Tras 25 días de huelga ininterrumpida, los trabajadores del servicio de recogida de basuras de la ciudad de Getxo (Vizcaya) acordaron dar fin a la medida de lucha. He aquí algunas conclusiones.
Sábado 11 de abril de 2015
El pasado viernes 3 de abril finalizó la huelga de casi un mes, tras la aprobación del preacuerdo alcanzado por el comité de huelga y la dirección de la UTE concesionaria Cespa-Asaser.
La celeridad con la que se ha producido la resolución del conflicto se ha debido a las presiones del Gobierno vasco, que el día anterior había ordenado la retirada de los residuos en aquellos puntos en los que hubiese ’riesgo para la salud y seguridad ciudadana’.
La reunión en la que se suscribió dicho preacuerdo se celebró la noche anterior, el 2 de abril, y estuvo presidida por representantes del Ayuntamiento y del Gobierno Vasco. En el pacto, firmado por CCOO, UGT y los sindicatos autonómicos ELA y Ekintza, se establece que no habrá despidos que se cubrirán el 50 % de las vacantes, el pago de atrasos del convenio de los dos últimos años y una actualización de salarios consolidable en los próximos 3 años.
La plantilla del servicio municipal convocó la huelga el 9 de marzo debido a los recortes planteados por la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento de Getxo, que suponían una reducción del 40% en el presupuesto destinado a la partida de limpieza viarias y recogida de residuos. Un recorte que de 2 millones pasaba a 1,2 millones de euros, traduciéndose en el despido de 12 trabajadoras, la amortización de 6 puestos de trabajo por jubilación y la reducción de jornada de 52 trabajadores con jornada parcial o reducida.
El Comité de Empresa aducía que esto podía redundar en un aumento de carga laboral para todos los miembros de la plantilla, además de una disminución de la calidad del servicio prestado a los y las getxotarras. Los trabajadores exigían el mantenimiento de la totalidad de los puestos de trabajo, así como de las condiciones laborales, dejando sin efecto el recorte y las modificaciones planteadas por la empresa y retomar las negociaciones del convenio, paralizadas desde 2012.
Por su parte, la empresa desde el primer día ha incumplido los servicios mínimos impuestos por el gobierno vasco, permitiendo la salida de vehículos y empleados clandestinos no incluidos en los servicios mínimos bajo una total ilegalidad. También se ha extralimitado en las instrucciones dadas a los operarios de servicios mínimos conminándoles a hacer tareas que están fuera de las competencias asignadas en la orden que determinó los servicios mínimos. Esta actitud de boicot llegó a su culmen con la sustitución de los trabajadores huelguistas por empleados de la UTE CESPA-SAMOS de Barakaldo.
Por otra parte, el Ayuntamiento ha hecho uso de una campaña de desprestigio, acusando a los huelguistas de impedir el normal desarrollo de la actividad, así como de varios incendios de contenedores, incidente que los propios trabajadores condenaron desde la página creada a raíz del comienzo de la huelga.
Estos comportamientos parecen ser algo intrínseco a las empresas concesionarias de los servicios de recogida de basuras. Así en Vitoria, FCC y Yarritú han sido objeto de la paralización de la concesión de la gestión del vertedero por “baja temeraria”. El caso tiene cierta similitud con el de Getxo, dado que la oferta de gestión a un coste tan bajo proyectada por la UTE ha sido posible por la supuesta previsión de reducción de entrada de residuos, que se materializara en la amortización de varios puestos y la reducción de la plantilla.
Ambos casos son una muestra de cómo la privatización de diferentes servicios municipales mediante su atribución a modo de empresas contratistas, se han convertido en negocios muy suculentos para el gran capital español. Y que sólo conllevan un empeoramiento de la situación laboral de los trabajadores y una rebaja en la calidad de los servicios prestados a los vecinos de dichos municipios.
