Promediando 2014, el sur mendocino fue escenario del desembarco de una nueva avanzada megaminera, la primera tras el traspié sufrido por las transnacionales en 2011, cuando organizaciones sociales, ambientales y políticas traccionaron a los partidos patronales obligándolos a pronunciar en “No” al proyecto San Jorge.
Martes 11 de noviembre de 2014
A tres años de aquello, el avance megaminero retorna de la mano de dos proyectos; uno es Cerro Amarillo, postergado hasta tanto no se concluya el necesario inventario de glaciares, tal cual lo solicitaran la malargüina Asamblea por los Bienes Comunes y la Senadora Provincial del PTS Noelia Barbeito.
El otro se llama Hierro Indio, que casi con seguridad se llevará a votación la semana entrante en la legislatura mendocina con tácito acuerdo de sectores de la UCR, el PJ y el Partido Demócrata, a espaldas de múltiples actores que han marcado concretas críticas a esta iniciativa. El proyecto, tal cual lo señalara el Frente de Izquierda y diversas organizaciones, es a las claras ilegal, ya que su declaración de impacto ambiental se encuentra plena de imprecisiones, “olvidos” y violaciones a diferentes legislaciones.
Sin embargo, no todo queda allí, ya que estos emprendimientos forman parte de una nueva etapa para la dinámica de las corporaciones que pretenden tumbar la ley 7722: una de las pocas piezas legales que protegen el medio ambiente de la megaminería contaminante y que son apoyadas a todas voces por numerosos caciques peronistas del sur mendocino.
Para conocer algunos pormenores de esta particular relación entre las corporaciones, los partidos patronales y algunos organismos del estado, La Izquierda Diario entrevistó a Federico Soria: Licenciado en Turismo, Técnico en Conservación de la Naturaleza, Posgraduado en Diseño y Administración de Áreas Protegidas, Colaborador de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura y fundamentalmente una de las voces más lúcidas al momento de defender nuestros recursos de las apetencias megamineras.
ID: ¿Cuál es la evaluación que usted hace del proyecto Cerro Amarillo y su Declaración de Impacto Ambiental?
El proyecto Hierro Indio, en base a los expedientes remitidos a la Legislatura y las DIA aprobadas por el Gobierno de Mendoza, presenta numerosas irregularidades y desprolijidades, por las cuales deben ser rechazados y devueltos los expedientes al Poder Ejecutivo.
Para que vuelvan a ser tratados, deberían, al menos, exigirse que en relación a Hierro Indio se anule la declaración de impacto ambiental otorgada y se realice el procedimiento de Estudio de Impacto Ambiental, Consulta Pública de los expedientes y Audiencia Pública, tal como lo exige la Ley Nacional 25675, presupuesto mínimo vigente en todo el territorio de la Nación Argentina, de acuerdo al artículo 41 de la Constitución Nacional. Recordando además que el art 233 del Código Minero, sujeciona su aplicación al cumplimiento de las disposiciones emanadas de este articulo. Solo cumpliendo estas instancias y si estas resultan favorables, puede otorgarse la DIA.
Además, que se remita el expediente del proyecto completo al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), para que se determine dentro del área del proyecto si existe y cuáles son las áreas cubiertas por ambientes glaciares y periglaciares protegidos por la ley nacional 26639. Solo una vez devueltos con el correspondiente dictamen, y en caso de no estar involucrados este tipo de ambientes, podría otorgarse DIA. Se debe recordar que los mapas del inventario nacional de glaciares NO contienen información respecto de la existencia de Ambientes Periglaciares, que también están protegidos por la Ley Nacional 26639.
También que se remita el expediente completo del proyecto a las municipalidades de San Rafael y General Alvear, para que dictaminen de acuerdo a lo que exige la Ley Provincial 7722. Asimismo es necesario que se establezca cual va a ser el consumo de agua del Río Atuel o sus afluentes, tanto en la etapa de exploración como en la de explotación. Además se deberá explicar empíricamente como se hará para otorgar un cupo de agua a la empresa en un marco de crisis hídrica y con una situación conflictiva con la vecina provincia de La Pampa, estableciendo con parámetros concretos la ecuación de cantidades y caudales para atender a cada necesidad y demanda que actualmente presenta dicho río.
Finalmente, se deben establecer cuáles van a ser las medidas de protección del adyacente humedal de la Laguna Blanca; y determinar los protocolos a llevar adelante para evitar el tránsito de cargas peligrosas en sus cercanías o su zona de alimentación. Además de todo esto, los legisladores deberán solicitar que se investigue penalmente a los funcionarios que violaron las leyes mencionadas: nacional 25675 y 26339, y provincial 7722.
ID: Eugenio Ponte, gerente de Meryllion, sostiene que ya tiene un relevamiento de glaciares de manos de un consultor contratado por la empresa. ¿Qué puede usted decir acerca de esto?
El gerente de Meryllion, Eugenio Ponte, miente al decir que encargaron un estudio a una consultora para determinar si hay o no glaciares: no le encargaron a ningún consultor ningún trabajo de relevamiento de glaciares, ya que en el expediente presentado en la Legislatura, el único escrito de la empresa que dice que no hay glaciares en la zona, está firmado por Jorge Bengochea. Este señor firma como consultor y geólogo, pero en verdad es el dueño (junto a su esposa, Lydia Espizua, que es al mismo tiempo, funcionaria del IANIGLA) de las concesiones mineras de Cerro Amarillo.
El informe de Bengochea que obra en el expediente, dice que no hay glaciares en el área de Cerro Amarillo, pero sin demostrarlo o dar una prueba concreta, como es menester de todo profesional al momento de hacer cualquier aseveración de tipo científica, siendo que además este señor es el dueño del proyecto Cerro Amarillo. Viendo el expediente, también se observa que el director de minería toma este informe parcializado como válido, descartando hacer una consulta al IANIGLA, que es la autoridad de aplicación de la Ley Nacional 26639.
La infundada afirmación vertida por Bengochea, de que en Cerro Amarillo no hay glaciares no es inocente, ya que este señor, quien también es miembro de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM), pretende venderle el proyecto a la firma Meryllon (una corporación transnacional) por una cifra millonaria, una vez que cuente con la aprobación ambiental...
Desde ya, cuando todo esto termine, habrá que promover una causa judicial contra Jorge Bengochea por falsedad ideológica y echar a su esposa, Lydia Espizua (también dueña del proyecto) del IANIGLA, por falta de ética e incompatibilidad con los deberes de funcionario público. No puede ser que algunos profesionales se escondan detrás de un título universitario para mentir o decir cualquier barbaridad. Si los geólogos hicieran juramento hipocrático, a estos señores habría que quitarles el título y la matrícula.
También es ilegal la actitud de los funcionarios que no cumplen la ley y aprueban estos trámites a las apuradas y sin verificar la información vertida ni hacer las consultas correspondientes.
ID: Usted ha señalado que hay un lobby pro minero que busca hacerse con el control de IANIGLA. ¿Puede ampliarnos esto y explicarnos cómo se posicionan en este lobby los nombres de Lidia Spizúa y Claudia Rubinstein?
El IANIGLA es un organismo dependiente del CONICET, quién a su vez depende del gobierno nacional. Si bien en el CONICET los investigadores se manejan de manera independiente, no deja de ser evidente que el gobierno nacional ha intentado denodadamente poner a estos organismos al servicio del modelo extractivista que quiere implementar en todo el país. Por ende, también es público y notorio que en el IANIGLA existe una interna no exenta de roces, entre profesionales con intereses concretos en megaminería metalífera hidrotóxica y aquellos que, por convicción, se oponen a ella.
Esto ha derivado en ciertos cuestionamientos que han dado lugar a dudas de la imparcialidad del IANIGLA como institución encargada de realizar el relevamiento de las áreas glaciares y periglaciares en todo el territorio de la Nación Argentina; ya que, básicamente, debe determinar las áreas que estarán a salvo de esta actividad, y todos sabemos que las corporaciones megamineras quieren llevar a cabo explotaciones en este tipo de ambientes, a como dé lugar.
Esto ha generado demoras en la publicación de los datos del inventario de glaciares y que el mismo no contenga la información respecto de las áreas periglaciares.
Las dudas sobre el IANIGLA recaen en la existencia de funcionarios de dicho organismo que al mismo tiempo tienen intereses particulares concretos en negocios megamineros. Sin ir más lejos, Lydia Espizua, que ha firmado algunos de los relevamientos previstos en la ley de glaciares, es al mismo tiempo dueña de las concesiones mineras de Cerro Amarillo. Además, Claudia Rubinstein, Vicedirectora del IANIGLA, es dueña del proyecto minero Santa Clara, ubicado en la zona glaciaria del Cordón del Plata y el Parque Tupungato.
Estos son sólo algunos casos, dentro del IANIGLA hay armado todo un lobby pro-megaminero importante que busca hacerse del control de dicho organismo. La doble función de algunas autoridades de ese organismo se presenta muy reñida con la ética. Recordemos que en el 2005 fue removido el director de minería de Mendoza en aquel entonces, Carlos Monjo, porque se descubrió que tenía derechos mineros en la Laguna del Diamante, situación éticamente incompatible con el ejercicio de la función pública ¿No es hora de que hagamos lo mismo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que los lobos sigan cuidando el gallinero?
ID: ¿Se puede esperar un relevamiento de glaciares confiable en relación a la aprobación de los proyectos mineros del sur mendocino?
El relevamiento de glaciares será confiable, únicamente en la medida en que sea realizado por profesionales idóneos que no estén vinculados a ningún tipo de empresas o negocios relacionados con la megaminería metalífera hidrotóxica. Los mismos deberían contener la información tanto de los ambientes glaciares, como los periglaciares. Lo importante también sería validar socialmente estos relevamientos y que el IANIGLA explique a la gente de manera clara y explícita, cómo se determina la presencia de ambientes glaciares y periglaciares, tanto en el terreno y mediante la observación del paisaje, así como mediante el análisis de imágenes satelitales.
