El modelo de concesiones, pensado inicialmente para carreteras y aeropuertos se inicia en 1996, y es con R. Lagos que expande a otros servicios públicos como cárceles, transporte (Transantiago) y Hospitales. Michelle Bachelet fue quien a modo de proyecto piloto, realiza la concesión de 2 hospitales y luego sería Sebastian Piñera, en su primer gobierno, quien profundice este modelo en 3 hospitales más ¿Qué propone este modelo? ¿Qué dice la evidencia existente sobre el sistema de concesiones y sus efectos?
Sábado 19 de mayo de 2018
El modelo concesiones es un acuerdo entre Estado y sectores privados para el diseño, financiamiento, construcción y operación de un servicio en el cual el estado debe asegurar su ejecución y puesta en marcha. Una alianza público-privado que introduce el mercado y su conjunto de relaciones en los servicios públicos.
Según un trabajo de la investigadora Vivienne C. Bachelet “Concesiones hospitalarias en Chile: dónde estamos y hacia dónde vamos”, estas concesiones obedecen a dos fundamentos: por una lado lo pragmático, en el que la necesidad de concesiones se desarrolla en función de la mirada, a corto plazo, de prestar un servicio de salud (hospitalario) pero con la limitante de no disponer del dinero fiscal en su totalidad para el proyecto (ni riesgo de endeudamiento) por lo que se busca en privados el capital necesario para la construcción y gestión de los recintos de salud, cediendo esta última por plazos de 15-30 años a los inversores. El otro argumento es el ideológico, donde pesan las ideas de que los servicios de carácter privado, son o serian, superiores en gestión y financiamiento en relación a los hospitales públicos, de ahí la necesidad de la concesión.
Derribando argumentos sobre las concesiones: brecha, endeudamiento y eficiencia
Unos de los primero mitos que fundamenta esta estrategia económica es disminuir la falta de infraestructura hospitalaria, en palabras simples, "más hospitales para más atención de salud". Según Vivienne, en el Reino Unido (líder en el sistema de concesiones) en 10 años de despliegue del modelo, no solo NO ha disminuido esta brecha, sino que por el contrario ¡la ha aumentado y reforzado!. En Chile, esto se evidencia en el traspaso de las atenciones y la baja resolución de los problemas de salud en hospitales como El Carmen, en Maipú.
Otro mito es el endeudamiento. Si uno de los argumentos era que no podíamos endeudarnos para la construcción de más hospitales, la evidencia del Reino Unido dice todo lo contrario: se ha visto un pago de hasta el doble de lo inicialmente presupuestado en estos proyectos, pues no deja de ser una construcción con fines de servicio público y no netamente lucrativo. Esto trae riesgos como los que trae una crisis económica (como sucedió el 2008 por ejemplo) donde de no cumplirse las expectativas financieras de los privados, el pago de la deuda debe recaer en el Estado como una especie de aval, ya que así se asegura mantener un servicio “público”. Por lo que el riesgo o deuda termina, de todos modos, cayendo sobre el sistema público y por lo tanto sobre los trabajadores.
Con respecto a la eficiencia. No hay estudios tajantes que certifiquen la optimización de recursos y su gestión por parte del sector privado. Por el contrario, se sabe, y Chile es ejemplo de esto, que la mayor parte del flujo de servicios y prestaciones en pacientes ocurre en el sector público y no en el sector privado (básicamente: se atienden más personas en los servicio de salud públicos que en los privados o en hospitales concesionados). El problema de eficiencia surge dado que muchas condiciones de salud terminan finalmente derivándose al sistema público y es ahí donde se resuelven. Soluciones que terminan implicando un gasto adicional para el sector público que debería haberse resuelto con medios propios de los privados.
Por otro lado, el ejemplo Inglés refiere que tampoco la concesión entrega mayor dignidad y calidad al servicio a los pacientes. Se ha visto que tras alcanzar cierto límite de ocupación de camas en los servicios concesionados, hay una obligación del servicio de salud correspondiente (y con ello del Estado) a realizar un sobrepago (dinero) a los concesionados, por dichas atenciones de “más”. Esto no solo aliviana la responsabilidad de los hospitales concesionados, también los beneficia. De ahí la atención deficitaria y de baja calidad: para estos, mantener una sobreocupación de camas trae beneficios monetarios. Punto que destruye el mito anterior sobre el endeudamiento fiscal, ya que aspectos como estos tienden a aumentar los gastos más allá de lo que se proponía inicialmente.
Ejemplos en los servicios de Salud Chilena
El Hospital Regional de Antofagasta, el Hospital del Carmen (Maipú) y el Hospital de La Florida son claros ejemplos de lo descrito anteriormente.
En Antofagasta, los resultados no solo han ido por la línea del déficit en atenciones de salud a la comunidad, sino también constantes fracasos de construcción y planificación que se han visto reflejados, por ejemplo, en los varios cortes de luz en sus instalaciones (que por supuesto afecta la atención de pacientes y el trabajo de funcionarios), y ahora la más reciente falla en las tuberías de gas, que obligo durante la semana a funcionarios y pacientes a desalojar las dependencias.
Fallas que estuvieron desde antes de su inauguración y que implicó el retraso de la apertura del establecimiento.
Atrasos, fallas y déficit que no recaen en lo privados que se ganan la concesión, sino que en el Estado, como una suerte de aval de estos proyectos fallidos. Un Estado que no toma de los capitalistas el dinero para estas fallas, sino que de los fondos de los y las trabajadoras del país.
El Hospital El Carmen (HEC) es otro fraude de las concesiones que en vez de reducir la carga asistencial en el Servicio de Salud Central ha sido un acto-proyecto fallido. El déficit de médicos y especialistas se suma a la falta de protocolos y resolución de los problemas médicos, que terminan de todos modos sobrecargando aún más al Hospital Clínico San Borja Arriarán, referente del servicio de salud central. Así se ve una relación inversa entre la resolutividad del concesionado y la inversión pública que se realizó, tópico que se repite en los otros establecimientos concesionados. Problema ya referenciado anteriormente con respecto a la eficiencia de este modelo.
Porque nuestra salud vale más que sus ganancias se debe terminar la concesión hospitalaria. Las y los trabajadores debemos defender una opción que nos beneficie a nosotros de conjunto, es decir, a usuarios y funcionarios. Opción que privilegie la resolutividad de problemas de salud, mediante una inversión real en prestaciones públicas, tanto en infraestructura como en recursos humanos así como una gestión eficiente discutida desde la mirada de quienes trabajan cotidianamente en toda esta red salud. La evidencia demuestra que sale más caro una concesión con privados que la inversión en construcción y administración pública de hospitales bajo la tutela del sector público.
Debemos demandar un sistema de salud estatal, que detenga el modelo de concesiones, que no hace más que beneficiar a empresarios que lucran con la salud del pueblo trabajador. Además debemos organizar, para evitar esta movilidad de dineros fiscales a sectores privados, consejos o comisiones de funcionarios, trabajadores y usuarios que decidan la gestión e implementación de proyectos públicos de salud. Que controlen los aspectos de diseño, y despliegue de estos planes, así como las comisiones de control de higiene y seguridad para estos mismos efectos; pues somos nosotros quienes nos vemos enfrentados a diario a las penurias de un sistema viciado con claros beneficios a los negociantes de la salud.
"No hay fondos" dirán algunos, pero no los hay debido a que no se han tocado las ganancias de los capitalistas que extraen y roban la riqueza que los trabajadores producen. Es necesario por lo tanto un plan que se enfoque en la renacionalización de los recursos naturales para una inversión pública en construcción y administración de hospitales. Y donde sean los trabajadores y usuarios quienes decidan el destino de las ganancias de nuestros recursos, hacia fondos públicos que en salud son evidentemente muy necesarios para saber otorgar al pueblo obrero, una salud de calidad, oportuna, eficiente y universal (sin distinción por nivel adquisitivo del usuario).
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