El presidente volvió a criticar al máximo tribunal. Más allá de los cruces y las acusaciones, no está en debate ninguna transformación profunda de un sistema judicial profundamente elitista y antipopular.
Lunes 10 de enero de 2022 18:32
“La Corte Suprema de Justicia tiene un problema de funcionamiento muy serio". La frase de Alberto Fernández rápidamente se convirtió en noticia, dando cuenta de las tensiones que cruzan el escenario político y tienen como protagonistas al Gobierno nacional y sectores importantes de la casta judicial.
El presidente habló este lunes en Radio 750, donde se refirió al máximo tribunal del país. Allí desgranó, entre otras cosas, que “el servicio de justicia funciona mal, no para una ex Vicepresidente o un Presidente, sino para los ciudadanos".
Las declaraciones de Fernández no caen del cielo. El escenario político nacional asiste a una progresiva tensión entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema. El dato de las últimas semanas lo constituyó el fallo del máximo tribunal que ordenó modificar el Consejo de la Magistratura. La decisión implicó un golpe al Gobierno, que se vio desafiado directamente.
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A ese fallo se refirió precisamente Fernández en la entrevista radial. Lo hizo afirmando que "un alumno de primer año sabe que una ley que ha sido derogada no puede nunca recuperar su utilidad por una sentencia. Necesita otra ley que la vuelva a poner en vigencia. Aquí la Corte hizo eso, dijo: ‘Declaro inconstitucional esta ley y por lo tanto dejo vigente la que el mismo Congreso derogó’. Esto es, en términos jurídicos... voy a utilizar la palabra asombroso para ser generoso".
En su intervención contra la Corte, el Presidente planteó que "Cuando la justicia funciona mal, no es que funciona mal para un ex presidente o ex ministro, funciona mal para los ciudadanos".
Más allá del discurso, de las propuestas de composición del Consejo de la Magistratura o de la propia Corte Suprema, con más o menos miembros, a ambos lados de la grieta el único interés está puesto en acomodar jueces y funcionarios del poder judicial afines, buscando conservar la propia impunidad que les garantiza un sistema Judicial que defiende los intereses de una pequeña minoría social.
Es por este motivo que ninguno de los sectores en disputa pone en cuestión los enormes privilegios con los que cuentan jueces y fiscales.
Plantear que jueces y fiscales sean electos por voto popular, que sean revocables, la realización de juicios por jurado, son algunas medidas elementales de las que habría que partir para terminar con estos privilegios.
