Apenas un mes y medio y ya se registran seis femicidios en lo que va del año. Una nueva víctima ha fallecido en la espiral de violencia; su nombre es Carmen Vásquez, tenía 42 años y residía en la región de El Maule.
Miércoles 8 de febrero de 2017
Mientras a nivel mundial las mujeres irrumpen en las calles y en la escena política, los distintos regímenes y gobiernos no han podido dar ninguna respuesta concreta para frenar las expresiones más brutales de la violencia contra las mujeres como son los femicidios.
“Este Ministerio es, hoy, una realidad. Paso a paso, vamos haciendo de Chile un mejor país. Un país que se hace cargo de los desafíos y sabíamos que teníamos un Servicio Nacional de la Mujer, cuya cabeza era la directora, pero que tenía rango de Ministro. Hoy, tenemos un Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, con una Ministra a la cabeza y una Subsecretaria y, además, vamos a tener un Servicio con variadas funciones y que tendrá una directora y una subdirectora”.
Lo anterior son las palabras con las que Michelle Bachelet anunciaba la creación de un Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género y nombraba a su subsecretaria, institucionalizando una sentida demanda de un sector del movimiento feminista que hizo un gran aporte dando una batalla por visibilizar y desnaturalizar la violencia doméstica e intrafamiliar, denunciándola como lo que realmente es: violencia de género. Sin embargo, más allá de la institucionalización, la situación de las mujeres sigue siendo preocupante, pues se han mantenido las cifras de femicidios anuales, incluso aumentando sus niveles de brutalidad en cada lamentable caso que aparece en los medios.
Esta es una realidad que no sólo responde a patrones de conducta individuales o culturales, pues todos estos femicidios pudieron haber sido evitados si se hubiesen tratado a tiempo, lo que revela una carencia de políticas públicas en cuanto a erradicar la violencia de género se refiere o, más bien dicho, una carencia de interés político por la vida de las mujeres en un gobierno diseñado a medida exclusiva de los intereses empresariales y los sectores conservadores de la sociedad chilena.
Una breve radiografía:
No hay respuestas efectivas. En Chile existen sólo 36 casas de acogida para dar respuesta a una realidad que nos dice que en Chile una de cada tres mujeres sufre o ha sufrido violencia de parte de su pareja o ex pareja, lo que correspondería a un 35, 7% de las mujeres en territorio nacional. Por otra parte, a pesar de que menos del 40% de las afectadas rompe el silencio en situaciones de violencia, más del 89% de las denuncias terminaron sin condena; un agravante de este círculo vicioso, es que la gran mayoría de las mujeres asesinadas interpusieron una denuncia una semana o tres meses antes de convertirse en víctimas fatales, lo que acrecienta la desconfianza en la operancia de las instituciones que supuestamente están destinadas a proteger a las mujeres.
No hay recursos y los que hay son destinados al sector privado. Si bien, el año 2015 se destinaron a la agenda de género 12.328.558 de millones de pesos, en las palabras que Thelma Gálvez le concedió al diario El Mostrador señala “Dentro de los gastos presupuestados por el servicio para la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres, las transferencias que se hicieron en 2012 al sector privado fueron de $6.889.591. En 2013 y 2014 el presupuesto se mantuvo estable cerca de los $7 millones y medio y en 2015 hubo un gran salto que superó los $11 millones. En 2016 los traspasos realizados por el mismo concepto ascendieron a $12.411.587”, lo que refleja el creciente desligamiento del Estado para con la misión de combatir la violencia hacia las mujeres y su traspaso a las instituciones tipo ONG´s que funcionan de manera variable y relativa.
No hay soluciones de fondo. No es suficiente ni efectiva la punitividad en los casos de femicidio, sobre todo cuando éste se pudo haber evitado. El factor de dependencia y violencia económica es un fenómeno que las instituciones de gobierno prefieren callar, pues nos remiten directamente a la necesidad de que las mujeres conquisten su independencia económica ingresando al mundo laboral, pero en buenas condiciones, ya que tras los discursos triunfalistas sobre la entrada de la mujer al trabajo asalariado (un fenómeno inevitable y que no constituye mérito para ningún gobierno de turno) se observa también el aumento de la precariedad laboral, pues las mujeres acceden a los trabajos más precarios y peor pagados, lo que aumenta los niveles de feminización de la pobreza en un país en los que cada año las encuestas señalan que las jefas de hogar son cada vez más y están más empobrecidas.
No hay derechos sexuales ni reproductivos. Mientras funciona un Ministerio de la Mujer, Chile sigue estancado en el lamentable listado de los únicos países en el mundo en los que se prohíbe el aborto en todas sus formas, y aunque más del 70% de la población está de acuerdo en despenalizar el aborto bajo las tres causales que propone el gobierno, la Derecha, la Iglesia y los sectores conservadores muestran el enorme peso que tienen, amenazando con llevar el proyecto al Tribunal Constitucional en caso de que éste sortee las barreras en la Cámara Alta. La falta de derechos tan elementales perpetúa la dependencia de la mujer a relaciones basadas en la violencia, y a su vez, la transforma en una doble víctima tanto de la conducta individual de su conviviente, ex pareja o familiar como del Estado y sus políticas.
Así es como las autoridades y los partidos del régimen, incluyendo la promesa de la Nueva Mayoría, dicen estar en la batalla contra la violencia de género. Repudian cada lamentable femicidio que ocurre y con una respuesta rutinaria consistente en brindar apoyo psicológico a la familia que queda tras la víctima que murió en manos de un femicida, dicen estar trabajando para mejorar la vida de las mujeres.
Al parecer, el grito de Ni Una Menos ha remecido al mundo entero, menos a los gobiernos que pretenden ufanarse de esta lucha, que han institucionalizado demandas del movimiento de mujeres, pero sólo para maquillar una herida que sigue doliendo: la larga lista de espera de mujeres cuyas vidas están en latente peligro.
