Masacre de Avellaneda. Familiares de Kosteki y Santillán denuncian beneficios para los policías condenados

Como denunció la semana pasada este diario, la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora le concedió la libertad condicional al excabo de la Policía Bonaerense Alejandro Acosta, condenado a prisión perpetua por su participación en los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, ocurridos el 26 de junio de 2002 en lo que se conoció como la Masacre de Avellaneda.

La reacción de las familias de Darío y Maxi no se hizo esperar. Junto a decenas de organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, estudiantiles y la izquierda expresaron su enérgico repudio ante la provocadora medida adoptada por los jueces de la Sala III de esa Cámara Martín García Díaz, Tomás Bravo y Miguel Alberdi (que contradijeron lo dicho por ellos mismos en fallos anteriores).

Para dar detalles de lo que pasó con Acosta y compartir otras informaciones del caso, este jueves el espacio de Familiares y Compañeres de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki convocaron a una conferencia de prensa en la sede porteña del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).

La abogada Paula Alvarado Mamani, que representa a las familias querellantes, comenzó explicando que el beneficio de la libertad condicional al excabo Acosta es “la ampliación de un régimen que ya tenía” y que formalmente los jueces se amparan en los “tiempos legales” para dársela, sin atender el reclamo de las víctimas. Por eso la letrada reclamó al Poder Judicial un tratamiento contextualizado.

Para Alvarado Mamani “tanto Acosta como Fanchiotti formaron parte de un crimen de Estado y, por ende, debería regirles una normativa diferente” a la que le cabe a cualquier condenado. Recordó que los asesinos nunca colaboraron en el proceso de conocer la verdad de los hechos. Y que, además, los camaristas desecharon las opiniones de la jueza de primera instancia Cecilia Vázquez y de la fiscal Paula Martínez Castro, que habían coincidido con las familias en el rechazo a la libertad de Acosta.

En ese marco, la abogada anticipó que realizarán nuevas presentaciones ante el Poder Judicial bonaerense, donde está radicada la causa por los asesinatos, y también en el fuero federal, donde se sigue tramitando la causa por las responsabilidades políticas de la Masacre de Avellaneda. Esta última causa se tramita en el Juzgado Federal 4 de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo, y la “investigación” la lleva adelante la fiscal Paloma Ochoa. Allí están imputados el expresidente Eduardo Duhalde, funcionarios suyos como Alberto Atanasof, Carlos Ruckauf y Aníbal Fernández y el exgobernador Felipe Solá, entre otros.

La querella quiere que la causa sea encuadrada en los marcos de un crimen de lesa humanidad, al tratarse de asesinatos políticos ejecutados desde las más altas esferas estatales. Eso significa no sólo que pasaría a ser un delito imprescriptible sino que los culpables no podrían ser tratados como cualquier acusado. Desde 2014 está presentado ese pedido en la causa. Este año lo volvieron a reiterar. Pero hasta el momento Lijo no respondió.

La carta que juega Fanchiotti

El excomisario Alfredo Franchiotti también quiere acceder al beneficio obtenido por Acosta. Pero eligió una arriesgada estrategia: acercarse a las familias de las víctimas en un curioso tono “colaborativo”. La doctora Alvarado Mamani relató que este año el asesino se contactó con ella desde la cárcel de Baradero, pidiéndole que lo visite porque “quiere hablar”. Además de mensajes de texto y audio, Fanchiotti le envió una carta en la que daba su versión de los hechos de 2002 y mencionaba a algunos de los responsables políticos.

Tras analizar esos mensajes, las familias y su abogada dieron aviso a la fiscal federal Ochoa, pero ésta consideró “no relevante” el hecho de que el criminal diga que quiere hablar. Entonces se lo informaron a Lijo, quien a regañadientes aceptó analizar la posibilidad de citar a declarar a Fanchiotti. Pero el juez dijo que antes quiere tener “un exámen médico” del condenado. Hasta ahora ni siquiera ordenó ese estudio. Debe estar ocupado esperando su destino como posible miembro de la Corte Suprema.

“Nunca nos cooptaron, no bajamos los brazos”

En la conferencia de prensa en la sede del Serpaj las familias de Darío y Maxi no estuvieron solas. Las acompañaban, entre otros, Marcial Barreiro y Miguel Paniagua, sobrevivientes de la Masacre de Avellaneda y querellantes en la causa; el ex detenido desaparecido Carlos “Sueco” Lordkipanidse; la legisladora porteña e hija de desaparecidos Alejandrina Barry; su par Celeste Fierro; el diputado nacional Nicolás del Caño; el referente social Eduardo Belliboni. La Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Elia Espen envió un saludo especial. Según se mencionó al inicio, el evento cosechó más de 300 adhesiones.

Al tomar el micrófono, Alberto Santillán comenzó agradeciendo ese apoyo y solidaridad. Recordó con emoción a su hijo, quién hasta el último minuto de vida mantuvo firme su compromiso militante. Confesó el enojo y la bronca por la libertad de Acosta, de quien no puede olvidar la saña con la que ingresó aquel mediodía junto a Fanchiotti a la estación de Avellaneda, decididos a matar, mientras Darío les pedía que pararan porque Maxi estaba agonizando.

“Acá se ve claramente cómo actúa la Justicia cuando se trata de encubrir a los poderosos y liberar a los que asesinan mandados por el Estado”, dijo el padre de Darío. “Como siempre digo, hay dos clases de justicia”, sentenció al tiempo que destacó la lentitud del Poder Judicial para investigar y juzgar a los responsables políticos.

Alberto afirmó que todos los gobiernos que se sucedieron desde 2002 “nos quisieron sacar de las calles, pero no lo lograron ni lo lograrán”. Culpó al juez Lijo de mirar “siempre para otro lado” y que en la causa federal “en estos 22 años pasaron cuatro fiscales que nunca hicieron nada”. Desde hace un par de años “está la fiscal Paloma Ochoa, que nos recibe y hasta parece dulce, pero cuando le preguntás qué están haciendo no da respuestas”.

El padre de Darío dijo que nunca se va a olvidar “de Duhalde, de Solá, de Aníbal Fernández, a quienes la Justicia nunca llamó a declarar”. Y que menos aún va a permitir que se intente barrer esta lucha, “que no es sólo por Darío y Maxi, sino por tantas y tantas víctimas. Por más que nos apaleen y nos quieran hacer mierda física y psicológicamente, la mejor manera de no traicionar a nuestros caídos y nuestras caídas es seguir luchando”.

Luego tomó la palabra Mara Kosteki. Conmovida, dijo que ella “no debería estar acá”, porque quienes deberían estar son su madre, su hermano Maxi y Darío. Afirmó estar “inmensamente agradecida a Darío, por quedarse al lado de mi hermano y ser la última persona que le agarró la mano. También a Alberto, por seguir teniendo las pelotas bien puestas. Y a Leo, que siempre está al pie del cañón con su papá”.

Mara reiteró que “no vamos a bajar los brazos ni olvidarnos de las responsabilidades políticas. Estos hijos de puta no pueden salir libres, porque nos quitaron parte de nuestra vida. Yo me quedé sin hermano, sin mamá, sin casa, sin nada”, sentenció entre sollozos. Y aseguró que “si seguimos permitiendo que los asesinos salgan a la calle, el futuro de nuestros hijos va a estar perdido”.

Leo, hermano de Darío, completó las intervenciones en la conferencia de prensa. Recordó que la impunidad no es nueva sino que es algo que vienen sufriendo desde hace 22 años. Que si bien “fue una victoria lograr las condenas a Fanchiotti y Acosta, de los siete policías acusados sólo ellos recibieron perpetua”. Que siempre gozaron de privilegios, manejando dentro de la cárcel a los demás presos”. Y habló del “sabor amargo” de que aún no se haya logrado condenar a los responsables políticos.

“Pero sabemos que no estamos solos, ya son 22 años y cuatro meses de una lucha que se mantiene. Y sabemos que luchar sólo por lo nuestro no tiene sentido, tenemos que generar lazos en los que poder apoyarnos. Si no hubiésemos tenido en estos años la predisposición desinteresada de tantos compañeros y compañeras, sería mucho más difícil”, dijo Leo, quien reservó un recuerdo especial para Norita Cortiñas, “que ha estado siempre a nuestro lado”.

El militante del Frente Popular Darío Santillán agregó que es “entendible” que haya fallos como el que benefició a Acosta, “en estos tiempos que corren donde hay persecuciones a las organizaciones populares y beneficios para los genocidas. Es parte de lo que quisieron hacer en aquel momento cuando mataron a Darío y Maxi. Pero no nos pudieron correr ni cooptarnos”.

Que el Congreso se expida

Hubo coincidencia en ligar fallos judiciales como el que liberó al excabo Acosta con el clima político actual, donde diputados de La Libertad Avanza visitan a genocidas e impulsan leyes en su beneficio, hay ataques violentos a quienes no piensan como el Gobierno y el Estado reprime la protesta social.

También se habló del rol cómplice de los grandes medios de comunicación. Sobre la mesa se vio un ejemplar del diario Clarín del 27 de junio de 2002, con el nefasto titular de tapa “La crisis causó dos nuevas muertes”. Y se recordó que también hay medios “progresistas”, como C5N, que tienen entre sus panelistas a Aníbal Fernández y entre sus entrevistados habituales a Felipe Solá.

Por último, desde la mesa se agradeció a las diputadas y diputados del Frente de Izquierda “por estar siempre del mismo lado” y por haber presentado en la Cámara baja proyectos de ley contra la impunidad.

El más reciente de esos textos legislativos se acaba de presentar. Es un Proyecto de Resolución para que Diputados manifieste “preocupación” y “rechazo” por la excarcelación de Acosta, que a la vez puede abrirle las puertas a la libertad de Fanchiotti. El texto ya tiene las firmas de Nicolás del Caño, Christian Castillo y Alejandro Vilca del PTS-FITU; Vanina Biasi del PO-FITU, Mónica Schlotthauer de IS-FITU y de Carlos Castagnetto de UxP.

¡Maxi y Darío Presentes!

Proyecto Declaración Kostek... by daniel.satur18