SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. Falsa modestia: Sánchez Cordero renuncia a su sueldo, no a su millonaria pensión

En rueda de prensa, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero anunció que donará su salario como funcionaria a una casa-hogar en Querétaro como parte de la filosofía de "austeridad" que asegura son parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo no renunciará a la pensión que actualmente recibe como exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sánchez Cordero afirma la donación del 100% de su salario que asciende a 107 mil pesos; sin embargo, resulta indignante que la Secretaria de Gobernación hable de austeridad cuando renuncia a su salario pero no responde a los cuestionamientos sobre el monto de la pensión que percibe, misma que corresponde a unos 258 mil pesos mensuales. Pensión de la que goza por sus 21 años en la Suprema Corte.

Se trata de una pensión millonaria a comparación de las pensiones de la mayoría de los trabajadores en este país, que no llegan a cubrir lo mínimo indispensable para sobrevivir. Los trabajadores tienen que cubrir por lo menos 35 años de trabajo (cotizaciones) y tener entre 60 y 65 años de edad en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y muchas de las pensiones no superan el raquítico salario mínimo; esto, en los casos de trabajadores "privilegiados" que gozan de una pensión.

Incluso muchos adultos mayores no reciben ninguna pensión y trabajan ultra precarizados en supermercados como "cerillos" o de personal de limpieza en las instalaciones del metro de la Ciudad de México. Con la Reforma Laboral, que legaliza el outsourcing, el trabajo es más inestable y las pensiones cada día son más utópicas para las generaciones laboralmente activas y las nuevas generaciones.

No se trata de beneficencia o austeridad, se trata del derecho a salarios y pensiones dignas que cubran las necesidades de la mayoría de la población. Es necesario exigir al nuevo gobierno -a través de la movilización y la lucha independiente de los partidos del congreso y las instituciones del Estado- la prohibición del outsorcing o subcontratación, el aumento del salario mínimo acorde a la canasta básica y que aumente según la inflación, y que todo funcionario público cobre lo mismo que una maestra.