Unos Presupuestos hechos a medida de la escalada imperialista de la OTAN. Unos impuestos a banca y energéticas que solo rascan los beneficios extraordinarios. Un endurecimiento del Código Penal contra la protesta social.
Jueves 24 de noviembre de 2022
La agenda parlamentaria del gobierno de PSOE y Unidas Podemos concluye una semana frenética. Tres grandes proyectos del tramo final de la legislatura se aprueban o entrar a trámite estos días. Tres grandes botones de muestra de la que ha sido la tónica en estos 3 primeros años: un relato “progresista” que no se sostiene con datos.
Los Presupuestos más militaristas de la historia.
Este jueves previsiblemente se aprobarán los Presupuestos Generales del Estado para 2023. El gobierno ya cuenta con los apoyos de PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País, Compromís, Coalición Canaria y el PRC. Muy posiblemente ERC termine sumándose a los síes, como una forma de garantizar el probable y necesario respaldo del PSC al gobierno de Aragonés. Las derechas votaran en contra, como es de esperar, y por la izquierda solamente BNG y la CUP se oponen denunciando, en especial, el enorme aumento del gasto militar.
Como en los PGE 2021 y 2020, el gobierno los ha vuelto a presentar como los más “progresistas” de la historia. Un relato que casa poco con los números duros y desglosados, sobre todo si los enmarcamos en el contexto de enorme inflación - aún en el 7,3% interanual- y la anunciada crisis europea como consecuencia de la guerra en Ucrania.
Las grandes partidas sociales, como sanidad y educación, crecen un 7,5% y un 6,6% cada una. A efectos de valor real, es decir, tomando en cuenta la inflación, es una congelación y un recorte de casi un punto respectivamente. Si miramos la subida de los salarios de trabajadores y trabajadoras públics, acordada con las direcciones burocráticas de CCOO y UGT, se queda en un 3,5%, lo que es lo mismo que decir que estos sueldos perderán prácticamente 4 puntos de poder adquisitivo.
Para la partida que no hay recorte alguno es para la de Defensa. Sube un 26% la del ministerio y se reservan más de 4.000 millones (el doble que en 2022) para los programas de modernización. El gobierno “progresista” cumple así su compromiso con la OTAN de elevar el gasto militar total por encima del 2% del PIB, más de 26 mil millones. PSOE y Unidas Podemos cuidan con puño de hierro las políticas e intereses del imperialismo español.
Impuestos a eléctricas y bancos que se quedan en nada
La otra gran medida social anunciada en los últimos meses tiene también mucho más de relato que de realidad. Se trata de los impuestos a la banca y las eléctricas.
En un principio el gobierno había anunciado que se recaudarían con los gravámenes a la banca y las eléctricas un total de 7.000 millones en dos años, pero en la redacción final la previsión se reduce a 5000, es decir 2500 en 2023.
La banca logra limitar el impacto a un 4,8% sobre su cifra neta de comisiones e intereses, siempre y cuando la entidad supere los 800 millones de beneficios anuales.
Para hacernos una idea del mínimo impacto de esta tasa, 1500 millones anuales, basta con ver los resultados de los grandes del sector en lo que llevamos de 2022. El mayor banco español, el grupo Santander, anunció que lleva ganados nada menos que 7.316 millones hasta el mes de septiembre. La principal razón de la subida es el diferencial creciente entre los tipos de interés - que se sitúan ya en el 2% para la eurozona- y los intereses con los que la banca se ha estado financiado durante los últimos años - en la zona euro a tasas entre el 0 y el 0,5% desde 2013 -. Este jugoso diferencial lo están pagando miles de familias con hipotecas variables que han visto subir las letras entre 200 y 300 euros mensuales.
Si tomamos a las eléctricas sucede lo mismo. El gobierno prevé recaudar 1000 millones al año. Pero sus beneficios en el primer semestre de 2022 se han disparado más de un 30%, con resultados como los Repsol con 2.539 millones, de Iberdrola, con 2.075, o Endesa, con 916.
En el caso de las responsables del encarecimiento de la luz y el gas de un 70% y un 30% respectivamente, según la organización de consumidores FACUA, el saldo les acaba saliendo “a devolver”. Estos impuestos extraordinarios están bien compensados con las ayudas al sector por valor de 1.350 millones que PSOE y Unidas Podemos incorporaron en el Decreto de Ahorro Energético.
Pero para valorar el escaso impacto recaudatorio de estas medidas basta con comparar con las partidas de gasto más beneficiadas. Solo el aumento del presupuesto del ministerio de Defensa, se come ya los 2.500 millones. El “impuesto a los ricos” del relato va directo a los planes de rearme de la escalada imperialista de la OTAN.
Reforma de la sedición para aumentar la persecución de la protesta social
Pero donde el relato directamente es insostenible con la letra y los hechos es en la reforma del Código Penal que el gobierno ha acordado con ERC y EH-Bildu para retirar el tipo penal de la sedición. Es presentado como un avance democrático y garantista, pero por la puerta de atrás se mete una nueva mordaza jurídica.
A partir de ahora, hechos como el referéndum del 1 de octubre podrás seguir persiguiéndose, como no se ha cansado de repetir tanto el PSOE como los Comunes. Se hará con otros tipos penales o incluso con el de rebelión, que permanece intacto y con penas de hasta 25 años.
Pero además ocupar una entidad bancaria, oponerse a un desahucio o cortar la circulación, si se hace en grupo y el juez estima que ha supuesto un ejercicio de intimidación, pasará a ser un desorden público agravado con una pena máxima que pasa de 3 a 6 años.
Una medida represiva que, como hiciera el PP cuando aprobó la Ley Mordaza en plenas movilizaciones contra las consecuencias crisis de 2008, se hace a las puertas de una nueva crisis. Por si fuera poco, PSOE y Unidas Podemos endurecen el Código Penal contra la protesta social a la vez que sigue intacta la misma Ley Mordaza.
