Solo en lo que va del año, se registran una serie de ataques a la diversidad sexual con asesinatos que quedan en total impunidad y femicidios, que suceden muchas veces con denuncias previas. El Estado ha priorizado el gasto público en represión, no así en resolver la violencia machista, que se incrementa entre crisis sanitaria y despidos.
Domingo 21 de febrero de 2021
En las últimas semanas hemos visto cómo la violencia machista actúa en sus distintas esferas. Partiendo por los distintos crímenes de odio hacia las diversidades sexuales como fue el reciente ataque de un menor de edad a una pareja lésbica en la región del Bio-Bio, causando la muerte de una y heridas graves en la otra.
O la violencia Estatal contra el pueblo mapuche, que tiene consecuencias brutales como el femicidio de Emilia, mujer trans mapuche, en contexto de recuperación de tierras. Y un sin número de casos terribles que suceden en el seno de la familia, donde los abusos terminan con niñas de 14 años siendo madres, como un reciente caso en la ciudad de Arica.
Las mujeres y diversidades sexuales en todo el mundo llevamos adelante una lucha histórica contra el machismo y el patriarcado, a la vez que conformamos más del 50% de la fuerza productiva global y ocupamos gran parte del trabajo informal junto con la diversidad sexual y la población migrante.
Es en esta esfera en la que el patriarcado actúa de conjunto con el Estado para que la calidad de “ciudadanas/es de segunda categoría”, carentes de plenos derechos, favorezca la explotación laboral con la que se enriquecen los empresarios. Esta violencia económica en última instancia determina el acceso a derechos mínimos como el derecho al trabajo estable, la salud de calidad, educación y vivienda.
Gran parte de los femicidios tienen denuncias previas. Esto grafica la negligencia de las instituciones del Estado, que pudiendo evitar más muertes sólo perpetúan la violencia sistemática hacia las mujeres y diversidades LGTTBIQ.
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El Estado es responsable, porque pone los intereses empresariales al centro y no los de las amplias mayorías, a la vez que reproduce el discurso de odio contra diversidades haciendo eco de los sectores conservadores de la iglesia.
Mientras durante toda la pandemia las denuncias por violencia machista aumentaban, el gobierno de Piñera priorizó la represión y el salvataje a los empresarios.
Este círculo de violencia machista y económica, sabemos no la podremos acabar solo apelando a la voluntad de los mismos parlamentarios que votan esas leyes, sino enfrentando los intereses de los poderosos y conservadores y decidiendo a dónde se destinan nuestros recursos, removiendo esta economía capitalista desde sus cimientos. A la vez que avanzamos hacia eso, construyendo una fuerza que le haga el peso a esos poderosos, necesitamos terminar ya con los femicidios y la falta de derechos.
Por esto es que proponemos una Ley de emergencia contra la violencia machista que se financie con todos esos fondos que van a represión, con esas ganancias que nosotras mismas producimos, y que asegure el acceso a la vivienda y hogares transitorios, la garantía del seguimiento profesional, y el acceso irrestricto a subsidios y beneficios.
Fer Morales
Antropóloga Social y poeta Slam
