Violencia contra las mujeres. Femicidios: la emergencia en medio de la pandemia

Desde que se decretó la emergencia sanitaria, al menos 11 femicidios se informaron en el país. Corresponden al mes de marzo, y cuatro de ellos fueron confirmados en menos de 24 horas, este sábado 28. Cristina, su hija Ada de 7 años, Haydeé y Claudia, son los nombres que vuelven a denunciar que, para muchas, el lugar más inseguro sigue siendo la casa.

Según la ONG La Casa del Encuentro, fundada por la ex titular del Consejo Nacional de la Mujer, Fabiana Túñez, en 2019 se registraron 299 femicidios: uno cada 26 horas. De ellos, el 52% fueron cometidos en los hogares de las propias mujeres, y una de cada cinco víctimas había denunciado previamente a su agresor. Aunque en el 43% de los casos la justicia había dictado una medida perimetral, orientada a evitar su acercamiento, eso no sucedió.

En 2020, aunque sigue sin haber datos oficiales, las organizaciones dedicadas a recopilar esta información registraron un aumento: entre enero y febrero hubo al menos un femicidio cada 25 horas. En los primeros dos meses del año, 63 asesinatos de mujeres, por el sólo hecho de serlo, habían ocurrido en todo el país. Hoy ese número se estima en 75.

Según la ONG “Ahora que sí nos ven”, vinculada al oficialismo, en el 43 % de estos casos el femicidio fue cometido por la pareja de la víctima, en el 26% de los casos se trató de la ex pareja y en el 17% se trató de un familiar.

No son “daños colaterales”

Aunque los femicidios no son una pandemia, ni una epidemia, ni una enfermedad; aunque no se contagian, ni los provoca un virus ni son tampoco de resolución individual, las estadísticas muestran que, efectivamente, aumentan en tiempos de encierro y convivencia obligada.

Un informe de la sección mujer de la ONU, dirigido recientemente a los gobiernos de todo el mundo, advierte sobre el incremento de la violencia en tiempos de la cuarentena que impone la pandemia. El tema ya es reconocido por numerosos mandatarios y mandatarias del mundo: para algunos se trata de “daños colaterales” asociados al COVID19 (como llegó a decir el presidente uruguayo Lacalle Pou hace unos días) y para otros, simplemente, de más líneas de atención y contención telefónica para quienes logren comunicarse.

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En Argentina, tras el anuncio de Alberto Fernández decretando la cuarentena obligatoria, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que se creó recientemente, reforzó la difusión de la línea de atención 144, de orientación y contención. Según declaraciones de su titular, Elizabeth Gómez Alcorta, solamente en el primer día de implementación de la medida se atendieron unos 5 mil llamados: un 30% más que los que recibe habitualmente. Según indicó al diario Clarín, de ese total, unos 500 llamados fueron realizados por casos extremos, de emergencia. Y, por supuesto, estamos hablando de aquellos casos en que las víctimas se pudieron comunicar.

Cuatro femicidios confirmados en un día

Este sábado, las estadísticas volvieron a gritar con los cuerpos muertos de cuatro mujeres: tres adultas y una niña, de 7 años.

Cristina Iglesias, de 40 años, y su hija Ada habían desaparecido el 25 de marzo, cinco días después que se decretara la cuarentena obligatoria. Lo denunció la hija mayor de Cristina, que advirtió inmediatamente a la justicia y a las fuerzas de seguridad sobre diversas irregularidades. Sus cuerpos sin vida fueron encontrados ayer, enterrados en el fondo de su casa. Abel Romero, pareja de Cristina, con quien ella y la niña se encontraban conviviendo en cuarentena, fue detenido y confesó ser el autor de los dos femicidios.

A Haydee Salazar también la encontraron este 28, sin vida, en el arroyo Ñireco de la localidad de Bariloche. Lo confirmó el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Río Negro. Había desaparecido el domingo 22 y sus familiares y amigos la buscaban intensamente a pesar de la cuarentena. La asamblea Ni una menos de Bariloche denunció que la justicia y la policía se ocuparon de culpabilizarla antes que de buscarla, “sin ni siquiera plantearse la existencia de un agresor”. La causa, de hecho, se caratuló como “averiguación de paradero”.

"La maté el domingo 1° de marzo. El cuerpo está en la zona de Los Acantilados", dijo Ricardo Rodriguez en Mar del Plata una vez que fue encontrado por familiares de Claudia Repetto cuando paseaba en bicicleta. En su caso, como tampoco se encontraba a Rodríguez, la causa se había caratulado como “doble averiguación de paradero”. No importó siquiera que un vecino denunciara que le faltaba una pala, y que esa pala fuera encontrada por la propia policía en las inmediaciones donde ayer, finalmente, se dio con el cuerpo. Sus familiares, luego de 27 días de denunciar que la policía y la justicia no hacían nada, fueron reprimidos este sábado en la puerta de Tribunales.

Violencia y dependencia: capitalismo y patriarcado

El accionar de la justicia y las fuerzas represivas deja al descubierto el rol que juegan ante la violencia patriarcal las instituciones del Estado. Si “el machismo mata”, no es sola ni simplemente por un accionar individual. La dependencia económica del agresor también es en muchísimos casos un factor determinante. Y aquí, de nuevo, el Estado es responsable.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud, del año 2013, lo confirma a escala planetaria: casi un 40% de los femicidios fueron perpetrados hasta ese año en el llamado ámbito conyugal, fundamentalmente debido a la imposibilidad de las mujeres de salir de sus casas.

Pero esa imposibilidad de salir, de nuevo, no es sola ni simplemente individual. Las mujeres, sobre las que socialmente recae el mandato de estar a cargo de las tareas de crianza, de cuidado y de reproducción de la familia dentro del hogar, garantizan de ese modo un enorme porcentaje de las ganancias capitalistas. De hecho, según estimaciones de especialistas como Martín Cincowiz y Ruben Mercado (Chequeado, 2019), el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (sobre el que no hay datos oficiales actualizados desde el año 2013) habría representado en 2017 el 24,1% del Producto Bruto Interno nacional.

Todo eso, que es lo que denunció históricamente desde el movimiento feminista, sin dudas se agudiza en tiempos de cuarentena obligatoria. Siendo más de la mitad entre los trabajadores precarizados, el 70% entre los pobres, más del 70% en el sector de la salud y casi el 98% entre las trabajadoras de limpieza, por mencionar algunas de las áreas consideradas esenciales por el decreto presidencial, es esperable que salir de la casa y “escapar” del círculo de la violencia, en medio de una pandemia, se vuelva aún más difícil. No es sólo que la cuarentena “obligue” a pasar más tiempo con el agresor. Es también la imposibilidad de contar con los medios y los recursos materiales elementales como para poder hacerlo: el hecho de no tener ninguna otra opción.

Medidas urgentes

Contar con líneas de orientación y contención telefónica a las víctimas de violencia es necesario pero no es suficiente, porque no resuelve siquiera la situación de emergencia que hoy mismo están atravesando, en la reclusión del hogar, muchísimas mujeres.

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Que “el Estado es responsable”, como popularizó en estos años el movimiento de mujeres, quiere decir varias cosas. Habla por un lado del lazo profundo que existe entre capitalismo y patriarcado, entre la opresión y la explotación que sostienen a este régimen social, que hoy muestra su cara más repugnante con la respuesta global de los gobiernos al COVID19. Y habla también de lo más básico, de las medidas más urgentes, necesarias para paliar, al menos, la situación que están viviendo millones de mujeres.

El acceso a una vivienda, el ingreso igual al costo de la canasta básica familiar, la atención a demanda de equipos interdisciplinarios, las licencias laborales sin afectar el salario, la prohibición de los despidos y las suspensiones, además de creación de puestos de trabajo, los subsidios para quienes no tienen empleo, los refugios y las casas de medio camino, donde alojarse transitoriamente en los primeros momentos, hasta acceder a la vivienda, son parte de esas medidas mínimas que ya debería estar garantizando el Estado nacional y los Estados provinciales.

Con impuestos a las grandes fortunas, expropiando las viviendas ociosas, poniendo a disposición los hoteles, destinando el presupuesto necesario para garantizar que las víctimas puedan salir del lugar donde más expuestas están a este flagelo (la casa), se podría implementar ya mismo ese plan de emergencia, de medidas mínimas. Eso es lo que plantean, hace ya varios años, Nicolás del Caño y Myriam Bregman, que presentaron en el Congreso Nacional un proyecto que propone la creación de un Plan Nacional de emergencia contra la violencia hacia las mujeres. Esas medidas, que todavía no fueron debatidas ni mucho menos implementadas, están aún más a la orden del día.