A cuatro meses de la explosión que se cobró la vida de tres petroleros, la intención de los empresarios de reabrir la planta genera bronca entre familiares y amigos de las víctimas. Exigen justicia y apuntan a la patronal, los gobiernos y la conducción del sindicato.
Sábado 4 de febrero de 2023
Pasaron 135 días desde aquella madrugada que marcaría para siempre la historia de Plaza Huincul y Cutral Co. El 22 de septiembre del año pasado, la explosión de la refinería New American Oil se cobró la vida de Fernando Jara, Víctor Herrera y Gonzalo Molina.
Sin que las familias de los fallecidos cuenten con ninguna respuesta desde ese entonces, la patronal, con la connivencia del gobierno provincial y nacional, se encuentra realizando tareas de refacción de la planta, con el objetivo de su reapertura. Es por eso que emitieron un comunicado exigiendo “justicia para que en ese lugar y en ningún otro vuelva a pasar lo que nos pasó”.
Desde el día de la explosión, las familias comenzaron a movilizarse. Al cumplirse un mes realizaron una marcha, que repitieron cada 22 por las calles de Cutral Co. En su escrito de esta semana rechazaron que la empresa “juegue con la necesidad” de quienes no tienen trabajo para apurar la reapertura de la planta.
Los responsables siguen impunes
En la refinería NAO se trabajaba en condiciones de inseguridad extrema. Los trabajadores venían advirtiendo que en cualquier momento podía “pasar algo grave”. En el mismo tanque en el que inició el incendio ya había ocurrido un “incidente” menos de un año atrás.
La refinería funcionaba a todo ritmo, al compás de los récords de Vaca Muerta, y por encima de sus capacidades. No contaba con las condiciones mínimas de seguridad, en particular en todo lo relacionado con la red contra incendios. Era una bomba de tiempo.
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La responsabilidad de los empresarios Arias y Mónaco (tan amigos del poder que hasta salieron absueltos tras robar petróleo en 2007), es evidente. Para las patronales, las vidas obreras son un número en una planilla, solo piensan en sus ganancias.
Sin embargo, en el crimen social de NAO también quedaron expuestas las responsabilidades de las autoridades gubernamentales, tanto municipales como provinciales y nacionales.
En el caso del gobierno provincial, a partir de inspecciones realizadas por la Subsecretaría de Ambiente, tenía conocimiento cabal del desastre al interior de la planta. Así se desprende de los expedientes remitidos al diputado Andrés Blanco (PTS - Frente de Izquierda) tras un pedido de informes.
Las autoridades provinciales registraron la existencia de una laguna contaminada con hidrocarburos cerca de un mechero, el funcionamiento de tanques que no contaban con la impermeabilización necesaria ni con habilitación oficial, entre otras situaciones de gravedad. Sin embargo, no encendió ninguna señal de alarma, y se limitó a dictar alguna infracción.
El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, también es autoridad competente (Ley 13.660 y sus modificatorias). Sin embargo, al ser consultada por el diputado Blanco, la Secretaría de Energía de la Nación (a cargo de Flavia Royón) respondió que la seguridad de la planta recae “en cabeza del operador”.
Desde 1994, gracias a la Resolución N°404, el estado no realiza inspecciones relacionadas con la seguridad de las refinerías, sino que las terceriza en empresas privadas, que contratan los propios dueños de las refinerías. En este caso, fue la empresa HERTIG S.A. la que a través del Certificado N° 863391/0 declaró que la refinería se encontraba apta para operar. Las autoridades nacionales, amparándose en la estructura legal neoliberal, se lavan las manos.
Rucci, bien gracias
El comunicado de las familias de Fernando, Victor y Gonzalo, apunta también a la conducción del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y la Pampa, a cargo de Marcelo Ruci. Hablan de un “sindicato en campaña” que se jacta de velar por la seguridad de sus representados, pero en los hechos desapareció y no acompaña su reclamo. “Nos dejó tirados”, comentaron en una de sus marchas.
Lejos de defender los derechos de los trabajadores, la conducción de Petroleros, que por estos días se apresta a presentar una lista colectora del MPN para las elecciones provinciales, es la responsable de firmar acuerdos de flexibilización laboral en 2017 y 2020. Así, con la adenda al Convenio Colectivo de Trabajo y el “Acuerdo por la Sustentabilidad y el Empleo”, empeoraron las condiciones de trabajo y contribuyeron a aumentar los riesgos de accidentes y muertes en los yacimientos, en las plantas, en las refinerías.
Desde 2017, los trabajadores fallecidos en la cuenca neuquina suman 15. Esta misma semana, se conoció que 4 operarios de Halliburton fueron internados por la inhalación de gases tóxicos tras un incendio en un recipiente de químicos.
La lucha contra la impunidad y por justicia para Fernando, Víctor y Gonzálo, debe ser acompañada y tomada en sus manos por todas las organizaciones sindicales. Es una lucha por castigo a los responsables empresariales y políticos, pero también una lucha contra la inseguridad laboral.
Es urgente anular la adenda flexibilizadora y poner en pie Comités de Seguridad e Higiene en cada lugar de trabajo. Porque las vidas obreras valen más que sus ganancias.
