de la subcomisaría de Teniente Origone, quien el 15 de junio (también en sede policial y no judicial) dijo una cosa y tres días después otra.

El 15 de junio González dijo que el mediodía del 30 de abril fue hasta el kilómetro 750 de la Ruta 3 tras recibir un llamado anónimo en el que se avisaba que había un joven caminando por la banquina. y que al encontrarse con Facundo le fotografió su licencia de conductor porque el joven no portaba DNI, que corroboró que poco antes ya le habían labrado un acta de infracción en Buratovich y que lo dejó seguir.

Allí González agregaría que, luego de despedirse de Facundo, vio por el espejo retrovisor que el joven se subía a una camioneta Duster Oroch gris oscura. Pero el 18 de junio, en medio de un rastrillaje, cambiaría su relato y le diría a la madre de Facundo que lo vio alejarse caminando, sin subirse a ningún vehículo.

Las declaraciones contradictorias de González respecto a su despedida de Facundo, sumadas a que aseguró haber comprobado la “ausencia” del DNI horas después de que ese documento fuera fotografiado por Curuhuinca ¿no ameritan sospecha para el fiscal Martínez y la jueza Marrón?

El WhatsApp de Siomara

Como ya se informó con anterioridad, el análisis de los teléfonos policiales también determinó que el 8 de mayo, una semana después de desaparecido Facundo, la sargento Siomara Flores eliminó de su celular la aplicación de WhatsApp y, con ella, todo su archivo de mensajes, llamadas, videollamadas, videos, audios y fotos.

Semanas después la volvería a instalar y de allí que en el expediente figuren algunas conversaciones que mantuvo con sus compañeras y compañeros.

Flores es ni más ni menos quien se presentó a declarar a mediados de junio y, con “inconstancias, incongruencias y contradicciones” (según la querella) dijo que el 30 de abril trasladó a Facundo unos 30 kilómetros desde Mayor Buratovich a Teniente Origone.

También es quien el 13 de julio acompañó a su compañero Mario Sosa a la subcomisaría de Buratovich a “informar” que “un hombre” había ido a la casa del oficial a decirle que un albañil le había dicho que había una vecina de Buratovich que “habría sido la persona que habría llevado a Facundo a Bahía Blanca”. Una testigo que la querella identifica sin dudar como “plantada”.

Emojis nerviosos

Los primeros días de julio fueron más que movidos para Flores, Curuhuinca, Sosa, González y sus secuaces. Es que faltaba poco para que, por la lucha de la familia de Facundo, la Bonaerense fuera desplazada de la “investigación” y la causa trasladada al fuero federal por presunta desaparición forzada de persona.

Son varios los chats de esos días (analizados por el sistema UDEF) entre los policías Sosa y Flores, Sosa y Curuhuinca, ésta y Gerbatin y otros amigos. Casi todos con referencias más que directas al caso. Y no faltan expresiones de desprecio hacia la familia del joven, sus abogados y quienes se solidarizan con ellos.

Curuhuinca tuvo en esas jornadas largas conversaciones con amigos (entre ellos con el oficial Gerbatin) en las que el tema excluyente era la desaparición del joven y lo complicada que estaba ella. El sistema UDEF detectó (al menos eso dice la Policía Federal) gran cantidad de audios, imágenes y textos imposibles de analizar porque estaban borrados. Se ve que la oficial estaba nerviosa, pese a los esfuerzos de sus camaradas por tranquilizarla.

Entre el escueto texto rescatado se puede leer un mensaje de una amiga que le dice que seguro que la familia de Facundo “quiere plata, por la desaparición forzada les dan un subsidio, cuando denuncian ese delito”. Eso Curuhuinca no lo borró.

Tampoco le pareció necesario borrar mensajes en los que se dice que el abogado Luciano Peretto es un “hdp”, que los “mandó al frente” y que el hecho de que “no se casa con nadie” complica todo. Menos aún lo dicho por otra amiga: “la familia seguramente es una loca de mierda, y el pibe no quiere saber nada. Si estuviera muerto ya hubiera aparecido. Debe estar re escondido o ya en el norte más o menos”.

“Fuimos nosotros”

En esos días entre los bonaerenses intentaban tranquilizarse, negando la posibilidad de que la Bonaerense pudiera perder la “investigación” del caso. Se basaban en las promesas de Dimas García, el titular de la Ayudantía Fiscal de Villarino (ubicada en la localidad de Médanos) que tuvo a su cargo el primer tramo de la causa por averiguación de paradero.

Esas promesas de García, diciendo “que se queden tranquilos” que la causa iba a seguir controlada desde Médanos y por la Bonaerense, llevaron al jefe de la Policía Comunal Marcos Navarrete a mandarles un audio a sus subordinados en el que aseguraba que todo había sido “muy bien hecho” y que ningún uniformado tendría problemas.

Luego de ese mensaje paternal del comisario Navarrete, el agente Sosa le escribió a Curuhuinca: “quédate tranqui Janita, nadie sabe que fuimos nosotros, aparte es como dice el jefe, nosotros hicimos nuestro trabajo”. En referencia a notas periodísticas que cada vez hablaban más del caso, agregaría “que se dejen de joder, seguro que ése que publicó la nota es un antivigi, o de otro partido político, por eso tiran mierda”.

Curuhuinca entonces le lanza una llamativa reflexión a Sosa: “como tres testigos vieron cómo lo subíamos al patrullero en Burato (por Mayor Buratovich) y lo llevábamos… eh... y cómo lo hostigamos y toda esa cosa... digo, bue, capaz que hasta que investiguen nos desafectaban o nos apartaban (...) yo preguntaba para no venirme ver el sogaso de golpe, estar alerta, aunque sea, para tomarme unas vacaciones jajaj”.

"Este mensaje fue eliminado

El informe de la Policía Federal dice que hay muchos audios y mensajes cuyos contenidos no pueden conocerse porque fueron eliminados. Pero el tango se baila de a dos. Y si A borró de su celular un audio que le mandó a B, en tanto a B le haya llegado correctamente, ese audio se recupera con solo ir al celular de B.

La Policía Federal dice que esos audios y mensajes directamente no están, dando a entender que tanto A como B habrían eliminado esos archivos de sus respectivos teléfonos. Lo que se dice, verdadero espíritu de cuerpo.

La jueza Marrón considera que, como la entrega de los celulares fue “voluntaria” por parte de los sospechados, “la existencia de mensajes borrados no aparece como motivo bastante para presumir su intervención en un delito”. Y justifica la consideración en el hecho de que “otros celulares que han sido peritados en el marco de la pesquisa presentan la misma condición”. Pero nada dice sobre el hecho de que los bonaerenses estuvieron largas semanas haciendo con sus teléfonos lo que quisieron.

Mensajes de odio

Las expresiones del tipo “la familia seguramente es una loca de mierda” o “quieren un subsidio por la desaparición forzada” no solo proliferan entre los policías y sus allegados sino que nunca consideraron necesario borrarlas. Algunos ejemplos son más que demostrativos del odio que la fuerza que conduce Sergio Berni disemina sobre Cristina Castro, los amigos de Facundo y la sociedad que exige verdad y justicia.

Por ejemplo Mario Sosa le dijo a Siomara Flores que facundo seguramente “la está pasando bomba en otro lado y la familia pensando que le pasó lo mismo que a Maldonado ja”. Fue poco antes de decirle “vamos a ir todos presos jajaja, pero eso no lo dicen en ninguna parte”.

Días después Flores le menifestaría a Sosa su malestar porque los trataron “como si fuéramos cualquiera, viste el caso Maldonado que desaparece y no lo encontraban, pero después apareció ahogado sin lesiones, pero decían que lo había matado la policía. Pero se esclareció el hecho y descartaron a policía”.

El "cruce" entre los casos de Facundo Castro y Santiago Maldonado no es casual en el léxico policial. Algo de eso saben los efectivos de la Bonaerense, entre cuyos pergaminos hay una larguísima lista de desapariciones forzadas, crímenes y demás brutalidades sobre el pueblo trabajador.

Para estos policías, sus jefes uniformados y sus superiores políticos, como el ministro de Seguridad Sergio Berni, nombres como el de Andrés Núñez, Miguel Bru, Jorge Julio López, Luciano Arruga y cientos más no son para nada desconocidos. Quizás cruzando las historias que encierran esos nombres con el de Facundo Astudillo Castro haya más de una clave para llegar a la verdad y la justicia.