El pasado 8 de enero se celebró el acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces y juezas, donde el Rey pronunció un discurso marcado por las referencias a la Constitución, a la nación española y a la “legitimidad” e “independencia” del poder judicial.
Jaime Castán @JaimeCastanCRT
Martes 8 de enero de 2019
El rey Felipe VI acompañado por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, durante el acto de entrega de despachos a la LXVIII promoción de la carrera judicial, hoy en Madrid. EFE/Chema Moya
El acto organizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tenía por finalidad la entrega de los despachos a la promoción de nuevos jueces y juezas. Felipe VI tuvo presencia y aprovechó para lanzar un discurso en favor de la "legitimidad" e “independencia” del poder judicial y su importancia para garantizar la "convivencia" en el Estado.
El monarca declaró que “la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, atribuida en exclusiva a un poder del Estado, independiente y plenamente separado de los demás poderes, así como el respeto a las resoluciones dictadas por los órganos judiciales son condiciones indispensables en cualquier democracia que se precie de serlo”. En este sentido, consideró que la justicia se erige como una “condición indispensable para la convivencia” y “nuestro poder judicial cuenta con plena legitimidad”. Con la importancia, a su vez, de la Constitución como “norma fundamental de nuestra convivencia, que nos asegura un escenario cierto, sólido y fiable de derechos y libertades”. Todo un espaldarazo a la ‘casta judicial’, nada menos que a pocas semanas del inicio del juicio oral a los presos políticos catalanes
Recordemos que la Fiscalía ha solicitado en total 200 años de cárcel para 18 dirigentes catalanes que, según la historia armada por Llarena y la Guardia Civil, habrían dirigido una rebelión sucedida un año atrás.
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Felipe VI pronunció estas palabras en un marco de profundo descrédito no sólo del sistema judicial, sino del propio Régimen del 78 y la institución que lo corona, su figura política misma, la Monarquía. Hace unos días, en la Pascua Militar, el monarca también aprovechó para ensalzar a las Fuerzas Armadas, a la bandera nacional y a la Constitución. El discurso navideño y sus referencias a la juventud, es otro ejemplo, ante un cuestionamiento que está sufriendo la Monarquía entre los sectores más jóvenes, como viene expresando el fenómeno de los referéndums en las universidades de todo el Estado; o sus referencias en dicho discurso a la situación en Catalunya. Todo ello además en el marco del reciente cumplimiento de los 40 años de la Constitución de la “concordia” y “pluralidad”, como insólitamente siguen definiendo la mayoría de los grandes medios de comunicación.
La monarquía es plenamente consciente de las diversas fracturas que sufre el Régimen y busca cerrar filas en torno a pilares fundamentales del mismo, como son el poder judicial, el Ejército o la Constitución. Ésta última, utilizada como refugio al que se está recurriendo para la imposición de medidas autoritarias y reaccionarias, como la aplicación del artículo 155 ante el derecho a decidir del pueblo catalán y el encarcelamiento de sus líderes políticos.
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Precisamente esa apelación a la “legitimidad” de la justicia en el acto de la entrega de despachos tiene de fondo la fractura que está suponiendo la situación en Catalunya, en vísperas del juicio del ‘procés’. El Rey se reafirma en este sentido nuevamente en su posición de reprimir con dureza el derecho a decidir e imponer la autoridad de la Constitución y la unidad de España. El cambio de la celebración de la entrega de despachos de Barcelona, lugar en el que se encuentra la Escuela Judicial y donde se llevaba celebrando el acto en los últimos veinte años, a Madrid, también refleja esta situación.
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La justicia, a pesar del discurso del Rey, cuenta cada vez con un desprestigio mayor ante la forma en que está resolviendo la situación en Catalunya, los casos de violencia machista, los casos de corrupción política, su rol en la persecución y encarcelamiento de personas migrantes, o la actitud de subordinación a los intereses de los bancos y las especulaciones financieras.
La supuesta “independencia” del poder judicial queda en un mero sermón, cuando la realidad muestra la existencia de una auténtica “casta judicial” que está profundamente imbricada en el Régimen político del 78 y en los grandes intereses financieros y empresariales. Una realidad que es cada vez más evidente ante los ojos de amplios sectores sociales que están cuestionando a un sistema judicial que no representa para ellos más que una “justicia para los ricos”.
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