Desaparición y encubrimiento. Fernández habló sobre Facundo Castro: demagogia oficial y un “compromiso” que no es tal

El presidente Alberto Fernández dijo este martes que se necesita “saber qué pasó” con Facundo Astudillo Castro, sostuvo que “en un estado de derecho, la violencia institucional es inadmisible” y que “no hay ningún espacio para la tolerancia”.

Sin embargo, tal como lo viene denunciando la propia madre de Facundo, el Estado nacional está siendo más que “tolerante” en una causa judicial en la que, a 103 días de la desaparición del joven, sigue sin dar mínimas respuestas a la pregunta elemental “¿dónde está Facundo?”.

Fernández habla como si él no fuera en estos momentos, precisamente, la cabeza de un Estado que es absolutamente responsable de hallar ya mismo a Facundo con vida y explicar sin medias tintas qué pasó con él. Sobre todo porque hay personas e instituciones del Estado indudablemente implicadas en el caso, si no por la desaparición forzada al menos sí por el encubrimiento de los culpables.

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“Necesitamos saber qué pasó con Facundo. Quiero que lo encontremos y, si alguien fue responsable de un acto ilícito, tiene que cargar con las consecuencias”, sostuvo Fernández en una entrevista concedida a radio FutuRöck este martes a la mañana.

Como buscando colocarse del lado de las víctimas, el Presidente agregó que está “en contacto con la madre, con Sabina (nombre de pila de la ministra de Seguridad Frederic) y atento al funcionamiento de la Justicia, porque la madre me advirtió algunas cosas que me preocupaban”. Puras generalidades para justificar la inacción del Gobierno nacional en un caso más que sensible.

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“Soy alguien que valora mucho la presencia del estado de derecho y creo que puede ser posible que en la Argentina funcione a pleno pero, para eso, hay que corregir cosas”, añadió el mandatario, siguiendo con las generalidades.

Fernández dijo que esas “son todas cuestiones sobre las que hay que trabajar y hay que ser inflexibles”, recordando que, cuando observó “una situación en el Chaco” puso “el grito en el cielo”, en referencia al brutal ataque de la Policía de su amigo personal Jorge Capitanich contra familias qom, torturando y hasta cometiendo abuso sexuale sobre sus integrantes.

Pero nada dice el Presidente que, desde que firmó el DNU de cuarentena obligatoria el 20 de marzo a la fecha, las fuerzas represivas del Estado que él conduce asesinaron a una persona indefensa y desarmada cada dos días. Ya se acerca a 70 ese número, tal como lo demuestra el informe del Observatorio Social Antirrepresivo de este diario, con datos precisos, nombres de las víctimas y fuerzas policiales y penitenciarias involucradas. ¿Alguna reflexión sobre eso, señor Presidente?... “cri cri cri cri”.

Leé el Informe del Observatorio Social Antirrepresivo de La Izquierda Diario: las fuerzas represivas del Estado mataron a una persona cada dos días en cuarentena

Sin embargo, el mandatario se da el lujo de decir que el caso de la desaparición de Facundo Astudillo Castro es “un poco más complejo” que otros que conoce, teniendo en cuenta “el tiempo que ha pasado y que hubo un mes que es una suerte de limbo en el tiempo, que no se sabe qué pasó”. Habla del lapso transcurrido entre el 30 de abril y principios de junio, cuando los seres queridos del joven intentaron varias veces presentar la denuncia pero recibieron solo rechazos de la Policía Bonaerense, hasta que finalmente lo lograron.

Parece que Alberto Fernández se olvidó de otro caso “complejo” con participación directa de la Bonaerense bajo un gobierno peronista. Él era nada menos que el jefe de Gabinete de Néstor Kirchner cuando desapareció forzadamente Jorge Julio López, un caso que hoy sigue impune y sin ningún imputado. De ese “limbo”, para usar sus expresiones, parece que no aprendió nada el jefe de Estado.

El Presidente se escuda en ese tiempo transcurrido para decir que es un caso “complejo”, pero deja para ello de lado la notoria indiferencia del Estado provincial (a través de varias instituciones y funcionarios) para con la desesperación de la familia y los amigos de Facundo. Otra vez, como tantas veces en la historia, la cabeza del Estado cargándole la responsabilidad a una familia destrozada por no haber hecho la denuncia a los cinco minutos de la desaparición de un hijo.

Por las dudas, Fernández le aclaró a Futurock que “necesitamos saber qué pasó con Facundo y su madre sabe de mi compromiso con ella”. Pero lo curioso es que Cristina Castro y sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio hace semanas vienen demandando un mayor compromiso tanto de la Casa Rosada como de la Gobernación bonaerense, más allá de las palabras de ocasión.

Hay muchas cuestiones en las que el Gobierno podría intervenir pero no lo hace. Por ejemplo, tal como lo exige la querella, desplazar a toda la delegación de Bahía Blanca de la Policía Federal, sospechada de actuar (por acción u omisión, dependiendo el caso) en favor de sus pares de la Bonaerense. “Que la ministra Frederic traiga gente de su confianza a investigar si realmente quieren ayudar”, dijeron tanto Cristina Castro como sus abogados hace semanas, sin respuestas hasta el momento.

Tampoco hubo señales del Gobierno respecto a la actuación que viene teniendo el fiscal federal Ulpiano Martínez, comprobadamente posicionado del lado de los sospechosos, al punto que la familia de Facundo y la Comisión Provincial por la Memoria ya lo recusaron dos veces (viene zafando solo por la voluntad de la jueza federal de Bahía Blanca María Marrón).

Fernández dice que hay cosas que la madre le advirtió y le “preocupan”. Pero no dice cuáles ni qué piensa hacer para solucionarlas. Por caso, el propio Estado argentino podría presentarse a acompañar el pedido de recusación del fiscal que hacen las querellas, pero no solo no lo hace sino que, en palabras, del Presidente, solo se mantiene “atento al funcionamiento de la Justicia”.

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A su vez, al menos hasta el momento, se desconocen medidas concretas que el Gobierno argentino haya planteado ante el gobernador bonaerense Axel Kicillof para que éste despeje absolutamente todas las dudas respecto al más que evidente accionar del ministro se Seguridad Sergio Berni, acusado por la propia familia de Facundo de ser parte del entramado de encubrimiento de los máximos sospechosos en el caso.

Por si fuera poco, la semana pasada Cristina Castro se vio obligada a pedirle a la sociedad que colabore en una colecta (organizada junto a la CTA de Bahía Blanca) para poder afrontar los gastos de traslado y estadía del perito Marcos Herrero y sus perros Yatel y Duke en Pedro Luro. La organización gremial, de hecho, puso a disposición una caja de ahorro del Banco Credicoop (CBU 1910130155113001113917) para juntar esos fondos.

Ese pedido, obviamente, no sería necesario si el propio Gobierno nacional o su par bonaerense se hicieran cargo de esas diligencias. Según las fuentes consultadas por este diario, Alberto Fernández ni siquiera transfirió dinero de su propio bolsillo para la colecta.